El abogado defensor de Basel Ghalyoun, José Luis Abascal, anunciaba hoy, durante la quincuagésima primera jornada del juicio por el 11-M que comulga con la existencia de una “cuarta trama que ha colocado pruebas falsas”, al tiempo que denunciaba que "alguien frenó la investigación" del 11-M, lo que ha provocado indefensión en los acusados, y que, al igual que hace años ocurrió con el "caso de la colza", en este proceso han estado presentes "intereses espurios" de las "cloacas del Estado".
En este sentido, manifestó que "si ETA tuvo algo que ver con el 11-M, estoy seguro de que lo sabremos en poco tiempo" y añadió que, aunque no sabe si tuvo alguna implicación en la masacre, "los abogados creemos pocos en las casualidades".
Abascal ha considerado que la Fiscalía, que retiró la imputación de Ghalyoun como autor material del 11-M por falta de pruebas, ya que la testigo que lo reconoció en los trenes se retractó en el juicio, y pide ahora para él 12 años de cárcel por pertenencia a banda terrorista, "ha sacado de la nada acusaciones desmedidas" porque no se ha aportado ni una sola novedad acusatoria desde el punto de vista de los hechos.
Negó también la participación del resto de los acusados, de los veintiocho y acusó a la Fiscalía de intentar implicarles en virtud de "oscuros intereses generales e hizo referencia al conocido como juicio de la colza, sobre el que afirmó que no se pueden "tapar los crímenes con aceite o Goma 2" porque "al final pagamos siempre los mismos".
Abascal señaló que los atentados de corte islamista se caracterizan por que quienes los perpetran suelen estar en contacto con Al Qaeda y por la presencia de terroristas suicidas en los lugares que atacan, lo que, según dijo, no ocurrió en el 11-M, ya que "en 2004 ningún procesado tuvo contactos con Osama Bin Laden ni con nadie" de la red terrorista.
Para el defensor, la instrucción de este caso es “una novela histórica de ficción en la que Virgen del Coro (nombre de la calle en la que estaba la vivienda de algunos de los procesados) es Bin Laden” y explicó que los procesados “durante todo este tiempo han tenido la misma persecución que los negros en la Alabama de los años cincuenta” e, incluso llegó a preguntar si esta situación podría calificarse de `limbo jurídico’ como el de Guantánamo”.
Tras pedir la nulidad de las actuaciones por, entre otros motivos, el secreto de la causa, que ha provocado que el proceso adolezca de "una grave enfermedad, como si sufriera un cáncer con metástasis", Abascal consideró que el único silencio es el de la instrucción, y dijo: "es evidente que alguien frenó la investigación, que alguien no quiso investigar más y provocó una enorme indefensión a los acusados".
Culpas a la instrucción y a la Fiscalía
Comentó que las pruebas relacionadas con la dinamita utilizada en la mayor tragedia de la historia de España merece "más medios humanos y técnicos que una sola perita química de los TEDAX" y dijo que nadie ha podido explicar "y a todos nos parece insólito" la forma en que se ha apartado a la Policía Científica de la investigación.
Afirmó que el análisis sobre los explosivos "no ha aclarado nada, lo cual es , responsabilidad tanto de la instrucción como de la Fiscalía”. "La responsabilidad de que no existan muestras que analizar, de que no existan trenes, de que se hallan quemado efectos personales corresponde a la instrucción y a la Fiscalía y no pueden trasladarla a nadie", aseguró.
Sobre el gorro con huellas de Ghalyoun hallado entre los escombros del piso de Leganés, Abascal justificó su presencia en esa vivienda porque el suicida Rifaat Anouar lo cogió junto a otros objetos del local de la calle Virgen del Coro, donde residía Basel con otros acusados, y recalcó que allí no se hallaron más huellas.
Recordó además, durante las más de dos horas que duró su exposición, la declaración que prestó el inspector jefe de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Policía, quien manifestó que su cliente, al que definió como "simplemente un musulmán practicante", no conocía al suicida Serhane Ben Abdelmajid, "El Tunecino", y que "no seguía sus pasos ni sus órdenes".
Víctimas de la situación
Además de Abascal, expusieron sus informes finales las defensas de los acusados Raúl González, "El Rulo", Mohamed Moussaten y Fouad El Morabit, representados por los letrados Endika Zulueta, Miguel García Pajuelo y Eva Aragón, respectivamente.
La defensa del acusado Raúl González, "El Rulo", aseguró hoy que la declaración inculpatoria del coimputado Iván Granados tiene "valor cero", porque este procesado reconoció en el juicio que dijo a la Guardia Civil que "El Rulo" era quién facilitaba los explosivos a Emilio Suárez Trashorras a cambio de una "pizza" y porque "le ponían en la calle".
Zulueta, durante la exposición de su informe final con el que intentó demostrar que "no hay prueba de cargo suficiente" para condenar a su cliente, compañero del ex minero Trashorras en Mina Conchita, para quien el fiscal pide 8 años de cárcel por asociación ilícita y por suministro de explosivos, sentenció que "no sé si están todos los que son. Lo que sí sé es que todos los que están no son".
El letrado dijo que todas las partes están de acuerdo en unas premisas básicas: "que fue un grupo yihadista, que cometió los atentados con explosivos de Mina Conchita, que intentó atentar contra el AVE y que los miembros del juicio se suicidaron en Leganés". Por eso, añadió que "falta la intervención de las veintiocho personas que están acusadas", y destacó, que los acusados "se sienten víctimas de esta situación, pero se les ha hecho ver que hay otras personas que sienten un dolor mayor que el suyo y que también buscan la verdad". "Queremos encontrar esa verdad porque puede ayudar a la absolución de nuestros clientes y también mitigar el dolor que ellos sufren", destacó.
Zulueta recordó que Raúl González dejó de trabajar en Mina Conchita el 7 de diciembre de 2003 y comenzó a hacerlo en Mina Collada, una explotación "con más seguridad" que la primera, por lo que era "imposible" que sustrajera la dinamita para Trashorras, que supuestamente se la facilitó a la célula que perpetró la masacre entre enero y febrero de 2004.
Cambio de mina
Reprochó además a la empresa que gestionaba Mina Conchita, Caolines de Merillés, por permitir "un estado absoluto de descontrol y abandono" en la explotación, y a la Guardia Civil, al considerar que tuvo responsabilidad porque si en la mina había tal descontrol, la intervención de armas de este Cuerpo debería haberlo constatado.
Zulueta destacó también la paradoja de que en un inicio, cuando se produjo su encarcelamiento, se le imputaba también un delito de pertenencia a banda terrorista islamista. "No había salido en su vida de su pueblo, Tineo, y no había visto a un árabe en su vida", dijo Zulueta, señalando que durante el proceso su cliente "pensaba" que "lo tenía engañado" ya que a lo largo de las diferentes sesiones de la vista "nadie hablaba de él". porque "no existe ninguna prueba contra él". "¿Cómo puede ser que veintitrés acusaciones y los tres fiscales no aporten ninguna prueba contra él?, manifestó.
Se refirió, a continuación, a los confidentes policiales y manifestó que tras escuchar los testimonios de los controladores de los acusados Rafá Zouhier y Suárez Trashorras -el alférez Víctor de la Guardia Civil y el ex jefe de estupefacientes de la Comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez, "Manolón", respectivamente- ha quedado constancia de que las Fuerzas de Seguridad "iban un paso por detrás" y de que "ha mentido mucha gente".
El letrado relató que se debía haber deducido testimonio a más personas que al ex director general de la Policía, a quien se le abrió un procedimiento por negarse a revelar la identidad de la persona que dijo haberle hablado de la supuesta vinculación de ETA con el 11-M, al menos en lo que se refiere a "la trama asturiana", agregó.
Pérdida de tiempo
Apuntó que algunas acusaciones han dicho que no están todos los que son, a lo que agregó que "no son todos los que están y Raúl González está entre los que no son", por lo que reclamó su absolución.
Zulueta consideró que en el juicio se ha perdido el tiempo "entre el quién no ha sido y han sido otros, como un partido de pin-pong" en el que algunas partes procesales "han pasado el tiempo entre la cuarta trama y el quinto elemento, en definitiva hablando de los otros", lo que calificó como sorprendente.
El letrado se refirió a las cuestiones de nulidad que ha planteado y señalo que se ha vulnerado el principio acusatorio y el derecho a la defensa, ya que no ha existido ninguna prueba de cargo contra Raúl González.
Apuntó también el secreto de la causa -algo más de dos años- como causa de que "la igualdad de armas entre defensas y acusación ha brillado por su ausencia".
"Esto ha sido una carrera, en la que los abogados defensores, hemos corrido con los píes atados", exclamó Zulueta, que añadió: "no pasa nada, vamos con los pies atados pero vamos a ganar nosotros".
Sostuvo que el silencio de su cliente -sólo contestó al interrogatorio de su defensa- no puede ser un indicio de culpabilidad como argumenta alguna de las acusaciones, ya que sólo podría ser valorado así, si ese silencio hubiera sido la respuesta a preguntas incriminatorias y eso, según dijo, "no ha ocurrido".
Un mal estudiante
Por su parte, la defensa del acusado Fouad El Morabit, Eva Aragón, consideró hoy que la mayoría de las imputaciones que se han vertido sobre su cliente han sido "gratuitas" y ponen de manifiesto una "grave ligereza al acusar" por parte de algunas acusaciones, lo que calificó de "imprudente y no de malicioso".
"Ha habido una batería de acusaciones, como un verbena, a ver quién acusa más", sostuvo la letrada, Aragón, quien resaltó, que a pesar de que a lo largo del juicio se ha dicho que su cliente es muy inteligente y culto "no es una persona del otro mundo". Le calificó como alguien "normal y corriente" con intención de descartar que pudiera ocupar en el grupo terrorista islamista que llevó a cabo los atentados un papel de ideólogo.
"Es incluso un mal estudiante", destacó la letrada que añadió que lo que sí es El Morabit es "un hombre que siente, padece, sufre". "De ninguna forma ese cristal de la mampara le ha protegido de la batería de acusaciones que se han vertido contra él, la mayoría de ellas gratuitas", apostilló.
Según explicó, se han atribuido los cargos a su cliente "arbitrariamente", "sin respeto al sumario ni a las pruebas practicadas", lo que, para ella, pone de manifiesto una "grave ligereza al acusar" porque parece que las acusaciones "no se dan cuenta de que hace mucho daño al acusado"
"Ni siquiera la gravedad de los hechos justifica la actitud de las acusaciones, la que califico de imprudente y no de maliciosa", agregó.
Aseveró, la letrada, que si su cliente hubiera tenido importantes relaciones internacionales en Londres, Bélgica u otros países extranjero "hubiera intentado darse a la fuga después de su detención, ya que le arrestaron y le pusieron nuevamente en libertad en dos ocasiones. "Si esa red existiera y el hubiera ostentado la comandancia hubiera huido", afirmó.
También destacó los únicos elementos probatorios contra su cliente: el cruce de llamadas con Rabei Osman El Sayed, "Mohamed El Egipcio" y con el suicida Jamal Ahmidan, "El Chino"; las "confusas y polémicas" conversaciones de "El Egipcio", de las que cuestionó la legalidad de su traducción ; vivir tres meses en el local de la calle de Virgen del Coro, donde supuestamente se visionaban vídeos de la Yihad, y que la tarde del 11-M estuviera en ese lugar.
En su opinión, de esas pruebas, no ha quedado acreditado los hechos que le imputan a Fouad y criticó que en la vista se haya reprochado las "prácticas religiosas" de los acusados, pues "nada de eso debe ser soporte en el que se deba fundamentar la acusación".
Además, Aragón calificó el procedimiento de "viciado" y, al igual, que han hecho los compañeros que intervinieron anteriormente, consideró que se han violado algunos derechos fundamentales de los acusados.
Sobrino de Belhadj
El letrado del acusado Mohamed Moussaten, Miguel García Pajuelo, ha asegurado que "todo el elemento de imputación" que existe contra su cliente "queda reducido" a que es sobrino de Youssef Belhadj, uno de los supuestos ideólogos del 11-M, que también se sienta en el banquillo de los procesados.
García Pajuelo reclamó la absolución de Moussaten, para quien la Fiscalía solicita seis años de cárcel por colaboración con organización terrorista y cuyo hermano, Brahim, fue absuelto por el tribunal al retirar las acusaciones que había contra el.
"Todo el elemento de imputación queda reducido a que Mohamed es sobrino de Youssef Belhadj. Ese es el único motivo de imputación", recalcó el letrado al señalar que no ha quedado probado que su cliente haya colaborado con una banda terrorista o que integre una asociación terrorista.
Agregó que su cliente "nunca mantuvo con su tío otra relación que la de carácter familiar" y destacó que ni siquiera en este aspecto el contacto fue excesivamente estrecho ya que en un periodo de quince años "solo le vió en cuatro ocasiones".
Explicó que los hechos que le imputa la Fiscalía y las acusaciones se basan en un informe de la Dirección General de la Policía que se argumenta en "pruebas que no tienen consistencia" ya que, según dijo, son datos de cuando se estaban realizando las primeras investigaciones de los atentados.
Entre las informaciones que aparecían en ese documento, el letrado citó las reuniones en la mezquita de Leganés a las que acudía su cliente, su hermano, Belhadj, el acusado Abdelmajid Bouchar y el huido Mohamed Afalah y el hallazgo en el domicilio de Moussaten de una fotocopia del pasaporte de su tío Youssef, lo que consideró "absolutamente normal" al ser familia.
El letrado insistió en que no ha quedado acreditado que Mohamed forme parte de ninguna organización terrorista ni tampoco que haya colaborado con ella. Es lógico, dijo, que una persona que quiere conseguir el teléfono de alguien en el extranjero acuda a casa de su familia para pedírselo y dio la casualidad de que quien estaba allí ese día era Mohamed Moussaten.
Presiones y amenazas
Destacó que esas referencias del informe policial son "absolutamente ambiguas" y "ni siquiera sirven como referencia para dejar constancia de que cometió un hecho delictivo".
El letrado pidió la nulidad del interrogatorio al que fue sometido su cliente tras ser detenido el 1 de febrero de 2005, durante el cual, según el abogado, se produjeron abusos y malos tratos de los funcionarios policiales, que amenazaron a Moussaten para obligarle a declarar inculpando a su tío Youssef.
Denunció que Mohamed, que tenía 19 años cuando fue detenido, fue presionado y amenazado durante el interrogatorio y que incluso le llegaron a advertir de que "le cortarían las manos, le enviarían a Marruecos o se pasaría cuarenta años en la cárcel", si no decía lo que ellos le indicaban.
"Hubo un uso abusivo de la legislación y una lesión de los derechos fundamentales de la persona", destacó García Pajuelo, que agregó que, "con todo esto, queda argumentada que toda la declaración de Mohamed Moussaten queda viciada por la actuación de la Policía que le indica qué es lo que tiene que declarar".
Según aquella declaración, Moussaten, que también denunció esos malos tratos en la vista oral, declaró que sabía que su tío pertenecía a Al Qaeda, "porque así se lo dijo" éste cuando fue a visitarle a Bélgica en diciembre de 2004, e indicó que le hablaba de la Yihad, que trató de convencerle para que se fuera a Afganistán y que en una ocasión le dijo que "esta vida no vale para nada".
Sin embargo, su defensa señaló hoy que el motivo de ese viaje a Bélgica fue para comprarse un coche y añadió que el hecho de facilitar el número de teléfono de su tío ala huido Afalah, no es "ningún motivo para incriminar a una persona ni mucho menos acusarle de colaboración con banda armada".
El juicio proseguirá mañana día 21 a partir de las 10,15 horas.
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