La decimosexta semana del juicio por los atentados del 11-M no tuvo más que una sola jornada, la cuadragésima quinta, en la que la Fiscalía elevaba la petición de pena para el acusado Rafá Zouhier desde 20 a 38.958 años, al estimar que fue "determinante" para la obtención de los explosivos del 11-M, mientras que retiró la acusación a Basel Ghalyoun como autor material, por lo que de reclamar para él 38.654 años pide ahora 12.
Así lo ha anunciaba la fiscal Olga Sánchez al exponer sus conclusiones definitivas en la que el resto de las acusaciones también presentaron las conclusiones finales a las que han llegado respecto a los 29 acusados en función de las pruebas practicadas durante la vista oral.
Tras escuchar las conclusiones de la Fiscalía y del resto de las acusaciones y retirar éstas la acusación de Brahim Moussaten, sobrino del acusado Youssef Belhadj (uno de los presuntos ideólogos del 11-M), el tribunal que preside Javier Gómez Bermúdez absolvió de viva voz a este procesado y le anunció que estaba "libre de cargos".
La Fiscalía considera que el acusado Rafá Zouhier fue la figura "determinante" para la obtención de los explosivos del 11-M, al haber servido de "intermediario" entre los responsables de la llamada "trama asturiana" y el líder de la célula que perpetró la masacre, el suicida Jamal Ahmidan, "El Chino".
Por ello, en sus conclusiones definitivas, la Fiscalía eleva su petición de pena para Zouhier de 20 a 38.958 años de cárcel, dado que considera acreditado que este acusado -ex confidente de la Guardia Civil- actuó siendo consciente de que todas las cantidades de Goma 2 ECO que el ex minero José Emilio Suárez Trashorras iba a entregar a "El Chino", del que conocía su "fanatismo", podrían ser empleadas en atentados terroristas "de gran envergadura".
Además de Zouhier, el Ministerio Público acusa también a otro de los procesados como autor material. Se trata de Othman El Gnaoui, que pasa de los 24 años solicitados en un inicio por pertenencia a organización terrorista, suministro de sustancias explosivas y falsificación en documento oficial, a un total de 38.962, al añadírsele también los 191 asesinatos y 1841 en grado de tentativa, así como cuatro estragos.
Sobre este procesado, la Fiscalía asegura que "conociendo la elevada cantidad de explosivos que se transportaba y que iban a ser empleados en un atentado terrorista de gran magnitud", participó como "lanzadera", junto a los suicidas Rachid Oulad Akcha y Rifaat Anouar, en el traslado de la dinamita de Asturias a Madrid, a finales de febrero de 2004.
Además, añade la Fiscalía, "trabajó en las obras de acondicionamiento de la finca de Chinchón", en la que supuestamente se montaron las bombas que explotaron en los trenes y facilitó a "El Chino" su documentación personal para que éste pudiera utilizarla sustituyendo su fotografía.
Para Jamal Zougam, Abdelmajid Bouchar, Emilio Suárez Trashorras, Hassan el Haski, Rabei Osman el Sayed y Youssef Belhadj la Fiscalía mantiene las penas iniciales de casi 39.000 años, aunque aumentan tras haberse elevado también la cifra de heridos definitivos y por tanto los delitos en grado de tentativa.
También disminuye de manera importante la petición de pena para Basel Ghalyoun, para el que se pedían más de 38.000 años de cárcel como autor material de la masacre, y pasan ahora a 12 por pertenencia a organización terrorista.
Por contra, el Ministerio Público ha optado por retirar al acusado Basel Ghalyoun la acusación como autor material de los atentados por falta de pruebas, ya que la única testigo que reconoció a este acusado en los trenes se retractó en el juicio y aseguró que al que vio era el huido Daoud Ouhnane.
No obstante, le mantiene la imputación por integración en organización terrorista, por lo que de 38.654 años le pide ahora 12.
También retira completamente la acusación contra los procesados Javier González, "El Dinamita", (relacionado con la trama asturiana) y Brahim Moussaten, sobrino del acusado Youssef Belhadj (uno de los presuntos ideólogos del 11-M), "al no haber quedado suficientemente esclarecido" su participación en los hechos.
En cuanto a Iván Granados, Sergio Alvarez y Antonio Iván Reis, la Fiscalía fija su petición de pena en cuatro años de cárcel por un delito de asociación ilícita y otro de suministro de explosivos. Inicialmente pedía para ellos 8 años.
Carmen Toro, por su parte, ha visto aumentada su petición de pena a 6 años, al añadir a los 4 años iniciales por suministro de sustancias explosivas otros 2 por asociación ilícita.
En cuanto a los explosivos, la Fiscalía entiende que se utilizó Goma 2 ECO y Goma 2 EC, ya que en Mina Conchita se sustraían de "manera periódica" cartuchos de ambos tipos, como quedó acreditado en la inspección ocular de la explotación minera que se llevó a cabo en junio de 2004 por parte de la Guardia Civil.
Respecto a la aparición de componentes ajenos a la Goma 2 ECO en las muestras analizadas en el último informe de explosivos realizado, la Fiscalía señala que ello es "consecuencia de la contaminación derivada de su almacenamiento en bolsas de plástico" durante casi tres años, así como "de la mezcla con algunas cantidades de la Goma 2 EC sustraída en Asturias".
Añade además que aunque los restos de las explosiones en los trenes no han permitido identificar por sí solos la marca comercial de la dinamita, se ha comprobado la existencia de trazas de dinitrotolueno (DNT) en todas ellos -componente de la Goma 2 EC-, ftalato de dibutilo en 22 de ellas -componente exclusivo de la Goma 2 ECO- y sólo en una de ellas una traza de nitroglicerina "en magnitudes muy inferiores al carácter de componente".
Esto lleva a la Fiscalía a excluir el Titadyne, dinamita que habitualmente usa ETA, como explosivo empleado en los atentados y considerar que la dinamita utilizad fue la Goma 2 ECO.
El Ministerio Público hace una especial referencia a los diálogos interceptados en Italia a Rabei Osman el Sayed, alias "Mohamed El Egipcio". Según la Fiscalía, demuestran que tenía "un papel de autoridad", porque daba instrucciones. Además, destaca que en ellos el acusado citaba "expresamente a sus hermanos de allá (España), muertos en los atentados suicidas (se han ido con Dios)".
El escrito de calificación fiscal, de 342 páginas, mantiene como autores intelectuales de la masacre a los acusados Rabei Osman El Sayed, "El Egipcio", Hassan El Haski y Youssef Belhadj y como materiales a Jamal Zougam y Abdelmajid Bouchar, a quienes aumenta su petición inicial de casi 40.000 años debido a la cifra definitiva de heridos que, aunque en un principio era de 1.824, un forense precisó en el juicio que esa cifra asciende a 1.841.
Por su parte, el abogado del Estado, en sus conclusiones finales anunció que se adhería a las modificaciones realizadas por el Ministerio Fiscal.
Estrategia terrorista diseñada
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), en sus conclusiones definitivas, estima que no ha quedado acreditado que el 11-M "tuviera lugar por el designio de ninguna organización terrorista, fuera cual fuera su orientación" y que sí ha quedado demostrado que "gran parte de los imputados" estaban "colaborando con diferentes fuerzas policiales".
No obstante, la AVT "no renuncia a continuar la investigación hasta llegar a conocer quienes fueron las personas que estuvieron implicadas en la ideación y ejecución de los atentados".
Señala que "hubo elementos" que permitían establecer una relación de ETA con la masacre. "La línea de investigación que pudiera llevar a la organización terrorista ETA como partícipe en algún grado en el atentado convivió con la línea de investigación que apuntaba a una autoría islamista hasta el 13 de marzo, con la confirmación de las investigaciones llevadas a cabo sobre la tarjeta del teléfono del artefacto de la comisaría de Vallecas".
Destaca, en el escrito de 16 páginas, "la negligencia de alguno de los controladores" de los confidentes, como la del alférez de la Guardia Civil "Víctor" con respecto al acusado Rafa Zouhier, que, afirma, "dio lugar a que la persona a la que se considera como responsable primero de los atentados (Jamal Ahmidan, "El Chino") no pudiera ser detenida".
Por ello critica toda la instrucción de la causa y en concreto lo relativo a los explosivos, pericias que según la AVT vinieron determinadas por "la existencia de una idea preconcebida de lo que explotó en los trenes que no casaba con lo que los análisis químicos estaban diciendo".
En su escrito solicita que se depuren las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido los responsables de la investigación "que por dejadez o desidia" hubieran propiciado los atentados.
Esta asociación, que sí mantiene que los atentados se perpetraron "dentro de una estrategia terrorista diseñada para alterar el curso de las elecciones" del 14-M de 2004, rechaza además que el explosivo del 11-M fuera Goma 2 ECO, "sin que pueda descartarse el uso del Tytadine", el que habitualmente utiliza la banda terrorista ETA.
Por ello retira la acusación contra varios miembros de la llamada trama asturiana -Sergio Álvarez, Javier González, Iván Granados y Antonio Iván Reis-, y solo la mantiene para José Emilio Suárez Trashorras, los hermanos Antonio y Carmen Toro, Emilio Llano (ex vigilante de Mina Conchita) y Raúl González, "El Dinamita".
La AVT considera además que, "dada la falta de unas conclusiones claras derivadas de la pericia de explosivos, se hace absolutamente necesario continuar dicha pericia hasta la determinación en su mayor medida del explosivo usado".
Asegura también que la decisión de atentar en España, "no se inicia como consecuencia de la decisión legítima del gobierno" de intervenir en la guerra de Irak, "sino que la misma aparece ideada desde que España, dentro de su lucha contra el terrorismo de cualquier signo", llevó a cabo detenciones "de significados representantes de Al Qaeda" como Imad Eddin Barakat, "Abu Dahdah".
La AVT critica también la actuación del instructor del sumario, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, por "la prolongada situación de secreto de sumario" que, a su juicio, ha impedido a las partes hacer sus aportaciones a la investigación.
"Es evidente que si se hubiera dejado participar a las partes, con un mínimo de actividad y no como meros comparsas, no se habría llegado a la destrucción de los trenes, ni a que en la fase intermedia se haya tenido que realizar periciales que se venían demandando por las partes", lamenta esta acusación.
La AVT acuerda también retirar la acusación a los hermanos Brahim y Mohamed Moussaten, sobrinos del acusado Youssef Belhadj -considerado líder de Al Qaeda en Europa-, y deja de imputar al acusado Rabei Osman El Sayed, "Mohamed El Egipcio", la autoría intelectual del 11-M, aunque le mantiene la acusación como autor material de los atentados.
Para el resto de los acusados mantiene sus peticiones iniciales, siendo las más graves, más de 42.000 años, las que pide para los considerados autores materiales -Jamal Zougam, Basel Ghalyoun y Abdelmajid Bouchar- y para Trashorras.
ETA y la cuarta trama
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que preside Ángeles Domínguez, considera acreditada la utilización en los trenes de Goma 2 ECO y Titadyne. La Goma 2 ECO demuestra la participación de la trama asturiana mientras que la dinamita Titadyne apunta hacia lo que en su escrito de conclusiones provisionales llamaba "cuarta trama" y constituye un indicio más de que estaría formada, "posiblemente, por miembros de la banda terrorista ETA". No obstante añade que "se trata de una cuestión que exige una investigación seria".
En sus conclusiones definitivas, añade que con el fin de ocultar la implicación de ETA en el 11-M ha existido una consigna por parte de las Fuerzas de Seguridad para hacer desaparecer cualquier tipo de vinculación de la banda con los atentados y pone como ejemplo, entre otros, el denominado "caso del ácido bórico".
En este sentido, pide que investigue por "destrucción de pruebas" a los policías o testigos vinculados con la elaboración de un supuesto informe que vinculaba a ETA con los islamistas, los guardias civiles relacionados con la investigación sobre explosivos llevada a cabo en Asturias o que efectuaron análisis sobre las sustancias que explotaron en los trenes: el ex jefe de los TEDAX Jesús Sánchez Manzano y otros dos miembros de este departamento, una de ellas la jefe del Laboratorio Químico; el comisario jefe de la UCAO, Domingo Pérez Castaño; el jefe de la UCO de la Guardia Civil, Félix Hernando; el contacto en la Guardia Civil de Zouhier, Víctor; el comisario de Policía José Cabanillas; la mujer de Jamal Ahmidam, que declaró como testigo protegido, y la persona que fue detenida junto a Suárez Trashorras en el viaje a Asturias.
Además, esta acusación eleva de 402 a 39.510 años su petición de pena para Trashorras y de 23 a 39.505 años la de su ex cuñado Antonio Toro, a quienes considera autores por cooperación necesaria de 192 muertes (incluida la del GEO fallecido en Leganés) y de 1.867 asesinatos terroristas en grado de tentativa, al estimar que hay 26 heridos más que los reconocidos por los forenses.
La asociación que preside Ángeles Domínguez retira la acusación como autor material de la masacre de Basel Ghalyoun, ya que la testigo que le había identificado en un principio dijo en el juicio que la persona que vio en uno de los trenes era el huido Daoud Ouhnane.
Mantiene como autores materiales a Jamal Zougam y Abdelmajid Bouchar y considera que entre los ideólogos están Rabei Osman El Sayed, "El Egipcio", Hassan El Haski y Youssef Belhadj, para quien solicita casi 40.000 años de cárcel.
Por otra parte, retira la acusación contra Brahim Moussaten y rebaja de 8 a 5 años la petición de pena para su hermano Mohamed y para varios miembros de la llamada "trama asturiana".
La asociación mantiene su petición de 20 años de prisión para Rafa Zouhier por colaboración con banda terrorista y suministro de explosivos y eleva de 4 a 10 años la de la ex mujer de Trashorras, Carmen Toro.
Al resto de los acusados -excepto a Nasreddine Bousbaa para quien mantiene los once años que reclamaba-, les añade al delito de integración o colaboración terrorista el de conspiración para el asesinato terrorista por el que pide otros 15 años, lo que supone que sus penas oscilan entre 28 y 42 años.
Elevación de las penas
La asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, que preside Pilar Manjón, ha elevado su petición de penas al haberse certificado en el juicio un aumento de la cifra oficial de heridos, de 1.824 a 1.841, por lo que antes solicitaba un total de 389.752 años de cárcel para los 29 acusados y ahora pide 391.464.
Esta Asociación retira de su acusación definitiva las penas que solicitaba por la explosión del piso de Leganés (Madrid) en el caso de los considerados autores intelectuales de los atentados del 11-M. No obstante, en sus conclusiones definitivas la mantiene para los tres principales acusados asturianos, al entender que proporcionaron la dinamita que provocó las explosiones de los trenes y la que mató al GEO Francisco Javier Torronteras, y del procesado que actuó de enlace entre la célula terrorista y Mina Conchita, Rafa Zouhier.
La acusación solicita un total de 391.464 años de cárcel para los 28 acusados para los que mantiene la acusación, tras retirarla para Brahim Moussaten. La cifra definitiva de heridos contabilizados por esta asociación es de 1.841 frente a los 1.824 que consideraba afectados al principio del juicio.
En sus conclusiones definitivas, esta asociación mantiene como autores materiales de los atentados a los acusados Jamal Zougam, Basel Ghalyoun y Abdelmajid Bouchar, para cada uno de los cuales solicita 38.960 años de cárcel, y considera que entre los ideólogos se encuentran los acusados Rabei Osman El Sayed, "El Egipcio", Hassan El Haski y Youssef Belhadj, para los que pide 38.962 años.
La máxima responsabilidad de la masacre también recae, en opinión de esta acusación, en el ex confidente de la Guardia Civil Rafá Zouhier (39.312), así como en el ex minero José Emilio Suárez Trashorras (39.350), su cuñado Antonio Toro (39.346) y su ex mujer Carmen Toro (39.346).
A estos tres últimos, considerados los responsables de la llamada "trama asturiana" de los explosivos, los acusa de asociación ilícita y, además de imputarles las 191 muertes de los trenes, les atribuye la del GEO Francisco Javier Torronteras, fallecido en la explosión de Leganés.
Al acusarles de suministrar los explosivos empleados el 11-M, también les implica en los utilizados en Leganés y por ello les imputa un delito de estragos en relación con la destrucción del piso en el que se suicidaron siete presuntos responsables de los atentados, así como los 18 asesinatos en grado de tentativa, tantos como personas resultaron heridas en esa explosión.
Precisamente, sobre los explosivos, esta acusación, que dará a conocer sus conclusiones después de que lo haga el fiscal, considera que en el juicio ha quedado acreditado que los terroristas "adquirieron de Mina Conchita cantidades sin determinar de Goma 2 ECO y Goma 2 EC".
"Con mezcla indiscriminada de ambos explosivos se confeccionaron los artefactos que finalmente estallaron en los trenes. Es por ello que aparecen restos de nitroglicerina en la bolsa de deportes de Vallecas, en el polvo de extintor y en la Renault Kangoo, así como dinitrotolueno (DNT), componentes ambos de la Goma 2 EC", sostiene la acusación, zanjando así por su parte la polémica sobre los explosivos del 11-M.
Esta acusación únicamente ha decidido retirar la acusación a uno de los hermanos Moussaten, sobrinos de Youssef Belhadj, Brahim, aunque a su hermano Mohamed le mantiene la petición de 12 años de prisión por integración en organización terrorista.
También ha rebajado notablemente la petición inicial de condena para los otros miembros de la llamada "trama asturiana" que supuestamente colaboraron en el transporte de los explosivos o que ayudaron a sustraerlos de la mina.
Así, mientras que en sus conclusiones provisionales pedían 22 años de cárcel para Raúl González ("El Rulo"), Iván Granados, Javier González ("El Dinamita"), Sergio Álvarez, "Amocachi", y Antonio Iván Reiss ("Jimii") y 11 años para Emilio Llano (vigilante de Mina Conchita), ahora solicita ocho para cada uno de ellos.
El resto de las penas solicitadas para los otros acusados oscilan entre los 12 y 39 años por delitos de integración o colaboración con organización terrorista, falsedad en documento oficial o conspiración para el asesinato terroristas, y piden además a la mayoría de los acusados que se les imponga la prohibición de acercarse a las víctimas o a sus familiares durante un periodo de cinco años una vez cumplida la condena.
Uno de los acusados por integración, Fouad El Morabit, ha visto por su parte aumentada la petición de condena de 27 a 29, al estimar ahora esta acusación que era uno de los dirigentes del grupo que perpetró los atentados, aunque no le imputa ninguna de las muertes del 11-M.
A los acusados Nasreddine Bousbaa y Mahmoud Slimane Aoun les rebaja su petición inicial de 30 años de cárcel a 13, mientras que mantiene las penas que solicitó para Rachid Aglif, Mohamed Larbi Ben Sellam, Otman El Gnaoui, Mohamed Almallah Dabas, Abdelilah El Fadual y Saed El Harrak.
Los abogados de las acusaciones de Ángeles Pedraza Portero, Mario Pelicari, Isabel Pinto Libramiento, Angélica María Gelia Cortés, Guillermo Pérez Sajarte, María de las Mercedes López Casado, Laura Isabel Cuesta Muñoz, Laura Isabel Cuesta Muñoz, María Jesús Pérez Díaz, Ramón Matamoros López coincidieron en la retirada de solicitud de penas Brahim Moussaten y se piden incrementos de pena para Antonio y Carmen Toro como autores por cooperación necesaria a Trashorras.
A la vista El tribunal que juzga el 11-M absolvió de viva voz al acusado Brahim Moussaten de su presunta colaboración en los atentados, al haber retirado todas las acusaciones las peticiones de pena que solicitaban inicialmente para él.
Moussaten, hermano de otro de los acusados -Mohamed Moussaten- y sobrino de otro procesado, Youssef Belhadj, al que se considera ideólogo de los atentados, se encontraba ya en libertad provisional y ha seguido las 45 sesiones del juicio fuera de la sala blindada en la que comparecen los acusados que se encuentran en prisión preventiva.
La Fiscalía pedía inicialmente para Brahim seis años de cárcel por colaboración con organización terrorista, al estimar que prestó ayuda a su tío Youssef Belhadj -considerado líder de Al Qaeda en Europa- durante su estancia en España.
Desacuerdo de traductores
Los intérpretes italianos que tradujeron en Italia las conversaciones en las que el acusado Rabei Osman El Sayed, "Mohamed El Egipcio", se atribuía la autoría intelectual del 11-M, ratificaron su traducción, mientras que los expertos de parte y los de la Policía aseguraron no haber oído una de las afirmaciones que incrimina a este procesado.
Esta fue la última prueba que se practicó en la jornada cuadragésimo quinta del juicio antes de escuchar a las partes si elevan o no a definitivas sus conclusiones provisionales, y en ella depusieron seis intérpretes: los dos italianos, los dos que tradujeron las conversaciones a petición de la defensa de "El Egipcio" y dos agentes de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Policía que lo hicieron en noviembre de 2004.
Actuó como portavoz de los seis peritos uno de los intérpretes solicitados por la defensa de "El Egipcio", quien manifestó que tras analizar conjuntamente las traducciones de las conversaciones que mantuvo este acusado con su discípulo Yahia Mouad Mohamed Rajah cuando convivieron juntos en Milán (Italia), coinciden "cien por cien" en todos los aspectos excepto en dos puntos en los que discrepan.
Estas diferencias son, puntualizó el portavoz, las relativas a las afirmaciones frases "lo de Madrid partió de mí" y "yo estaba al tanto previamente, pero exactamente, lo que iba a pasar no me dijeron", y agregó que su compañero y él y las agentes de la UCIE no oyeron la primera afirmación, mientras que de la segunda aseguró que "lo entienden de diferente manera".
En concreto, señaló, para ellos y para las peritos de la UCIE los italianos "interpretan" que con la palabra "previamente" este acusado se refiere a una "información planificada" y, en su opinión, esa no es la interpretación adecuada.
A preguntas de la fiscal Olga Sánchez, que solicitó esta mañana la práctica de esta prueba, los peritos italianos ratificaron la traducción que realizaron y explicaron que cuando "El Egipcio" estaba hablando con Yahia le dijo: "no te oculto nada, las operaciones de Madrid dependieron de mí", y tras ello bajó la voz y volvió a decir: "los trenes, todo lo de Madrid depende de mí".
Sin embargo, los otros dos peritos -que son los que habitualmente realizan la labor de traducción en el juicio- y las expertas de la Policía aseguraron que "había ruido" en la cinta y que "no lo llegamos a oír".
En la sesión de la mañana, las víctimas que siguen el juicio desde la sala protestaron por tener que visionar durante la prueba documental fotografías de los trenes de cercanías en los que explotaron las bombas, lo que provocó que algunas de estas personas lloraran al ver estas imágenes y que otras ni siquiera las miraran.
El juicio se reanudará el próximo lunes día 11 de junio a las 10.00 horas.
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