| Los 22 abogados defensores de los acusados del 11-M procedentes del turno de oficio exigieron este martes a través de una nota de prensa al Ministerio de Justicia que "cumpla en el más breve plazo posible los compromisos adquiridos y retribuya económicamente" la labor desempeñada por los letrados "en las condiciones que merece". El ministerio se comprometió a pagar a cada abogado 150 euros por sesión, pero a los tres meses de juicio aún no les ha abonado nada. Los abogados amenazan con "tomar medidas" si no se soluciona su problema. |
L D (Agencias) Añadieron que el pago de las cantidades pactadas es necesario para continuar ejerciendo su trabajo "con la dedicación e intensidad" que merecen tanto sus defendidos como la sociedad y amenazaron con "tomar otras medidas" en caso de no recibir sus emolumentos. Los abogados quisieron, a través del citado comunicado poner en conocimiento de la opinión pública la "precaria situación económica" en que desarrollan actualmente su labor profesional.
Desde el comienzo de su trabajo con cada acusado, hace tres años, únicamente han recibido un pago de 5.000 euros correspondiente al número de folios que componen el sumario. La Administración se comprometió a pagarles un total de hasta 20.000 euros, 150 euros por día-sesión, informaron fuentes jurídicas. En la nota distribuida este martes, indican también que a pesar de las diversas reuniones mantenidas con representantes del Ministerio de Justicia en las que se alcanzó un acuerdo referente a la retribución, después de tres meses de vista oral la Administración continúa sin abonarles el dinero acordado.
Recuerdan que se están viendo obligados a emplear "una dedicación prácticamente exclusiva, limitando al máximo" el resto de su vida profesional e "incluso la personal". Aseguran igualmente que no les consta que hayan existido gestos por parte de la Junta del Colegio de Abogados de Madrid dirigidos a facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
"Debemos recordar que el derecho de defensa es un derecho fundamental recogido en la Constitución", aseguran los letrados que recuerdan a la Administración que "el hecho de que los acusados tengan acceso a la mejor defensa posible es una obligación para con los ciudadanos" que contribuye a que el proceso se lleve a cabo con plenitud de garantías.
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