Los representantes del Ministerio Fiscal en el Juicio por los atentados del 11-M descargaron su malestar y sus tensiones mientras procedían a la lectura de sus conclusiones definitivas.
Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional mostraba el lunes su, porque “se haya puesto en duda la imparcialidad en la investigación de los atentados del 11-M, trasladando dudas a la opinión pública acerca de la autoría de la masacre en un proceso paralelo al judicial".
La fiscal Olga Sánchez reprochó el tratamiento periodístico con el que algunos medios de comunicación han abordado los atentados del 11-M, lo que supuso que el presidente del Tribunal, Javier Gómez Bermúdez, la conminase a que no entrara en reproches personales hacia partes no procesales porque no caben en la vista.
El fiscal Carlos Bautista arremetió además contra la base judicial en la que se asienta la defensa ejercida por algunos letrados y repitió en varias ocasiones expresiones como "esa debe ser la parte procesal de Barrio Sésamo que yo me perdí" o "debe ser porque yo soy un poco corto". Indicó, además, que algunos de los defensores han introducido en sus escritos referencias a la Fiscalía. "Se nos ha llegado a decir que representamos el Derecho Penal de la Alemania nazi", lamentó.
Zaragoza, en la cuadragésimo séptima jornada de la vista, comenzó su relato reprochando que "no se pueden cuestionar años y años, con sospechas sin fundamento, un suceso cuando el proceso judicial ya ha arrojado datos suficientes sobre los diversos aspectos del mismo", dijo Zaragoza, que calificó estos intentos de "esquizofrenia procesal", ya que, en su opinión, han llevado a estas acusaciones a confundir su verdadera función.
El fiscal afirmó que de suceder así, “la verdad se habría ocultado y se hubieran quedado sin justicia miles de personas”, lo que, argumentó, “provocaría que la investigación no se cerrase, que concluyeran los plazos de prisión, los acusados quedaran en libertad sin juicio y se demostrase la incapacidad de nuestro sistema judicial”.
"Se han llegado a suscitar dudas sobre el hecho de que la explosión de Leganés no fuera un suicidio de miembros de la célula terrorista, sino un montaje y se ha dicho que los cadáveres fueron colocados", algo que tildo de "ridículo".
El fiscal, parafraseando a Cicerón, señaló que "no hay nada más hermoso que buscar la verdad, pero no hay nada más indigno que buscar la mentira y tratar que esa mentira se convierta en la verdad".
Amparo de Al Qaeda
En sus conclusiones ha reiterado que ha quedado probado que los atentados del 11 de marzo de 2004 se cometieron al amparo de Al Qaeda, y lamentó cualquier otro tipo de especulación. como que algunas acusaciones hayan intentado "desesperadamente encontrar una trama policial a la que convertir en responsable último de los atentados" y a otros autores distintos a los que apuntaba la investigación, como la banda terrorista ETA, a pesar de la existencia de "centenares de pruebas" de quienes son los partícipes en los atentados.
Frente a ese "proceso paralelo", el fiscal jefe contrapuso un proceso judicial "dirigido por un juez instructor independiente e imparcial" y que "cuida la legalidad en la obtención de las pruebas" para obtener "la verdad material". "Las pruebas se cuentan por centenares, pruebas de carácter incriminatorio, de las que se deducirá la participación de los hechos de los acusados", subrayó. En clara referencia a los medios de comunicación, Zaragoza señaló que aunque la libertad de expresión debe defenderse en todo caso "no es legítimo que se organicen campañas" o "se publiquen críticas" poniendo en duda la imparcialidad de jueces y fiscales.
La única colaboración externa al grupo con que contaron los yihadistas fue la proporcionada por la red delictiva que en Asturias controlaba Emilio Suárez Trashorras, responsable de la venta de los 200 kilos de Goma 2 ECO robados de Mina Conchita con los que volaron los cuatro trenes de cercanías, mataron a 191 viajeros e hirieron a 1.841 más. De ETA, tras analizar hasta el último vínculo y contacto posible, “ni rastro”.
Zaragoza fue, durante su intervención, haciendo un relato pormenorizado de los hechos, remontándose a los antecedentes que desembocaron en la formación de la célula responsable de la masacre.
Pruebas y evidencias
Para fortalecer sus argumentos, hizo una relación de los diferentes atentados perpetrados por Al Qaeda antes del 11-M, como el 11-S en Estados Unidos o los atentados de Casablanca (Marruecos), Bali (Indonesia) o el de la isla de Yerba (Túnez), y relacionó la masacre de Madrid con el apoyo del anterior Gobierno del PP a la guerra de Irak en 2003.
Destacó que la mochila hallada en la comisaría de Puente de Vallecas fue la pista definitiva para dar con los responsables de los atentados, ya que gracias a la tarjeta del teléfono móvil adosado al artefacto se pudo localizar a uno de los presuntos autores, el acusado Jamal Zougam.
Recordó que el ex comisario general de Información de la Policía Jesús de la Morena dijo en el juicio que la detención el 13-M de Zougam, del que subrayó que ha sido identificado por testigos que viajaban en los trenes tanto en la instrucción como en la vista oral, fue la mejor decisión que adoptó en su vida profesional.
Después relató cómo fue descubierta, a través de los detonadores encontrados en la furgoneta Renault Kangoo la trama asturiana que había facilitado a la célula autora de los atentados los explosivos.
A partir de ese momento, con la sospecha que tenían las fuerzas de seguridad de que se cometieran más atentados y el hallazgo de un artefacto explosivo en la vía del AVE de Mocejón (Toledo), la Policía localizó el 3 de abril el piso de Leganés (Madrid) en el que se suicidaron siete presuntos responsables de la matanza del 11-M.
Sobre el explosivo, explicó que está descartada la presencia de Titadyne, la habitual empleada por la organización terrorista ETA", destacó Zaragoza al sostener que "todas las pruebas apuntan a que estos personajes perpetraron los atentados", refiriéndose a los 28 acusados, calificando la pericia como "una prueba más entre el cúmulo de ellas que hay para determinar qué es lo que estalló en los trenes".
Respecto a la aparición en ese último informe, realizado tres años después de los primeros análisis, de nuevos componentes como la nitroglicerina (NG) -en una sola muestra- o el dinitrotolueno (DNT), dijo que la única "explicación científica, guste o no", es la teoría de la contaminación.
"No se puede decir que como no se ha acreditado el tipo de dinamita, ninguno de los acusados ha participado en los hechos; eso rompe toda la lógica procesal", aseguró Zaragoza, que recalcó que "es un elemento importante pero no una prueba absoluta", recalcó.
Más críticas
Criticó también, que haya peritos que hayan mantenido que el explosivo que estalló en los trenes podía ser Titadyne cuando de 22 de las 23 muestras analizadas aparece un componente, el ftalato de dibutilo, que es exclusivo de la Goma 2 ECO.
El fiscal incluyó en su exposición al ex director general de la Policía Nacional y actual eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, a quien acusó de causar un "daño irreparable" a la institución policial por denunciar en el juicio la supuesta manipulación de un informe que vinculaba a ETA con los atentados.
Recordó Zaragoza que el ex jefe de la policía fue desmentido en el propio juicio por su presunta fuente, el comisario Enrique Pérez Castaño, y el supuesto manipulador, el también comisario José Cabanillas.
De este modo, estimó procedente la deducción de testimonio al ex director de la Policía por parte del tribunal del 11-M, mientras que se opuso a la petición de algunas acusaciones de que se deduzca testimonio a otros testigos, entre ellos a la viuda del suicida Jamal Ahmidan, "El Chino".
Añadió que "es absolutamente ridículo pensar que alguien ha adulterado las pruebas, los ADN, las huellas. Se ha guardado satisfactoriamente la cadena de custodia", destacó el fiscal jefe.
Alimentar estas dudas, prosiguió Zaragoza, "lleva a un descrédito de la justicia penal", y señaló que "no se puede investigar años y años unos hechos cuando ya hay pruebas", ya que, en ese caso, "finalmente la verdad se hubiera ocultado en una ceremonia de la confusión" y las miles de víctimas de este atentado "se habrían quedado sin Justicia en mayúsculas".
El fiscal jefe se refirió al hecho de que se hayan cuestionado los análisis que realizó la químico de los TEDAX en 2004 y señaló que en aquellas pruebas la perito concluyó que en las muestras analizadas de los focos de la explosión existían componentes de dinamita pero que no podía concretar la marca comercial, lo que tampoco ha podido determinar el nuevo informe realizado para la vista oral.
Además destacó que hay informes en los que se señala que no se tiene constancia de la utilización por parte de ETA de Goma 2 en los últimos atentados que ha cometido y respecto a las tres acciones terroristas en las que usó móviles se destaca que fueron empleados para activar los artefactos explosivos a distancia mediante una llamada, mientras que en el 11-M se utilizaron como temporizadores en su función de despertador.
Lagrimas y reprimenda
La fiscal Olga Sánchez, que intervino en la tarde del lunes y en la mañana del martes, recordó emocionada a las personas que sufrieron los atentados y manifestó que "la dignidad de los afectados y la memoria de las víctimas no han sido merecedoras del tratamiento realizado en algunos medios de comunicación de los atentados", en alusión a la difusión de teorías conspirativas sobre el 11-M.
La fiscal, que llegó a llorar amargamente, señaló que "algunos periodistas son personas que a lo mejor en su momento pudieron aprobar la carrera de periodismo pero que no tienen la altura y la grandeza de una profesión tan importante en una sociedad democrática".
Su exposición fue interrumpida por el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, que le recordó que en la sala no tienen cabida reproches a personas que no son parte del proceso y, por tanto, no son objeto del juicio, a lo que la fiscal respondió: "se han publicado y hablado cosas de este Ministerio Fiscal y de otras partes que hemos trabajado...".
Ante esta respuesta Gómez Bermúdez llamó de nuevo la atención la atención a la fiscal y le indicó que con su interrupción consideraba haber hecho "lo que me parecía lo más oportuno, creo que lo entenderá.
"Podrá usted ejercer las acciones o hacer lo que le parezca más oportuno, pero entenderá que no podemos dedicar en esta sala tiempo a los reproches a lo que no son partes procesales", contestó el juez.
A ello Sánchez respondió que "en modo alguno iba a ejercer ningún tipo de reproche personal, ni particular, ni por supuesto es costumbre de este Ministerio Fiscal insultar a nadie".
"No he pretendido hacer reproche personal o particular y no es costumbre de esta fiscal insultar a nadie", replicó Sánchez al destacar que la investigación realizada sobre los atentados del 11-M se ha hecho para "desentrañar" lo que ocurrió aquel "terrible día" y se ha llevado a cabo "dentro de los tribunales y no en otras instancias".
Historia de un atentado
La fiscal Olga Sánchez, realizó una pormenorizada exposición ante el tribunal del 11-M, en la que estableció las conexiones de los principales responsables de la matanza de Madrid con grupos terroristas islamistas y Al Qaeda.
Sánchez relató que los servicios secretos y policiales alertaron ya en 2003 de que las redes del terrorismo islamista se estaban extendiendo por todo el territorio europeo, incluida España.
Durante más de dos horas de exposición, la fiscal se remontó a la creación del grupo islamista que perpetró los atentados de Madrid y su vinculación con la organización terrorista de Al Qaeda, en especial por parte de los tres presuntos ideólogos, Rabei Osman El Sayed "Mohamed el Egipcio", Youssef Belhadj, y Hassan El Haski.
Señaló que Al Qaeda fue el grupo que cometió los atentados de Nueva York y Washington. siguiendo los decretos de sus líderes espirituales, este y otros grupos fundamentalistas, se inspiran y que hay una serie de grupos terroristas locales que con autonomía pueden realizar cuando y donde realizar atentados terroristas.
Abu Dahdah junto con otras personas pertenecientes a los Hermanos Musulmanes, se unen al grupo intelectual del atentado y se empieza a fraguar la idea de ejecutar atentados en España. Se adoctrinaron a varios de los seguidores de Abu Dahdah para este cometido, entre los que se encuentran Mustafá Maymouni, Driss Chebli y Serhane “El Tunecino”.
Serhane El Tunecino y Rabei Osman El Sayed se ponen de acuerdo para llevar a cabo atentados en España. Siguiendo las directrices del grupo Al Qaeda y en respuesta a las detenciones contra miembros de la comunidad musulmana y de la posición del Gobierno de España en la guerra de Irak, se comenzaron a planear estos atentados.
Después del comunicado de Osama Bin Laden ya se estableció la fecha en la que se iban a producir los atentados de Madrid, que no fue elegida al azar, sino que se para hacerla coincidir con una fecha cercana de las elecciones generales del 14-M.
La célula operativa de este grupo estaba liderada por Jamal Ahmidan "El Chino" y Serhane Ben Abdelmajid "El Tunecino", junto con el resto de los siete terroristas que se suicidaron el 4 de abril de 2004 en el piso de Leganés.
El 3 de diciembre de 2003, señaló la fiscal, aparece un mensaje al pueblo español en la web de Global Islamic Media, un aviso de que van a ser atacados.
En busca de publicidad
Los atentados de Madrid demuestran como los terroristas, al elegir el lugar, la fecha, pueden inducir a que sean conocidos a nivel internacional su propósito. De esta forma se les hace una propaganda extraordinaria. Los atentados contribuyeron de una forma determinante a un cambio político.
En su informe, la fiscal relató las andanzas de Suárez Trashorras y los miembros de la trama Asturiana para hacerse con los explosivos y vendérselos a los miembros de la trama terrorista.
Antonio Toro contactó con Rafa Zouhier en la prisión de Villabona. Antonio puso en contacto a Rafa con Trashorras a principios de 2003 para la compra de explosivos. Acudió a la reunión del Mc Donald´s de Carabanchel para tratar el tema de una partida defectuosa de Hachís. Antonio Ivan Reis ha declarado que bajó explosivos ha Madrid porque estaba amenazado por una deuda que tenía con los asturianos. Antonio contactaba con Trashorras y con Carmen Toro.
En cuanto a Emilio Suárez Trashorras, hay que tener en cuenta su careo con Zouhier; las declaraciones de Raúl González Peláez, Javier González Díaz, Sergio Álvarez Sánchez, Iván Granados, Antonio Iván Reis; los informes sobre la placa de matrícula del Toyota Corolla; el informe pericial sobre su estado psíquico; los contactos telefónicos con las personas que venían a Madrid; sus viajes a Madrid, según se desprende de los pagos en peajes.
Carmen Toro era perfectamente conocedora de las actividades de su marido. Asistió a las reuniones de los MacDonald’s. El 26 de febrero a su vuelta del viaje de novios, fue con su marido, Emilio Trashorras, y con Jamal Ahmidan a la finca de Morata.
Ivan Granados se hizo amigo de Trashorras a raíz de su adicción al consumo de drogas. Trashorras usaba su teléfono. Iván vigiló una de las veces que Trashorras acudió a la mina. Ivan conocía los viajes que se estaban haciendo a Madrid bajando explosivos. Tras los atentados comentó a Gabriel Montoya Vidal que “habían sido éstos con los de allí”.
Indicó que la prueba de que Abdelmajid Bouchar es autor material es su huida de España, las declaraciones de Ibrahim Afalah, así como el testimonio del cuñado de éste y los contactos de Abdelmajid con Youssef Behadj. Agustín Heredia Moreno vendió un coche a Mohamed Afalah usando este documentación de Bouchar. Aparecen huellas de Bouchar en Morata y en el piso de Leganés. La testigo 11 le reconoció como la persona que se bajó de los trenes el día de los atentados.
Regular el status de los confidentes
Tras la intervención de la fiscal Sánchez le tocó el turno al fiscal Carlos Bautista, que fue el encargado de concluir el informe final de la Fiscalía exponiendo al tribunal los fundamentos jurídicos sobre los que el Ministerio Público ha basado su acusación y la jurisprudencia aplicable a las pruebas obtenidas durante la investigación del 11-M.
Su intervención se centró en los motivos de nulidad alegados por algunos letrados. Tras defender que todas las pruebas se obtuvieron conforme a la ley, ironizó sobre el celo legalista exhibido por algunos abogados. En este sentido el fiscal criticó que se haya sembrado la duda ante la legitimidad de ciertas pruebas relativas a la intervención de los procesados en el 11-M y manifestó: "por el hecho de que los acusados no se llamen Patxi y no lleven txapela, ¿no es terrorismo? Estamos ante un supuesto terrorismo, la mayor masacre terrorista de la Historia de España".
Además, el fiscal puso de manifiesto la necesidad de regular "el estatus de los confidentes policiales" en el que existen, añadió, "lagunas legales" y se refirió también a la cadena de custodia de determinadas pruebas puesta en duda en diversas ocasiones a lo largo del proceso. Recordó que no es precisa la presencia policial para garantizar esta cadena de custodia y agregó, en referencia a la insistencia de algunos letrados durante los interrogatorios sobre este punto: "A veces es como predicar en el desierto, no hay más ciego que el que no quiere ver ni más sordo que el que no quiere oír".
Rechazo de las “imprevisiones”
El abogado del Estado rechazaba que las "imprevisiones" por parte de las Fuerzas de Seguridad tengan una "relación de causalidad" con el 11-M, tal y como han puesto de manifiesto algunas de las acusaciones en la vista oral.
"Es deseo de todos prevenir un hecho delictivo", subrayó el representante jurídico del Estado, que añadió que "considerar que esta imprevisiones tienen una relación de causalidad con los atentados supone un salto cualitativo que no se puede dar".
Según destacó, la investigación llevada a cabo por las Fuerzas de Seguridad a raíz de los atentados de Madrid fue "extremadamente eficaz" y obtuvo un "resultado palpable en poco tiempo".
La Abogacía estima que la instrucción del proceso fue escrupulosa, adhiriéndose a los hechos, la calificación y la penalidad que ha puesto de manifiesto la Fiscalía. Por ello, “no puede más que adherirse al informe de la Fiscalía, pues sería una osadía no hacerlo. La Abogacía se adhiere, en virtud de los principios de legalidad y objetividad, a la retirada de la acusación respecto de dos de los procesados, efectuada por la Fiscalía”, afirmó.
El abogado del Estado explicó que se han pagado unos 64 millones de euros a las víctimas a través de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.
Además dijo que el Estado ha abonado más de seis millones de euros al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y 300.00 euros a Renfe Operadora tras los atentados del 11-M.
Apuntó también que las indemnizaciones por daños materiales provocados a causa de la masacre han sido abonados a través del Consorcio de Compensación de Seguros, al que el Estado "ha complementado" ya varios pagos.
Recurso de amparo
Las defensas de los 28 acusados por los atentados del 11-M elevaron el lunes a definitivas sus conclusiones provisionales y solicitaron la absolución de sus clientes, así como la nulidad de las actuaciones y una de ellas anunció que presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por indefensión.
Así lo manifestaron en la jornada cuadragésimo sexta del juicio por los atentados en la que todos los letrados de los 28 acusados -en un principio eran 29 pero el pasado 4 de junio el tribunal absolvió a Brahim Moussaten, al haber retirado todas las acusaciones las peticiones de pena que reclamaban inicialmente para él- reclamaron la absolución de sus clientes al considerar que no han quedado probados los delitos que les imputan.
En concreto, el abogado que representa al acusado Rafá Zouhier, Antonio Alberca, solicitó para su cliente, para el que la Fiscalía pide 38.958 años de cárcel al que considera figura "determinante" para la obtención de los explosivos del 11-M, que en caso de ser condenado se le aplique la atenuante de confesión a las autoridades y arrepentimiento.
Más recursos anunciados
La letrada Carmen Pérez Calero, que defiende al acusado Sergio Álvarez, anunció en sus conclusiones definitivas que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 24 de la Constitución, que entre otros recoge el derecho a la presunción de inocencia, al considerar que se ha producido indefensión en relación a su patrocinado.
Por su parte, la defensa que representa al procesado Rachid Aglif, "El Conejo", Andreas Chalaris, se adhirió a la petición de sus compañeros de solicitar la nulidad de las actuaciones y reclamó que se deduzca testimonio a "ciertos testigos y peritos" que han comparecido en la vista oral.
La abogada defensora de Antonio Iván Reiss, acusado de transportar parte de los explosivos del 11-M y que él dijo que creyó que se trataba de hachís en mal estado, propuso que si se condena a su cliente se le tenga en cuenta la atenuante de miedo insuperable.
La defensa de uno de los considerados ideólogos de los atentados, Rabei Osman El Sayed, "Mohamed El Egipcio", reclamó la absolución de su cliente y además de la nulidad de la causa pidió en concreto la de la comisión rogatoria practicada a su cliente en Italia, país donde fue detenido el 7 de junio de 2004.
Por otra parte, durante un receso de la vista se celebró a puerta cerrada una vistilla. El Presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, advirtió de que en cumplimiento del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para revisar la situación procesal de los acusados que se encuentran en libertad provisional, para los que ahora se ha modificado la petición de pena solicitada inicialmente para ellos, las audiencias no pueden ser públicas, sino que se celebran a puerta cerrada con la comparecencia únicamente de las acusaciones que la solicitaron, la acusación afectada y el Ministerio Fiscal.
El juicio se reanudará mañana a las 10.00 horas con la continuación de la exposición del informe final de la Fiscalía, en una jornada en la que está previsto que comiencen su informe el resto de las acusaciones.
La intervención en Irak
Por su parte, el abogado de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Antonio Segura, señaló que ese atentado "fue más horroroso" porque estuvo dirigida contra personas "que se habían posicionado, como la mayoría de la sociedad española, contra la guerra de Irak".
Añadió que "el 11-M no fue un accidente sino una planificación minuciosa" como respuesta a la intervención de España a la guerra de Irak, representada en la llamada "foto de las Azores" y criticó la "hipocresía" del Gobierno de entonces (del PP) por no tomar medidas de seguridad para contrarrestar esa decisión.
El abogado Antonio Segura que representa a la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, que preside Pilar Manjón, señalaba que ese atentado "fue más horroroso" porque estuvo dirigida contra personas "que se habían posicionado, como la mayoría de la sociedad española, contra la guerra de Irak".
Así lo manifestó el letrado durante su informe final en la jornada cuadragésimo séptima del juicio por los atentados en la que dijo que "el 11-M no fue un accidente sino una planificación minuciosa" como respuesta a la intervención de España a la guerra de Irak, representada en la llamada "foto de las Azores".
En este sentido criticó la "hipocresía" del Gobierno de entonces (del PP) por no tomar medidas de seguridad para contrarrestar esa decisión, a pesar de los informes que alertaban de la posibilidad de que se produjeran atentados en España, sobre todo desde los atentados de Casablanca (Marruecos) en mayo de 2003, subrayó.
"Las personas que iban en los trenes eran trabajadores, eran personas pacíficas, eran personas que se habían posicionado, como la mayoría de la sociedad española, en contra de la guerra de Irak, eran personas que en su mayoría su único deseo era el de vivir en paz con el resto de seres humanos que tenían alrededor, fueran o no de la misma religión", apuntó.
Criticas sobre algunos peritajes
Respecto a los explosivos que se emplearon en los atentados, Segura manifestó que ha quedado probado que en Mina Conchita existía dos marcas de dinamita: Goma 2 ECO y Goma 2 EC, y dijo que aunque el informe final no ha determinado qué tipo de dinamita explotó en los trenes, "sabemos que fue dinamita lo que mató a la gente".
Añadió además que "las personas que no saben de explosivos deberían abstenerse de hablar de explosivos", en alusión a algunos de los ocho peritos que elaboraron la nueva pericia para la vista oral.
El letrado también se refirió a la traducción de las conversaciones en las que el acusado Rabei Osman El Sayed, "Mohamed El Egipcio" se atribuye la autoría intelectual del 11-M que provocaron discrepancias entre los intérpretes que las tradujeron en Italia, país donde fue detenido este procesado, y los que después las tradujeron por segunda vez en España.
En su opinión, la traducción "parece contradictoria" porque, a la vez que este acusado dice que "estaba al tanto previamente" también señala que "lo que iba a pasar no me dijeron", lo que el abogado explicó como que en la primera se refiere a la comisión de los atentados de los trenes y en la segunda al suicidio colectivo de Leganés.
Además, destacó que las víctimas a las que representa pidieron a su equipo jurídico que "no se acusara a nadie si no había pruebas suficientes para ello", y justificó así la retirada de la acusación de Brahim Moussaten, a pesar de considerar que formaba parte del "aparato de mugas" (cruce de fronteras) al igual que su hermano Mohamed.
Nunca afirmó que fuera ETA
El abogado José María de Pablo, representante de la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M, acusó al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de haber faltado al respeto a las víctimas que representa por haber calificado ayer su actuación en el juicio de "esquizofrenia procesal" y acusarles de confundir su papel con el de las defensas.
"Esquizofrenia procesal no es tratar de investigar a todos los que están implicados, ni tratar de averiguar si hay alguien más implicado aparte de los que están acusados", insistió De Pablo al exponer su teoría de la "cuarta trama" que "no sabemos quiénes son", aunque "lo que tengo son indicios claros de que hay algo más".
Justificó que ha sido "el ruego" de las "cientos de víctimas" a las que representa "a que indague esas cuestiones" la que le ha llevado a desarrollar su estrategia procesal y agregó que aunque en el juicio "hice preguntas referentes a ETA", "nunca he llegado a afirmar" que los atentados o algunos de los acusados tengan relación con ETA, "pero tampoco lo hemos negado".
El abogado José María de Pablo, que ejerce la acusación por la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M, ha acusado al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de haber faltado al respeto a las víctimas que representa por haber calificado su actuación en el juicio de "esquizofrenia procesal".
El letrado respondió así a las críticas que dirigió ayer Zaragoza a algunas acusaciones, concretamente a la de De Pablo y a la de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), por haber confundido, según dijo, su papel con el de las defensas por sus intentos "desesperados" de encontrar "una trama policial a la que convertir en responsable último de los atentados" o a otros autores distintos a los que apuntaba la investigación, como ETA.
De Pablo defendió haber actuado en todo momento como acusación en el juicio y recordó que es la que más pena solicita para los 28 acusados que se sientan en el banquillo, "porque consideramos que ha quedado acreditada su participación" en los atentados.
Sin embargo, añadió, a la asociación que representa también le parece que "aquí no está toda la verdad" y por eso "hemos intentado buscar esa otra parte que falta dentro de los hechos que ocurrieron el 11-M".
Por ello, señaló, aunque en el juicio "hice preguntas referentes a ETA", "nunca he llegado a afirmar" que los atentados o algunos de los acusados tengan relación con ETA, "pero tampoco lo hemos negado".
"Lo que sí nos llama la atención es el esfuerzo del Ministerio Fiscal y alguna parte de la Policía por descartar la intervención de ETA" en el 11-M y a este respecto hizo referencia al caso del ácido bórico.
En cuanto a su teoría de la "cuarta trama", de la que deseó que "en un futuro" aparezcan pruebas sobre sus componentes, explicó que la primera se las tramas es la denominada "trama asturiana de los explosivos" y que defiende que fue la que facilitó la dinamita empleada para los atentados y que sólo fue Goma 2 ECO, descartando que también se utilizara Goma 2 EC como sostiene la Fiscalía.
La segunda trama, relató, estaba formada por delincuentes comunes y era la liderada por el suicida Jamal Ahmidan, "El Chino", y en algún momento contactó con la tercera trama que es la de "los verdaderamente yihadistas", cuyo líder era Serhane Ben Abdelmajid "El Tunecino", quien también se inmoló en Leganés.
La AVT cree que no se ha acreditado la autoría de ETA
El miércoles , el abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Emilio Murcia, aseguró que "no se ha acreditado que la organización terrorista ETA tuviera hoy una participación en los hechos que se juzgan", manifestándose así en contra de las tesis que hasta ahora ha mantenido esta acusación.
Murcia hizo esta afirmación en la cuadragésimo octava sesión del juicio -en la que también intervinieron dos acusaciones particulares- durante la exposición de su informe final en el que por primera vez esta asociación deshecha la posibilidad de que la organización terrorista etarra esté detrás del 11-M.
Hasta ahora la AVT había mantenido que ETA estaba implicada en los atentados y de hecho, el 23 de marzo de 2004, presentó una querella en el juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba la masacre en la que afirmaba que ETA "tuvo que ser" quien facilitó la infraestructura del 11-M.
La Audiencia Nacional desestimó esta querella "en atención a la absoluta indeterminación en que se funda y a las suposiciones en que se basa".
Reclamó saber "quiénes estuvieron detrás de la ideación de los atentados", pese a que su propio escrito señala a los islamistas Yusef Belhadj y Hasan el Haski como "dirigentes" e inductores" de los hechos. Y afirmó que quedan "dudas" sobre la relación con los confidentes, destacando la "ligereza" con que actuó el guardia civil Víctor con Rafá Zuhier.
Aún así, y a pesar de rechazar él mismo la implicación de la banda terrorista en el 11-M, el abogado mostró la "extrañeza" que le ha causado la "multiplicación de esfuerzos" que se han realizado "para expulsar la posible responsabilidad de alguien, del que la propia instrucción no revelaba ningún indicio", ya que, según dijo, desde el mismo 12-M la vía de ETA "estaba apartada".
Esquizofrenia procesal
El abogado, afirmó que en el juicio "hay grandes ausentes" y defendió la necesidad de que la investigación continúe. "No nos conformamos, queremos saber quienes fueron las personas que estuvieron detrás de la ideación de los atentados", aseguró.
Murcia también respondió a las críticas que dirigió a su acusación el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, a la que acusó de "esquizofrenia procesal", señalando que quien incurrió en "esquizofrenia procesal" fue la Fiscalía al retirar en un juicio la acusación contra el portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi.
"Esquizofrenia procesal, eso es como llamamos a los escritos" de la Fiscalía "actuando de defensa para terminar retirando la acusación a determinados dirigentes abertzales", manifestó el letrado de la AVT Emilio Murcia, en alusión a la actuación de la Fiscalía en un juicio a Otegi por el homenaje a la etarra Olaia Castresana celebrado el pasado 21 de marzo.
El abogado lamentó "las descalificaciones que se han producido a esta acusación y a otras que han discrepado y que han querido sumar más a lo que estaba en los escritos y a la llamada versión oficial".
"Preguntar es legítimo y discrepar es legítimo y aquí se nos ha querido poner el burka del pensamiento intelectual único", denunció.
Recordó además que a una de las víctimas que representa se le llegó a conminar a que "dejara de decir lo que dejara de decir y que diera gracias por estar vivo", en referencia a un episodio que supuestamente ocurrió durante el juicio entre esa víctima y la fiscal Olga Sánchez.
"La AVT y las asociaciones particulares a las que patrocino hemos acusado a las personas que estaban siendo juzgadas y no se puede decir que hemos sido defensa porque no hemos buscado la absolución de los acusados", dijo.
Un poso de sombra
Murcia consideró además que se ha hecho una "interpretación equivocada" de sus conclusiones definitivas en las que señalaban que no ha quedado acreditado que el 11-M "tuviera lugar por el designio de ninguna organización terrorista, fuera cual fuera su orientación" y que sí ha quedado demostrado que "gran parte de los imputados" estaban "colaborando con diferentes fuerzas policiales".
En este sentido, apuntó que las afirmaciones que se han vertido de que la AVT "ha montado una teoría de la conspiración" y de que acusa a las Fuerzas de Seguridad "de estar detrás de los atentados" son "equivocadas" y consideró que lo que es cierto "es que nos queda un poso, una sombra de cuál ha sido el trabajo de los confidentes policiales".
Respecto al informe final de explosivos, que no determinó qué tipo de dinamita explotó en los trenes, Murcia señaló que estos "análisis exhaustivos" debían haberse realizado hace tres años, después de que las primeras pruebas realizadas por los TEDAX indicaran que había componentes de dinamita.
El letrado de la AVT indicó que, en su opinión, obtener la composición exacta de la dinamita empleada "no hubiera acreditado una autoría" ya que se hubieran necesitado otras pruebas que apoyaran el indico arrojado por el tipo de explosivo.
También criticó que el Ministerio Público se conformara durante los tres años de instrucción con los análisis iniciales sobre los explosivos. Unos análisis que determinaron que había componentes de dinamita pero no especificó qué componentes. No fue la fiscal la que instó al juez instructor a que ordenara nuevos análisis sino que, tras años después, el tribunal del 11-M, con Gómez Bermúdez a la cabeza, ordenó esa prueba pericial que determinó que había DNT y nitroglicerina en los restos de explosivos, dos componentes que descartan la Goma 2 Eco.
Críticas a la instrucción
La AVT, señaló, encuentra objeciones a la forma en la que se ha llevado a cabo la instrucción, realizada con los criterios exclusivos y excluyentes del Instructor y del Ministerio Fiscal, sin participación de las acusaciones. De hecho, sentenció, “éstas se han enterado de detalles por la prensa”.
Y continuó afirmando que el secreto sumarial ha afectado a la defensa. “Además se ha obrado de forma inadecuada en cuanto a la recogida de muestras de los focos y ¿qué prisa hubo en destruir los trenes?”, se preguntó en alta voz.
"Aquí ha naufragado la investigación", apostilló el letrado al criticar la escasez de muestras que se entregaron a los ocho peritos que han elaborado esta nueva pericia, y añadió que algunos de ellos mostraron en la vista "una no disimulada intención de apuntalar una idea preconcebida: la teoría de la conspiración, que quedó en una mera ideación".
El letrado de la AVT indicó que, en su opinión, obtener la composición exacta de la dinamita empleada "no hubiera acreditado una autoría" ya que se hubieran necesitado otras pruebas que apoyaran el indico arrojado por el tipo de explosivo.
Agradecimientos y apoyos
A continuación, intervino el abogado de la acusación particular ejercida por Pilar Manjón, Antonio García, que dejó constancia de las escasas discrepancias con el informe final de la Fiscalía y coincidió con el fiscal en el hecho de que determinadas partes de la causa han sufrido una "esquizofrenia procesal" que les ha conducido a transmutar sus papeles pasando de acusación a defensa.
Preguntó a las asociaciones alineadas con la "teoría de la conspiración" por qué reclaman otro juicio para saber quiénes están detrás del 11-M. Él mismo se contestó, relatando los errores cometidos por los "conspiradores" a lo largo del juicio.
Puso como ejemplo el numeroso número de preguntas lanzadas a lo largo del juicio y dirigidas a insinuar una posible participación de ETA en los atentados. "¿Cómo se puede seguir manteniendo esta teoría después de cuatro meses de visto".
Destacó que Pilar Manjón ha sido durante este tiempo objeto de una campaña de "insultos y descalificaciones". Al igual que Murcia, agradeció al tribunal su forma de conducir el proceso.
Antonio García proclamó que nadie puede pasar meses denunciando que no se quiere investigar la hipotética participación de ETA en el 11-M y decir ahora que no ve justificación a tal cantidad de informes que además no aportan nada a la causa.
Sobre el sumario, señaló que sólo en uno de los focos de las explosiones se encontró nitroglicerina (tytadine). Y esta pericia la hizo “un cristalero”, ajeno al trabajo con explosivos, “por lo que su versión carece de credibilidad. No debe valorarse la pericial de quienes no están especializados en materia de explosivos”.
Carmen Toro implicada
Respecto a la trama asturiana, explicó que sorprende la retirada de la acusación contra Javier González. Se mantiene un más dura acusación contra Carmen Toro. A Emilio Llano se le acusa de falsedad. Se entiende que la “trama asturiana” constituye una asociación ilícita formada por tres o más miembros, con permanencia y con fines de cometer hechos delictivos. De hecho en la sentencia de la Operación Pipol se dice que Antonio Toro y Trashorras vendían explosivos: ya se puede situar en el año 2001 a estas personas en el ámbito del tráfico de drogas y de explosivos.
El núcleo directivo de la organización asturiana lo forman Carmen Toro (que ejerce funciones de coordinación entre su hermano y su marido y ejerce funciones de dirigente), Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras. Carmen Toro no sólo conoce las actividades de ambos sino que controla la agenda de su marido, Emilio Trashorras. Hay además un tráfico fluido de llamadas entre esas tres personas. Las llamadas del teléfono de Carmen Toro se han de atribuir exclusivamente a ella: atribuírselas a Trashorras es un ejercicio de defensa pero que no se sostiene.
De Carmen Toro (para quien solicita 38.000 años de cárcel) dijo que conocía las actividades de su entonces marido, José Emilio Suárez Trashorras, y que participaba activamente en ellas. Con Zouhier fue especialmente contundente, al definirlo como un «asesino a sueldo y una persona violenta y peligrosa».
Javier González Díaz, conocido como El Dinamita es el lugarteniente de Trashorras. Se comprueba ello a través de sus contactos teléfonos. Javier González también tenía tráfico de llamadas con otros miembros de la organización. Había que tratar primero con él para contactar con Trashorras. Él contactaba con las personas que se dedicaban al tráfico de hachís.
Respecto a la trama asturiana, sorprende la retirada de la acusación contra Javier González. Se mantiene una más dura acusación contra Carmen Toro. A Emilio Llano se le acusa también de falsedad.
Discrepó, finalmente, con la acusación de la Fiscalía en cuanto a Rafa Zouhier y Fouad el Morabit (a éste le considera dirigente).
El juicio se reanudará el próximo lunes día 18 a las 10.00 horas.
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