NEGOCIACIÓN GOBIERNO-ETA: DEL 22-M AL 30-D
El incumplimiento de garantías fue denunciado por ETA desde junio, y reiterado en diciembre
El Gobierno español y ETA se habían reunido por primera vez tras el alto el fuego a finales de junio, antes de que Zapatero realizara su declaración. Con ello, el Gobierno daba públicamente por terminado el llamado «proceso de verificación» y se disponía a plasmar el llamado «punto cero». Aparentemente el calendario se mantenía, pero los contenidos pactados habían saltado ya por los aires. Las cosas habían empezado a torcerse debido al incumplimiento por la parte estatal de las garantías establecidas en el acuerdo para dar viabilidad al proceso.
22/06/2007 9:22:00
Advertencia
La representación del Gobierno, que incluía ya en esta fase a tres importantes dirigentes del PSOE, no negó que se hubieran producido incumplimientos, pero trató de culpar a factores externos y asegurar que su voluntad de avanzar era firme. A modo de ejemplo, tildaron las detenciones producidas en esos meses de «accidente importante» que intentó justificar por la dificultad para cerrar sumarios judiciales en marcha o por la existencia de jueces que «son instrumentos del PP». Como prueba de ello, los interlocutores estatales citarían el «disparate» del proceso contra Juan José Ibarretxe por reunirse con Batasuna para concluir de todo ello que «hemos sido ingenuos al pensar que a raíz del 22-M las cosas iban a pasar del negro a blanco». De cualquier modo, afirmarían tajantemente que «trabajamos para que Batasuna sea legal en setiembre-octubre». Y asegurarían que tomaban como tarea pendiente el pacto de Estado con el PP.
La representación de ETA advierte ya entonces de que si se siguen incumpliendo las garan-tías «el proceso se para» (en julio de 2005 previno textualmente, como se publicó ayer, que en ese supuesto «el alto el fuego se rompe». Y preguntan a la parte estatal cuánto tiempo necesitaría para fijar las garantías («¿dos meses?»), sin recibir respuesta. Así que cuando a la semana siguiente Zapatero va al Congreso a anunciar el inicio del diálogo con ETA y promete informar a los grupos sobre sus resultados en setiembre, en realidad el inquilino de La Moncloa sabía que no habría reuniones con la organización hasta que se cumplieran las garantías.
De hecho, en estas reuniones de finales de junio ETA entregó a sus representantes una escueta carta personal dirigida a Zapatero en la que le indicaba que «la vulneración de las garantías establecidas en los acuerdos es motivo y puede suponer la ruptura del proceso de negociación y por lo tanto la suspensión del proceso abierto. ETA le hace un llamamiento directo para que actúe con responsabilidad y adopte las medidas pertinentes para cumplir las garantías y acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación».
Polémica sobre la declaración
Llegó el nuevo curso político y, efectivamente, Rubalcaba no tenía nada que contar a los grupos del Congreso. Algunos medios y portavoces políticos imputaron el parón a un intento de ETA de posponer la puesta en marcha de la negociación técnica hasta que se creara la mesa de partidos, achacándole un afán de «tutelaje», pero la información a que ha tenido acceso GARA evidencia que el bloqueo estuvo más relacionado con el incumplimiento de los compromisos ETA-Gobierno. No habría reuniones hasta finales de este mes de setiembre, y de nuevo por iniciativa de ETA. Para entonces, las vulneraciones de los acuerdos de 2005 no habían decrecido, sino al contrario.
Una de ellas afectaba a la cuestión clave del acuerdo. La esperada declaración de Zapatero en el Congreso, tres meses antes, no se había atenido, en opinión de ETA, a lo pactado, y así lo mostró en un análisis detallado del contenido. Faltaban algunas cuestiones y, en cambio, el presidente español había incluido elementos ajenos que la organización armada leyó como «puyas»; entre ellas, el establecimiento de la Constitución como tope o la ratificación de la Ley de Partidos Políticos. Por lo que respecta al resto de garantías, ETA subraya en esta reunión que siguen sin cumplirse.
La representación del Gobierno del PSOE, por su parte, ensalza el contenido del mensaje de Zapatero, tratando de presentarlo como un Downing Street, en alusión al acuerdo Londres-Dublin sobre el proceso irlandés. Sobre esta cuestión se establece otra intensa disputa. Cuando ETA recuerda que se emplearon «muchas horas» en definir cada término de la declaración y que Zapatero no lo ha cumplido, por lo que incurre en «una total falta de credibilidad», los enviados del presidente alegan que «a Batasuna le gustó mucho» la comparecencia del 29 de junio. La alusión encrespa a los delegados de la organización: «¿Qué pensáis, que somos tontos?», se llega a escuchar de boca de uno de sus representantes, que apunta que el único motivo de esa valoración positiva habría sido seguir dando impulso al proceso. El Gobierno modula entonces su discurso; reconoce que en la alocución del líder del PSOE hubo «algún lapsus», entre los que cita haber circunscrito su discurso a «Euskadi», y lo atribuye a que «lo hizo de memoria».
«ETA no dará cheque en blanco»
Pero esta vez la parte estatal trae además su propia lista de reproches. Critica los comunicados de ETA, «muy negativos», y argumenta que con ellos «la judicatura no se puede mover». Y pone sobre la mesa otros dos elementos que dan pie a intensas discusiones: por un lado, la kale borroka, de la que ETA recuerda que nunca ha formado parte de su ámbito de competencias y que en consecuencia no entra en los acuerdos según se aclaró en su momento; por otro, las cartas a empresarios, sobre las que la organización matiza que no conllevan amenazas y son simples peticiones de dinero (el Gobierno replica que la aparición del sello de ETA es ya sinónimo de amenaza). Se habla también de la presencia de miembros de ETA en el acto por los gudaris en Aritxulegi, de las maniobras del Ejército, y sobre todo de los presos enfermos, cuya excarcelación se pide como un mínimo al margen de que la cuestión global deba ser abordada en la mesa «técnica».
Reclamaciones y respuestas
El diálogo se tensa. El Ejecutivo reclama un comunicado que suponga un salto decisivo. ETA da una respuesta tajante: «Tras seis meses de incumplimientos, no vamos a dar ningún cheque en blanco». Para entonces, el desarrollo de los hechos en este espacio y en el del diálogo político alimenta la impresión de que el Gobierno intenta despolitizar el proceso y bloquearlo en cuestiones como la situación de los presos o la legalización de Batasuna. ETA advierte de que «si vuestra intención es llevar a cabo una negociación técnica nos váis a tener enfrente otros 40 años». Y el Gobierno asegura que «no hemos pensado nunca en `paz por presos'».
Precisamente esta cuestión se pondrá sobre la mesa de forma concreta en esta cita. Son meses en los que el Gobierno paraliza su pretendida intención de iniciar un acercamiento de presos, para lo que se filtró que tenía ya un plan detallado. ETA reclama la excarcelación de los presos enfermos, con nombres y apellidos, entre ellos Iñaki de Juana; la eliminación de la llamada «doctrina Parot» utilizada para imponer cadenas perpetuas a los presos vascos; y su acercamiento a Euskal Herria. La otra parte indica que no acepta que éstas sean exigencias para avanzar, pero afirma que lo estudiará y responderá. En la conversación introduce elementos con los que trata de mostrar buena voluntad, como la alusión a la dudosa constitucionalidad de la «doctrina Parot».
La cuestión, en general, se perfila como un termómetro para medir su voluntad.
Si en las reuniones de junio se ponen sobre la mesa los incumplimientos de las garantías y en las de setiembre se incrementan tanto el número como el volumen de los reproches, un mes después, cuando ETA y Gobierno vuelven a reunirse, los interlocutores de la organización armada tienen una pregunta para la otra parte que resume la gravedad de la situación: «¿Habéis tomado la decisión de romper el proceso?».
El interrogante se corresponde con el agravamiento paulatino de situaciones que debían estar en cauces de solución a tenor del diálogo en la mesa de negociación, como la legalización de Batasuna (se acaba de producir la irrupción en un centenar de «herriko tabernas») o la situación de los presos, especialmente urgente en el caso de Iñaki de Juana. ETA quiere saber si «no tenéis voluntad o no tenéis capacidad», y en este último caso pide que se le diga «con quién tenemos que negociar. ¿Con Gómez Bermúdez? ¿Con la Audiencia Nacional?». Sin embargo, al mismo tiempo la organización armada insiste en que ratifica su voluntad de avanzar, y marca dos requisitos para ello: el cumplimiento de las garantías y el acuerdo político (en esos momento se están intensificando las negociaciones entre PSOE, PNV y Batasuna en Loiola, que no llegarían a acuerdo).
El Ejecutivo español también eleva el tono sustancialmente, a partir de un elemento único: el robo de cerca de 350 pistolas en una armería de Nimes. Sus representantes llegan a indicar que eso no constituye un «accidente» -según la terminología establecida en el acuerdo de 2005-, sino «la ruptura del proceso de paz», aunque no «la ruptura del proceso». Espetan a los interlocutores de la organización armada vasca que «vuestra estrategia es la de que sólo nos movemos si nos presionáis y que de lo contrario estamos parados. Estáis equivocados». Desde el otro lado de la mesa, llueven en cascada los ejemplos de vulneraciones, y se expone como conclusión que «el noventa y pico por ciento de vuestros incumplimientos fue antes del robo».
Los mediadores tratan de reconducir la reunión reclamando que no se utilice el término «ruptura», y exponen que la situación es difícil y ambas partes tienen derecho a sentirse heridas. El Gobierno redefine su mensaje y establece que «el robo ha provocado un bloqueo objetivo y no permite avanzar en el proceso». Se acuerda realizar nuevas reuniones en diciembre; por lo demás, en esta cita el Ejecutivo tampoco anuncia ninguna medida sobre los presos.
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