En la exposición de sus conclusiones, en la quincuagésimo segunda jornada del Juicio por los atentados del 11-M, el abogado defensor del ex minero José Emilio Suárez Trashorras, Gerardo Turiel, ha insistido en la falta de pruebas contra su cliente, sobretodo porque nadie les han dicho qué estalló en los trenes, que tipo de dinamita, y a ellos no les da igual si fue Goma 2 eco o no, como dijo la fiscal Olga Sánchez.
Turiel ha indicado en la exposición de sus conclusiones ante el tribunal del 11-M que ni a él ni a su cliente les da igual el tipo de dinamita que se utilizó en los trenes de cercanías ya que "mientras no se diga cual es no se puede a acusar a este señor de nada menos que de 192 asesinatos", por los que se piden 40.000 años de cárcel para él.
El abogado ha indicado que la actitud del Ministerio Público durante el proceso le ha recordado en diversas ocasiones "la vieja norma inquisitorial". Así, ha señalado que "nunca" se ha sentido "tan vapuleado" como en determinados momentos de la causa y ha recordado que, al igual que sucedía con la Inquisición, su cliente no supo durante un largo periodo de tiempo los motivos por los que se le acusaba y de qué se le acusaba.
Sobre la detención de Trashorras se preguntó: “¿cómo que detención?... pero si fue una conversación voluntaria... A Emilio le bajaron a Madrid para que identificase la casa de Morata; no lo llevaron a la comisaría ni ante el juez. Es una corruptela procesal. Se informó de que Emilio había avisado de sus sospechas sobre los ‘moritos’. También, Parrilla informó de las sospechas que Emilio trasladó a Manolón el propio día 11-M; le dijo que habían sido los moros y Manolón dijo no, hombre, no, han sido los de ETA. Pero esta acusación no va a entrar en este juego”.
“Al sumario se aportaron una serie de informes, que en su mayoría son atestados, y los defensores no los vieron; pero es que, y esto no es baladí, los informes se pretenden convertir en periciales. Esto no es baladí porque la naturaleza del atestado es una y la del atestado otra”, ha señalado.
“No me cuele” que la opinión de un policía es la de un experto, dijo Turiel, para añadir que “un perito que declaró sobre tarjetas de peajes dijo que sabía de ello porque era licenciado universitario. Esto no es un formalismo, sino una actuación que tiene importante trascendencia procesal. Esas falsas periciales, no tienen el valor jurídico procesal que se les ha querido dar”, ha sentenciado.
Violación de derechos
"No hacía falta Emilio para que 'El Chino' recogiera dinamita y además tampoco sabía que era un terrorista", recalcó el letrado, tras hacer referencia a un informe policial en el que, según leyó, se indicaba que "cualquiera puede coger la dinamita que quiera".
Turiel ha rebatido la acusación de cooperación necesaria en los atentados presentada contra su cliente, argumentando que aún si se llega a suponer que "participó y colaboró diciendo al Chino que allí (en mina Conchita) había" dinamita, él no la cogió.
Entiende el abogado que, así que Trashorras debería serlo por colaborador material de suministro de dinamita, lo que llevaría implícito el delito de suministro de explosivos que también le imputan la Fiscalía y las distintas acusaciones, aunque deberían aplicarle las eximentes de trastorno mental y haber sido confidente policial.
El defensor advertía que corremos el riesgo de que esta violación de derechos nos acerque a la situación que viven los presos islamistas detenidos por las autoridades norteamericanas y encarcelados en la cárcel cubana de Guantánamo. "Esto no es Guantánamo pero por ese camino vamos", dijo.
Esta fue una de las principales alegaciones que durante más de tres horas expuso Turiel en defensa del ex minero, para quien la Fiscalía pide 38.972 años de cárcel, para tratar de demostrar que no cumple el principal requisito indispensable para ser condenado como cooperador necesario en el 11-M y que consistiría en "contribuir de manera consciente y voluntaria a ese propósito".
Reconstruyó irónicamente parte de los hechos que le imputan a su cliente y dijo: "Trashorras, que era un malvado y andaba con dinamita, cogió a unos chavales de su banda y los mandó a Madrid con unas bolsas que no sabemos exactamente cuánta dinamita llevaba. Ni siquiera lo que llevaban".
Dudas sobre la legitimidad
Turiel insistió en que lo que transportaron los "chavales" en enero de 2004 era hachís, un negocio que, según apuntó, Trashorras había "discutido" con el suicida Jamal Ahmidan, "el Chino" en la reunión que mantuvieron en octubre de 2003 en el Mc'Donalds de Carabanchel, en la que también estuvieron presentes, entre otros, los acusados Rafá Zouhier, Rachid Aglif, "El Conejo" y Carmen Toro.
El propio Trashorras reconoció en el juicio que en ese encuentro fue la "primera vez" que habló de hachís con "El Chino" y concretaron los viajes desde Asturias a Madrid, aunque también declaró que le preguntaron "si podía conseguir explosivos", si bien no especificó si se lo dijo Zouhier, Aglif o "El Chino".
El letrado planteó que si es cierto que los acusados Sergio Álvarez y Antonio Iván Reiss transportaron explosivos hasta Madrid en autobús, "aquí el único trastocado mental no es Trashorras. ¿A quién se le ocurre ir mandando la dinamita por pedacitos y llevarlo en el Alsa (empresa de autobuses que viaja desde Asturias a la capital madrileña)".
Arremetió también contra la legitimidad de las declaraciones que en su momento prestaron el menor conocido como el "Gitanillo", condenado a ocho años de reclusión por participar en el transporte de los explosivos a propuesta de Trashorras, y el acusado Iván Granados", por considerarlas que estaban viciadas y que fueron dirigidas por la Policía.
Después de destacar la colaboración policial de su patrocinado, Turiel se refirió también a los trastornos mentales que sufre Trashorras y tras manifestar: "Yo no quiero hacer pasar por loco a nadie", justificó su afirmación en la baja por incapacidad total que le concedió, en 2003, la Seguridad Social por una minusvalía psíquica del 57 por ciento.
Enemigo social
Turiel explicó que “los periódicos dicen lo que dicen y no tenemos que olvidarnos de ese mundo social porque todos formamos parte de él; pero los periódicos no pueden dictar sentencia. No podemos convertir a los peritos y a la prensa en jueces apodícticos. Se ha vuelto a poner de moda la doctrina del derecho penal del enemigo. El profesor García Martín, catedrático de la universidad de Zaragoza, ha puesto de manifiesto cómo en todas las sociedades de derecho moderno se ha producido alguna situación de Derecho Penal del enemigo”.
El letrado indicó que todas las sociedades "necesitan un enemigo" y es característico que entre el enemigo y la sociedad "siempre haya un nexo: el traidor", que en este caso sería su cliente. "Por descontado la sociedad moderna no mata al enemigo, se conforma con que vaya cuarenta mil años a la cárcel".
El abogado hizo referencia a la Operación Pipol y recordó que la intervención de su cliente en ella se produjo a instancias de la Policía -en concreto del Inspector Jefe de Estupefacientes de Avilés, Manolo García, conocido como "Manolón"- y de la Fiscalía Asturiana. Ambos, agregó, piden a Suárez Trashorras que colabore con ellos y se introduzca en esa trama de tráfico de droga que quieren desmontar para informarles.
"El pacto para que pudieran en libertad a su cuñado, Antonio Toro, fue en noviembre de 2001", concretó Turiel que precisó que esa Navidad Suárez Trashorras "incluso regaló unas cestas a los policías de Avilés.
Además añadió que en el sumario están las certificaciones de las bajas temporales que otorgaron a Trashorras mientras trabajaba en Mina Conchita "por enfermedad mental" y detalló que después de una "larga baja" de 2001 a 2002, le concedieron la definitiva, en la que "decía esquizofrenia paranoica".
"No es que yo me invente una cosa a favor de mi cliente", recalcó Turiel al subrayar que tras la revisión que le hicieron en febrero de 2006 -en la cárcel- los psiquiatras determinaron que el trastorno se había agravado y subieron el grado de incapacidad de 57 al 65 por ciento.
El juicio se reanudará mañana día 22 a las 10.00 horas.
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