Los abogados de las defensas han reclamado esta semana, en la que han transcurrido desde la jornada quincuagésima cuarta a la quincuagésima sexta del juicio por el 11-M, la absolución de sus clientes por dos motivaciones generales: falta de pruebas e irregularidades en los interrogatorios y el sumario.
El miércoles, el abogado defensor del supuesto autor material de los atentados Abdelmajid Bouchar, que supuestamente huyó corriendo tras detectar la presencia policial en el cerco del piso de los suicidas de Leganés, aseguró que su defendido "nunca ha estado en ese lugar".
Este abogado, Juan Jesús Yéves solicitaba, por lo tanto, la absolución de Bouchar, para quien el fiscal pide 38.960 años, al estimar también que después de haber pasado setecientos testigos, sólo siete se han referido a Bouchar y de ellos, dos son su padre y su hermano. “Los cinco que quedan no son fiables”, ha sentenciado.
Sobre el reconocimiento que hizo una testigo protegida de Bouchar aseguraba que no es "concluyente", pues tras ver varias fotografías de éste en el juicio dijo que al que vio la mañana de la masacre en la estación de Entrevías era Jamal Zougam.
También cuestionó el reconocimiento que hizo de su cliente el agente que supuestamente corrió detrás de este acusado cuando huyó del cerco policial, del que se percató cuando bajaba a tirar la basura.
El letrado se preguntó cómo es posible que recuerde que la bolsa estaba cerrada y colgaba de ella un racimo de dátiles y no la cara de su cliente unos días después de ese suceso y, además, no lo identificase en la rueda de reconocimiento que realizó después de que este procesado fuera detenido en Serbia el 17 de agosto de 2005.
Insistió en que "no ha quedado acreditado fehacientemente su participación en los atentados de Madrid ni en Leganés", que añadió que "aún habiendo estado el 3 de abril de 2004 en la vivienda de la calle Carmen Martín Gaite de la citada localidad madrileña, su defendido se marchó del lugar mucho antes de que ocurrieran las inmolaciones".
Puso también de manifiesto que no se ha detectado ADN de Bouchar ni en la furgoneta Renault Kangoo que sirvió para trasladar a los terroristas desde la casa de Morata de Tajuña hasta la localidad madrileña de Alcalá de Henares, ni en las ropas abandonadas en Vicálvaro.
Tras señalar que en el desescombro de Leganés se halló la carta de identidad de Bouchar, su bonometro y unas huellas de éste en un libro del Corán, el letrado destacó que "tenemos la documentación de un árabe, sin explicación de cómo ha llegado hasta allí".
"No es delito ser árabe", manifestó Yéves, que concluyó su exposición diciendo que no existe pertenencia a banda armada alguna, ni siquiera colaboración por parte de su defendido.
Falta de indicios
La abogada del acusado Mohamed Bouharrat, Isabel García, afirmaba también el miércoles que "hay casi más indicios en contra de esta letrada que en contra de su cliente" y expuso su situación personal, como ejemplo de que una acusación no se puede basar en casualidades. Así, contó que ella misma conoció a varios de los imputados en el 11-M, como a Jamal Zougam, que regentaba un locutorio del que la abogada era cliente; a Rachid Aglif "El Conejo", propietario de la carnicería donde compraba, y a Mouhannad Almallah Dabas, que una vez le arregló la lavadora.
García contó también el hecho de que reside en el barrio de Lavapiés, cerca de una mezquita, frecuenta el restaurante La Alhambra, al que acudían algunos de los acusados, y está casada con un musulmán, del que espera una hija de la que dijo "parte de su sangre será musulmana".
La defensora afirmó que "estar en determinados sitios no es un indicio de nada contra una persona" y que, "yo quizá por mi estado me hubiera librado, pero no mi marido musulmán".
Utilizó, además varias de las alegaciones realizadas por la Fiscalía durante su informe de conclusiones definitivas como indicios de la no pertenencia de su cliente al grupo integrista responsable de los atentados, a pesar de destacar que no comparte su validez como pruebas de culpabilidad. Así, puso de manifiesto que Bouharrat contestó en su declaración ante el tribunal a todas las partes y no participó en la huelga de hambre seguida por varios de los procesados durante días.
Negó que su patrocinado hubiera estado en esa vivienda de Leganés, pese a que durante el desescombro se encontraron unas fotografías suyas, que según la letrada, “su cliente se olvidó esas fotos en el coche de un argelino que conocía a Jamal Ahmidan (El Chino)”.
Sus huellas también aparecieron en uno de los libros encontrados en las labores de desescombro, ante lo que dijo que "existen muchas formas de que sus huellas llegaran a ese libro", que pertenecía a una mezquita de Madrid, porque se han encontrado en los libros más de cien huellas distintas, incluso de personas que estaban en prisión.
Finalmente, lamentó que en este juicio se hayan oído afirmaciones que reflejan "los tintes de islamofobia que existen en la sociedad"
Secreto prolongado
La defensora de Otman El Gnaoui, Beatriz Bernal, se adhería a lo manifestado por las otras defensas, en relación con la indefensión causada por la indebida prolongación del secreto sumarial. “A esta parte no se le ha permitido acceder a las diligencias que se estaban practicando”, ha comentado.
La Fiscalía pide 38.972 años de cárcel para El Gnaoui, y no 24 como solicitaba inicialmente, al considerarlo autor por cooperación necesaria de los atentados, y añadió que "esto le ha llevado a la cárcel".
Bernal solicitó la nulidad de las actuaciones por, entre otros motivos, el secreto de la causa, lo que, a su juicio, ha provocado indefensión en su patrocinado, y señaló que "no se nos puede acusar de fraude legal", en alusión a las críticas de algunas acusaciones por solicitar en este momento procesal la nulidad de la causa.
La letrada aseveró que no hay pruebas que demuestren la participación de su cliente en el 11-M y afirmó que "estuvo en el lugar equivocado con las personas equivocadas", lo que, a su juicio, ha sido utilizado para desviar la atención de los presuntamente culpables.
Explicó que las acusaciones que imputan a su patrocinado se obtienen a través de dos fuentes: las conversaciones telefónicas "fruto de las intervenciones nulas" que se le practicaron a El Gnaoui y su presencia en la casa de Morata de Tajuña.
La defensora negó también que participara en esta obra en concreto y dijo que nunca ayudó a forrar el agujero con porexpan. Explicó, así mismo, que su letrado se limitó a limpiarlo a petición de Jamal Ahmidan, alias "El Chino", ya que estaba sucio debido a que se utilizaba para almacenar la comida de los animales de la finca.
Bernal señaló que El Gnaoui llegó hasta la casa de Morata de Tajuña porque conocía al hermano de "El Chino" Abdelilah Ahmidan, que le recomendó a su hermano como obrero ya que ese momento se encontraba en paro. Dijo que ni su cliente, ni Hamid Ahmidan "participaban en nada de lo que hacían el resto de personas que estaban en la casa".
Se refirió, a continuación, al viaje que realizó el 29 de febrero de 2004 a petición de "El Chino", día en que éste regresaba de Asturias a Madrid transportando los explosivos robados en Mina Conchita, para destacar que ni siquiera ha quedado acreditado que el suicida trajera la dinamita en ese viaje.
Apuntó que la relación que El Gnaoui tenía con Ahmidan era "la justa" para realizar los trabajos de la casa -el fiscal le considera hombre de confianza del suicida- y que "si realmente hubiera sido integrante se le hubiera pedido que estuviera allí colaborando con ellos", añadió Bernal al relatar que su cliente sólo hizo un favor que le pidió "El Chino" porque "él sabía conducir y los otros chicos no".
Criticó que algunas de las partes procesales hayan generado dudas sobre el proceso porque, en su opinión, lo han hecho "para despistar" acerca del "verdadero origen" de la masacre y recalcó que hay muchos "puntos oscuros en este procedimiento".
En este sentido, destacó que tras el informe final de explosivos elaborado por ocho peritos para la vista oral, no ha quedado probado qué tipo de dinamita explotó en los trenes y, según dijo, "lo que ha quedado probado es que no explotó Goma 2 ECO", como sostiene la Fiscalía.
Vulneración de derechos
Más tarde, también en la extensa sesión del miércoles, el abogado de Abdelilah El Fadual, José Luis Laso, aseguraba respecto a su cliente, para quien pidió la absolución, que "ser amigo de un terrorista no convierte a ese amigo en terrorista", al tiempo que aseguró que no hay ninguna prueba que acredite la acusación de pertenencia a organización terrorista.
La defensa invocó la nulidad del auto habilitante de la entrada y registro en el domicilio del acusado por vulneración de los derechos consagrados en los artículos 18 (inviolabilidad del domicilio) y 24 (derecho a la tutela judicial efectiva) de la Constitución. Además, entiende que el auto que acordó la medida no contenía la fundamentación jurídica necesaria, pues “sólo se exponía en él la comisión de los atentados”. Ello no obstante, ha explicado, es doctrina jurisprudencial que toda medida restrictiva de derechos fundamentales debe contener una motivación suficiente.
Durante su alegato el letrado sostuvo que no está probado que El Fadual, para quien el fiscal pide 12 años de prisión y que ha sido calificado por algunos de los testigos como "el mejor amigo" de Jamal Ahmidan 'El Chino', colaborara con el suicida en el tráfico de drogas ni en el robo de vehículos.
Se refería, a continuación, a los comentarios vertidos durante el proceso, que El Fadual reparaba los coches de “El Chino”, pero, ha mantenido el letrado, que Abdelilah El Fadual sólo fue en una ocasión, en enero de 2004, con Ahmidan a ver un vehículo en el taller, por la razón de que iba a comprar un coche (BMW) de Hicham Ahmidan. Y en esa ocasión fueron también Hicham y Gabi “El Palestino”. Todos los vehículos que usaba “El Chino” eran de su propiedad. Además, el vehículo que iba a comprar Abdelilah no se hizo desaparecer, “puesto que el acusado incluso bajó con él a Ceuta”.
Jose Luis Laso concluyó preguntando a la Sala si, de no haber fallecido siete personas en el atentado suicida de Leganés, no haber huido varios acusados de perpetrar los atentados y no haberse descubierto los perfiles genéticos en diferentes escenarios de la masacre, "¿puede alguien creer que mi patrocinado hubiera sido siquiera procesado?".
Sin contraste
Por su parte, el abogado de Saed El Harrak, Bernardo Monfort, pedía la absolución, porque "no ha habido ningún testigo que haya relacionado a mi cliente" con ninguno de los escenarios que han tenido relación con el 11-M, ni se ha probado ninguna actividad delictiva, lo que, en su opinión, lleva a descartar su pertenencia a ninguna célula terrorista.
En relación a los tres escritos que aparecieron entre las pertenencias de El Harrak -cuya autoría se atribuye al suicida Abdennabi Kounjaa, porque en ellos aparecen su firma y cinco huellas suyas-, el letrado señaló que no se ha demostrado de forma contundente, ni se contrastó el contenido de esa carta referente a la Yihad y ni siquiera la firma y las huellas.
Bernardo Monfort insistió en que El Harrak no participó en los fines de los autores de la masacre porque "él ya había conseguido los suyos, que eran venir a España, mejorar su calidad de vida y tener una familia", y el único indicio que hay es que conocía a Abdennabi Kounjaa.
El Harrak, según su abogado, pidió a Kounjaa que su mujer acompañara a la suya al ginecólogo y "ahí -dijo- cavó su propia tumba".
El letrado negó que su patrocinado mantuviera, como sostiene la Fiscalía, un contacto telefónico muy intenso con varios de los terroristas que se suicidaron en el piso de Leganés, además de Kounjaa, los hermanos Rachid y Mohamed Oulad Akcha, con quienes apenas tuvo relación, indicó el letrado.
El número de teléfono de El Harrak fue encontrado entre los restos del piso de Leganés, y en él se hallaron registradas varias llamadas de los suicidas.
Sin embargo, el abogado destacó que "no se puede acusar a nadie" por unas llamadas telefónicas y denunció que "este calvario", en referencia a las irregularidades cometidas con la detención de su patrocinado, "nos puede pasar a cualquiera".
"Esto genera inseguridad jurídica" y crea indefensión, dijo, a lo que añadió que en el caso de que se produzca una condena de El Harrak, pedirá que se depuren responsabilidades y la condena "en "costas" de las partes que han mantenido la acusación, porque "estaríamos ante una estafa procesal", concluyó.
Ensañamiento injustificado
La defensa de la acusada Carmen Toro centró su informe, en que su patrocinada está sentada en el banquillo de los procesados por ser "en su día" la mujer de José Emilio Suárez Trashorras y consideró que "sin ella el resultado de los hechos hubiera sido el mismo".
Peña subrayó que cuando ocurrió la masacre Carmen tenía 20 años, era "notablemente inmadura", estaba recién casada con Trashorras, muy apegada a su entorno familiar y destacó que es insegura y que no tiene un carácter fuerte, lo que, según dijo, hace que ésta deje que las decisiones las tomen otros.
Añadió además que no tiene "facilidad de palabra" y que incluso la pierde cuando se encuentra en una situación que le supera y le pone nerviosa, y en este sentido recordó que "contestó malamente a esta letrada" cuando declaró en la vista.
"No es consciente prácticamente de nada de lo que hace su marido", recalcó la abogada al señalar que, según declaró un perito en el juicio, la enfermedad mental que sufre Trashorras puede hacer que lleve una doble vida, que "perfectamente podía desconocer" Carmen, agregó.
Consideró que ha existido un "ensañamiento injustificado" por parte de varias acusaciones contra su cliente y apuntó que quizá sea por ser la única mujer acusada en el proceso o por la trascendencia mediática que ha tenido, e incluso dijo que parece que alguna acusación "se ha olvidado de los derechos humanos".
Sobre el suicida Jamal Ahmidan, "El Chino", dijo que, como declaró en la vista, lo había visto una vez en la finca de Chinchón, pero "eso no significa que pueda conocer mucho más ni implica una actividad de tráfico de explosivos".
Redondeo de libros
La letrada Pilar Gómez Pavón, defensora del ex vigilante de seguridad de Mina Conchita, Emilio Llano, para el que el fiscal pide 5 años de cárcel por desatender sus obligaciones de registrar las entregas y el consumo de explosivos en la explotación, ha asegurado que su cliente siempre trabajó con el sistema que le indicó la empresa propietaria de la mina y como lo hacía el anterior vigilante y subrayó que era "personal subalterno" de la dirección facultativa de la empresa Caolines de Merillés.
“No es cierto que todo el control del material de la mina correspondiese a Emiliano”, ha dicho la letrada, que ha continuado relatando que “por esta defensa se solicitó un certificado a la Dirección General de Minas para que indicasen quien era el director facultativo de la mina, que en el tiempo de los atentados era Roberto López Fernández, quien tenía las competencias que le atribuye la legislación vigente”. Y ha resaltado que, “según la legislación de minas, es obligación de la empresa comunicar a la autoridad administrativa competente la identidad del director facultativo de cada mina, pero cuando solicitó la certificación no constaba ese dato en la Dirección General de Minas”.
Relató, finalmente, que también a que había "inexistencia de anomalías" en la explotación minera y que el "redondeo" de los libros de contabilidad donde se anotaba el consumo de explosivos era "algo normal en las minas" y conocido por la Guardia Civil, institución de la que dijo que consideraban como algo que "era y había sido normal" las "pequeñas sisas" de explosivos en la minería".
Sustitución de los suicidas
Tanto el abogado de la defensa de El Haski, José Luis Borraz, como la de Belhadj, Francisco Andújar, acusados para los que el fiscal pide 38.962 años de cárcel, coincidieron el jueves 28 de junio en que la acusación es un invento de la policía, la Fiscalía y el juez instructor, por lo que reclamaron su absolución y el segundo de ellos, además, dijo que la conexión entre su cliente y los otros dos presuntos ideólogos sigue siendo "un misterio", ya que "alguien tendría que haber demostrado que estuvieron en el mismo sitio y al mismo tiempo" y no se ha hecho.
Andujar se preguntó si su defendido y los otros dos supuestos ideólogos del 11-M, El Sayed, "Mohamed El Egipcio" y El Haski estarían acusados en este proceso si en el banquillo de los procesados estuvieran sentados los siete suicidas de Leganés, los cuatro huidos y las personas a las que corresponden los siete perfiles genéticos anónimos que se hallaron en Leganés.
El abogado comparó el proceso con “una casa de apuestas”, en el que la Fiscalía y el resto de los acusadores habrían sentado en el banquillo a 28 de los 116 imputados en el sumario, de forma aleatoria, para ver si así acertaban a condenar a alguno de los culpables, para, a continuación afirmar que “las acusaciones se han visto en la obligación de internacionalizar el proceso con la imputación de supuestos líderes europeos de Al Qaeda para dar categoría al juicio y justificar los tres años de investigación”.
También recordó que uno de los agentes que han declarado durante el juicio se inclinó por la posibilidad de que el suicida Jamal Ahmidan "El Chino" fuera Abu Dujana, ya que en las distintas grabaciones en las que se reivindicaba el 11-M en su nombre no aparecía "El Chino", salvo la encontrada entre los escombros del piso de Leganés, donde es Jamal Ahmidan quién aparece en calidad de jefe.
Para defenderse de esa acusación, Andújar se refirió a la declaración que prestó ante la Policía su sobrino, el también acusado Mohamed Moussaten, en la que aseguró que a su tío "le parecía poco" lo que había pasado en Madrid, y destacó que en ese interrogatorio "se rebasaron los límites de la legalidad" para que el joven implicara a su cliente.
Cuestionó la labor de las fuerzas de seguridad y mantuvo que la relación de su cliente con el supuesto autor material Abdelmajid Bouchar y el huido Mohamed Afalah "se ha engordado", pues "como no había nada, no había más remedio que engordarla", y recordó que en los diferentes escenarios de los atentados (finca de Chinchón, piso de Leganés, etc.) no han aparecido huellas de Belhadj.
Sin presencia en el juicio
El abogado defensor de El Haski, José Luis Borraz, negaba que su cliente perteneciera al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), del que la Fiscalía le considera líder en España, y que tuviera alguna implicación en la preparación de los atentados de Madrid.
Aseguró que no ha habido ninguna prueba de que su cliente fuera del GICM, y destacó que hasta uno de los agentes que elaboró el informe en el que se basa la acusación dijo en la vista que "su pertenencia era controvertida".
El letrado manifestó que su defendido "apenas ha tenido presencia en este juicio" y confió en que este hecho redunde en su beneficio. Puso también de manifiesto que el interrogatorio practicado a los procesados "no proporcionó prueba de cargo alguna y ni siquiera el menor indicio".
Dijo que El Haski, del que manifestó que nunca ha estado en Madrid apenas ha tenido presencia en el juicio, porque no conocía a ninguno de los más de cien imputados que ha habido en este proceso, ni tampoco a los siete suicidas de Leganés, lo que, a su juicio, lleva a descartar el delito de pertenencia a organización terrorista del que le acusa el fiscal.
Borraz se refirió a las manifestaciones de los presos islamistas en Francia Attila Turk, Bachir Ghoumid y Youssef M'Saad -encarcelados por su relación con el GICM- que implican a su patrocinado con el 11-M y sobre las que, destacó, se ha basado su acusación, y en concreto, recordó que el primero de ellos no reconoció en la vista las declaraciones que prestó ante la Policía.
Ante las fuerzas de seguridad, Turk dijo que El Haski "estaba muy nervioso y preocupado" antes de los atentados de Madrid, aunque el letrado destacó que prestó once declaraciones y que en ellas no implicó a su defendido en la ideación y preparación del 11-M y apuntó que esa idea surge a raíz de las traducciones que se hacen.
Además subrayó que Turk, quien reconoció que alojó a El Haski en marzo de 2004 sin precisar si antes o después del 11-M , declaró "en condiciones próximas a la tortura" y, por lo tanto, esas declaraciones están "viciadas en origen".
Explicó que ese nerviosismo y preocupación a los que se refería Turk eran consecuencia de que su patrocinado no tenía donde alojarse en Francia.
Convidado de piedra
Ricardo López Sánchez, defensor de Nasreddine Bousbaa, aseguraba que su cliente nunca manipuló los tres pasaportes que el suicida Jamal Ahmidan, "El Chino", le entregó para que los falsificara y añadió que su patrocinado nuca supo que "estaba tratando con un integrista radical".
El letrado, que pedía la absolución de Bousbaa, para el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel por colaboración con organización terrorista y falsificación de documentos oficiales, lo calificó "cariñosamente" como un "auténtico convidado de piedra" pues, dijo, nadie le ha nombrado en este juicio.
El letrado contó que Bousbaa conoció a "El Chino" a mediados de enero de 2004 a través de una tercera persona y dijo que quedó con él porque quería que examinase unos pasaportes, pero destacó que estaban en mal estado para falsificarlos, tras lo que se los llevó a casa "a la espera de que le llamase Jamal para la devolución", lo que, según el letrado, hizo dos o tres días antes del 11-M.
"Se los devolvió sin manipular", recalcó López Sánchez, que añadió que en los dos registros que se practicaron en el domicilio de su cliente no se hallaron ni sellos, ni fotografías, ni pegamentos, ni máquinas plastificadoras, así como "ninguna documentación que vinculase a Bousbaa con movimientos integristas".
Manifestó también que cuando su cliente conoció a “El Chino”, lo calificó de "polidelincuente" y del que dijo que Bousbaa lo vio en tres ocasiones, "no podía sospechar de que sería un futuro terrorista".
Además, indicó que cuando el suicida le preguntó por falsificaciones su patrocinado pensó que se dedicaba al trapicheo de drogas o a traer personas de Marruecos a España que cruzaban el Estrecho de Gibraltar.
Pensaba que era hachís
La abogada de Antonio Iván Reís Palacio "Jimmi", María del Mar Ramos, afirmaba, también en la jornada del jueves, que nadie "en esta sala puede afirmar" que el contenido de la mochila que trasladó su cliente a Madrid el 9 de enero de 2004 pudiera ser explosivo y no hachís en mal estado, como declaró Reís en el juicio.
Esta letrada sostuvo que su patrocinado "pensaba que trasladaba hachís en esa mochila que estaba cerrada con un candado" y que, a día de hoy, todavía ninguna prueba ha acreditado que transportara otra cosa.
Recordó que Iván sintió un "dolor inmenso ante los atentados del 11-M", y que se vio implicado en unos hechos que le provocan una profunda repulsa por ese único traslado de una mochila, pero dijo que "nunca ha sabido nada de una trama asturiana de explosivos".
Ramos relató que Iván Reís, para quién el fiscal pide cuatro años de cárcel por tráfico de explosivos y asociación ilícita, sólo tuvo una actuación puntual ese día 9 de enero, y no participó en ninguna de las actividades ilícitas de los acusados Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras.
La letrada pidió la libre absolución de su cliente y, en todo caso, la aplicación de la eximente completa de miedo insuperable, ya que aseguró que Iván Reís fue amenazado por Antonio Toro (al que conoció porque trabajaban en la misma empresa y con quién tenía una deuda de hachís), para que realizara ese viaje que en un principio se negó a efectuar. Además, “El Chino” casi le pegó porque no entregó una cantidad de dinero.
Además. Señaló que Gabriel Montoya Vidal, que ha constituido un pilar básico de la acusación, en juicio ha declarado que no ha tenido ningún trato con “Jimmi" y que sólo sabía que vivía en un barrio de Avilés y que pensaba que bajaba hachís
Abuso de confianza
El abogado de Iván Granados Peña, Miguel García Pajuelo, argumentaba el viernes 29 de junio, que su cliente fue utilizado por el procesado Emilio Suárez Trashorras, quién abusó de su confianza porque era una "persona bondadosa, confiada y abierta".
Iván Granados está acusado de los delitos de asociación ilícita y de suministro de explosivos, por los que la Fiscalía pide en su caso un total de 4 años de prisión.
García Pajuelo calificó a su cliente como una persona "buena y bondadosa" pero con un carácter gregario e influenciable que propició que "fuera utilizado" por José Emilio Suárez Trashorras que hizo incluso uso de su teléfono móvil para efectuar distintas llamadas a “El Chino” y al Inspector Jefe de Estupefacientes de Avilés, Manolo García "Manolón", desde el mismo.
El letrado aseguró que su cliente no participó en ninguna actividad ilícita con el procesado Emilio Suárez Trashorras, y recordó que se negó a transportar explosivos a Madrid cuando éste se lo propuso, por lo que dijo que no existían los delitos de asociación ilícita y suministro de explosivos, por los que el fiscal pide cuatro años de cárcel.
Relató que lo único que hizo su cliente fue acompañar a Trashorras a un mirador cercano a Mina Conchita, donde el primero le dijo que iba a recoger unos DVD sobre caza, y que Iván Granados no bajó del coche. Por último, le propuso hacer un viaje a Madrid para transportar explosivos y su patrocinado se negó.
Sobre las declaraciones acusatorias de Gabriel Montoya, “El Gitanillo”, argumentó que resultan contradictorias, pues parece ser un agente orientaba sus declaraciones y por eso, en algunas ocasiones, carga contra Suárez Trashorras y otras contra Iván Granados. Así, señaló el letrado, “dijo que vio a Iván al día siguiente del viaje de éste a Madrid y que le dijo que sabía que había bajado explosivo, porque había acompañado a Trashorras a la mina. Esto es algo inventado. Iván lo ha negado y Montoya Vidal nunca vio a Iván en la mina”.
También hizo notar que Carmen y Antonio Toro han declarado no “conocer” a Iván y haberle visto sólo en alguna ocasión, pues “Iván sólo conocía a Trashorras y a “El Gitanillo”. No tiene contacto alguno con Raúl González Peláez, ni con Javier González Díaz, ni con Sergio Álvarez Sánchez, ni con Antonio Iván Reis”.
Al igual que han hecho otros letrados en sus alegatos finales, García Pajuelo denunció irregularidades en el interrogatorio efectuado a su cliente cuando fue detenido, y pidió la nulidad de las actuaciones por las irregularidades que ha provocado el secreto del sumario.
García Pajuelo explicó que su defendido implicó a otro de los acusados Raúl González, "El Rulo", porque durante una de las declaraciones efectuadas cuando se encontraba detenido, sin contar con asistencia letrada, le ofrecieron darle una pizza para cenar y le dijeron que iban a poner le en libertad.
"Mi cliente accedió", agregó el abogado que recordó que en aquel momento Granados sólo tenía 21 años. Por ello, solicitó que esta declaración sea tenida como "nula".
No cobraba alquiler
El abogado Julio Sánchez-Majano, defensor de Mohamed Larbi Ben Sellam, negaba, por su parte, la pertenencia de su defendido a la célula terrorista responsable de los atentados y señalaba, que a pesar de que el confidente policial "Cartagena" le haya acusado de ser el “mensajero" de "El Egipcio", solo coincidió con éste en la Mezquita de Estrecho y no mantuvo posteriores contactos telefónicos con el considerado autor intelectual de los atentados.
Sánchez-Majano explicó, para demostrar que su cliente, al que se le atribuye el adoctrinamiento de muyahidines para ser enviados a Irak, no cometió los delitos de pertenencia a organización terrorista y conspiración para el asesinato terrorista por los que el fiscal pide 27 años de cárcel.
Destacó que "El Egipcio" no habla de Larbi Ben Sellam en ningún momento ni mantiene conversaciones telefónicas u otros contactos con él cuando se encuentra en Italia. Tampoco puede extraerse ningún dato en este sentido, de la información existente en la comisión rogatoria italiana, afirmó el abogado defensor.
El abogado descartó que su defendido ofreciera cobertura logística a Mohamed Afalah, huido y al que se supone muerto en Irak o al acusado Youssef Belhadj, para facilitarles su salida de España.
Relató que su cliente vivía en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet pero la casa que habitaba, anexa a la Mezquita, era un lugar de paso de multitud de personas que la utilizaban para dormir ya que no se cobraba alquiler.
Explicó muchos jóvenes musulmanes que llegan a España sin trabajo y con escasa formación, acuden a estos centros como un medio de encontrar trabajo y conocer a otros musulmanes ya asentados en el país.
Documentos falsificados
La sesión del viernes registró también la intervención de la defensa del acusado Mahmoud Slimane Aoun, Cristóbal Gil del Campo, quién aseguró que la documentación falsa que tenía su cliente cuando fue detenido el 28 de julio de 2004 era suya, y no del suicida Jamal Ahmidan, "El Chino", pues aunque estaba manipulada aparecía la foto de su patrocinado.
"Esa documentación no puede ser utilizada para ninguna otra persona porque se tendría que proceder de nuevo a una manipulación del documento", sostuvo el abogado, que añadió que en el registro que se practicó en el domicilio de Slimane Aoun no se halló "ningún otro documento", ni materiales, ni instrumentos para falsificar.
Además, subrayó que su patrocinado, quien se enfrenta a una petición de pena del fiscal de 13 años de cárcel por colaboración con organización terrorista y falsificación de documentos oficiales, "ni siquiera tiene las facultades físicas" para manipular documentos, pues "como todo el mundo sabe le faltan dos dedos de una mano, cosa que le imposibilita para realizar labores de falsificación”.
El abogado defensor ha descartado que su cliente sea culpable de los delitos de los que se le acusa, ya que la principal prueba en su contra, el registro de las llamadas efectuadas a "El Chino", no es correcto ya que de los 140 contactos del listado sólo 95 fueron efectivos.
Gil del Campo recordó además que su cliente, que siguió la exposición de su defensa con angustia y gran parte del tiempo con las manos entre la cara, no está en libertad porque no pudo pagar la fianza de 50.000 euros que le impuso el juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, en abril de 2006.
La sesión se reanudará el próximo lunes, día 2 de julio, a las 10 de la mañana cuando se reanudara con las intervenciones del abogado del presunto ideólogo del 11-M, "El Egipcio", Endika Zulueta, y del letrado del supuesto autor material Jamal Zougam, José Luis Abascal.
Después de estas intervenciones será el turno de ultima palabra para los veintiocho acusados, tras lo cual, el juicio quedará visto para sentencia.
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