El abogado Gonzalo Boyé, que representa a la acusación particular de Angélica María Geria Cortés y a su hijo menor de edad, ha responsabilizado hoy, en la jornada cuadragésima novena del juicio por los atentados del 11-M, al Estado de la masacre al considerar que cometió un fallo de vigilancia y en la elección de mandos.
"Fueron a atracar el banco y les dejamos las puertas abiertas y mientras sonaban las alarmas nos fuimos a comer", explicó el letrado al destacar la falta de previsión y vigilancia que había por parte del Gobierno en materia de seguridad relativa al terrorismo islamista.
Así, señaló que la existencia de células islamistas en España no estaba suficientemente controlada, dado que los esfuerzos estaban en 2004 dirigidos a un único objetivo, la lucha contra la banda terrorista ETA.
Boyé remarcó también que la sentencia no puede ser abierta, “para dejar franca la puerta a la posible participación de ETA, sino que debe acotar al máximo posible los hechos delictivos y la participación de los procesados, por que lo contrario es ilegal". "En este juicio todos hemos perdido algo, y algunos hasta la vergüenza", argumentó.
Mientras tanto, el abogado Juan Carlos Rodríguez Segura, letrado de la acusación particular constituida por Ángeles Pedraza Portero y otros afectados y colaborador de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, no ha descartado que ETA tuviera algún tipo de participación en los atentados, aunque reconoció que no tenía pruebas que respaldaran sus sospechas porque, aseguró, no se ha investigado esta posible teoría.
"No se puede decir mucho más sobre ETA, pero desde luego que no vamos a indultarla. Creemos que está ahí y punto, pero no tenemos la prueba fundamental", aseveró el letrado.
Paraguas ideológico
Boyé, por su parte, señaló que la huelga de hambre que llevaron a cabo, entre otros, los tres supuestos ideólogos del 11-M, es un "indicio suficiente" de la condición de dirigentes que tenían estos procesados dentro de la célula que planeó los atentados.
Se refirió a la protesta que mantuvieron desde el 10 de mayo hasta el 21 de ese mes los procesados Rabei Osman el Sayed, "Mohamed El Egipcio", Hassan El Haski y Youssef Belhadj, quienes con esa decisión "intentaron chantajear" a la sala.
Para el abogado, el tribunal debe valorar esa decisión puesto que, según explicó, tras anunciar los tres supuestos ideólogos del 11-M la huelga de hambre, "les siguieron" algunos del resto de acusados que están presos, los que, a su juicio, son "los otros miembros de la organización", precisó.
El letrado manifestó también que ha quedado probado que la red terrorista Al Qaeda es el "paraguas ideológico bajo el que se nutren esas personas" y consideró que "no es baladí" la organización que formaban parte de los acusados porque "sólo así se entenderá cómo lo hicieron " y subrayó que el 11-M se pudo llevar a cabo "con la suma de unos pocos que lleva al conjunto".
"Cada cual ha hecho algo que ha hecho posible esto. Uno robó los coches, otros los explosivos...", añadió el letrado al relatar que lo que en este proceso se enjuician "no son personas peligrosas sino acciones peligrosas. Por sí solos no son peligrosos, pero cuando se juntan nos lían la que nos han liado".
Superculpable o superinocente
Durante las más dos horas que duró su intervención explicó detalladamente las pruebas que, según él, demuestran la culpabilidad de cada uno de los procesados y sobre "Mohamed El Egipcio" se refirió a la traducción que se hizo en Italia de las conversaciones en las que este procesado se atribuía la autoría intelectual del 11-M.
En este sentido, Boyé destacó que se hicieron de acuerdo a la legalidad italiana y que no han sido anuladas por ningún tribunal de Italia, donde fue condenado el pasado noviembre a diez años de cárcel por considerarle "un miembro influyente de Al Qaeda".
Reconoció ante el tribunal el "error" que ha cometido su acusación al imputar al procesado Fouad el Morabit sólo un delito de pertenencia a organización terrorista y no haberse dado cuenta del "grado de participación" que tuvo en los atentados del 11-M.
Sobre el acusado Rafá Zouhier, al que parafraseándole le llamó "superculpable" -el ex confidente de la Guardia Civil se declaró "superinocente" de los hechos que se le imputan-, destacó la "función de bisagra" que ha desarrollado al poner en contacto a los compradores de explosivos con los vendedores y dijo que participó "de toda la gestión del tema".
El letrado expuso la teoría de que Zouhier resultó herido al manipular uno de los detonadores entregado como muestra cuando intentaba mostrar su funcionamiento a los miembros de la célula islamista responsable de los atentados.
Recordó también que dejó de informar a la Guardia Civil cuando se dio cuenta de que no obtendría beneficio pero "la jugada le salió mal y le pillaron", agregó.
El letrado basó buena parte de su informe en "Mohamed El Egipcio" y recordó que fue el organizador de la huelga de hambre que siguieron varios de los acusados durante unos días.
Dijo que esta iniciativa fue seguida por otros miembros del grupo que se encuentran acusados y especificó que si no fueron todos los procesados los que siguieron la iniciativa se debe a que "no todos los que están en la urna pertenecen a la organización".
Afirmó que Rabei Osman, que ha aducido doble enjuiciamiento sobre el mismo hecho, es impensable que un delito de pertenencia a banda armada juzgado en Italia, comprenda los asesinatos perpetrados en España. Rabei Osman fue juzgado en Italia por pertenencia a la organización terrorista que estaba creando en Italia y le entregan a España para ser juzgado por crear otra organización distinta.
“El juicio italiano no puede ser una excusa absolutoria para Rabei Osman El Sayed, con respecto a lo sucedido en Madrid. No se le está juzgando dos veces por el mismo hecho, son juicios distintos por razones distintas” ha añadido.
Finalmente, Boyé ha reclamado al tribunal que dicte una sentencia que "debe resistir el peso de los recursos y el paso del tiempo".
Instrucción dirigida
En su turno, Juan Carlos Rodríguez Segura ha asegurado que "todavía no sabemos" si ETA está implicada en los atentados del 11-M, "porque no se ha investigado" y afirmó que "aquí intervino otra organización con relación a las que tenemos hoy juzgando".
Rodríguez Segura manifestó que se ha hecho una instrucción "dirigida en una línea de investigación" y no se ha permitido investigar otras y recordó la alusión que hizo el abogado de la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M de la existencia de una "cuarta trama" y, aunque manifestó que no sabía si ésta existía, consideró que "aquí no están todos los que deberían estar" porque si no hubiera sido "imposible" cometer este atentado.
El letrado ha explicado que se presentó oficialmente el atentado como la consecuencia de una guerra, por la presencia de las tropas en Irak, “pero no fuimos a una guerra, fuimos a ayudar, en misión humanitaria, como hoy lo hacen las tropas que están en Afganistán”.
“El atentado tuvo un fin espurio, afirmó el letrado, “acabar con el legítimo Gobierno de España como firme baluarte de la lucha antiterrorista” y, a continuación sentenció que “hay dudas serias de que Al Qaeda esté detrás de los atentados del 11-M, ya que aquí solo tenemos a delincuentes comunes, confidentes y traficantes de drogas y, aunque esta red terrorista está en todos los sitios, en este proceso hay serias dudas de que esté la red de Al Qaeda y el elemento fundamental es que Osama Bin Laden no ha sido procesado".
"Era prácticamente imposible que sólo los que se sientan en el banquillo tuvieran infraestructura para cometer el mayor atentado que se ha dado en Europa", recalcó el letrado al señalar, no obstante, que hay pruebas para condenar a los acusados en este juicio.
El letrado puso en duda varias de las pruebas del proceso, como la furgoneta Renault Kangoo localizada el mismo 11-M en la que se hallaron detonadores y cartuchos de Goma 2 Eco o el vehículo Skoda Fabia que se encontró en junio de 2004 y en el que aparecieron restos de ADN de uno de los suicidas del piso de Leganés, Allekema Lamari, y del huido Mohamed Afalah.
En cuanto a la teoría de la contaminación, la Goma 2 EC, explicó que se utiliza sin nitroglicerina desde 2002 y que la contaminación en fábrica “ha sido descartada y desacreditada. Se ha evitado hablar de tytadine, porque parece ser que ello equivale a decir ETA”.
Retirada de cargos
El abogado ha anunciado que no cree que en los trenes estallara Goma 2 ECO y de hecho aprecia que existen indicios de que no lo fue. No era un explosivo minero sino un explosivo de gran poder detonante, militar”. Y concluyó su reflexión, asegurando que se pudieron usar mercenarios por el tipo de explosivo que se llegó a utilizar.
La acusación ha retirado los cargos contra Jamal Zougam, pues “las identificaciones que se hacen contra él no son suficientemente claras y no se puede elegir la identificación que más nos guste”.
La instrucción de la causa, acusó, ha llevado a presentar diversas causas de nulidad, sobre todo la del abuso del secreto del sumario, “pues la instrucción ha sido dirigida en una línea concreta y los escritos de solicitud de prueba eran sistemáticamente denegados. No se ha buscado esclarecer la verdad sino probar con la verdad oficial”, sentenció.
Señaló que no cree que esto responda a una "trama policial" pero que se han traído pruebas para "desviar" la investigación y apuntó que alguien debe haberlas puesto.
También ha comentado que “es raro que personas que no se inmolasen en los trenes, se inmolasen luego en Leganés”.
Tras recordar a las víctimas a las que representa, "sin hacer victimismo sino victimología", y mostrar su agradecimiento a la Sala, a los funcionarios y a todos los voluntarios que prestaron su ayuda el día de los atentados, el letrado criticó que, en su opinión, se haya menospreciado a algunas de las víctimas en el juicio.
"Respeto es lo máximo que debemos tener", exigió Rodríguez Segura, que recalcó que se pertenezca a una u otra asociación de víctimas no se debe menospreciar a ninguna, en relación a las críticas que supuestamente ha recibido Gabriel Moris, vicepresidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que ha sido uno de los ocho peritos que han elaborado el informe final de explosivos.
Además, el letrado respondió al fiscal Carlos Bautista, que acusó a algunas partes de "perecilla procesal", y dijo: "ni hemos tenido el tiempo suficiente ni los medios que el Estado pone a disposición del Ministerio Público y se han traído a la vista las mejores acusaciones y las mejores defensas".
Demanda de información
El abogado de la acusación particular de Isabel Pinto Libramiento, ha calificado de "desacertada" la afirmación del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien culpó de "esquizofrenia procesal" a algunas acusaciones, y dijo que con mayor información a las partes en la instrucción podría haberse evitado ese diagnóstico.
Así lo manifestó hoy el letrado Francisco Javier Rodríguez Fernández en la jornada cuadragésima novena del juicio, en la que consideró que la acusación que hizo Zaragoza durante la exposición del informe final del Ministerio Público la pasada semana "no deja de ser una falta de respeto a las víctimas y al ejercicio profesional de quienes defienden sus intereses".
En su opinión, esa "esquizofrenia procesal" se podría haber evitado con un "tratamiento preventivo" y atribuyó las posibles carencias en el procedimiento a la necesidad de un mayor mecanismo de información a las partes personadas en el proceso.
Este letrado, que mostró su agradecimiento al tribunal y a los funcionarios de la Audiencia Nacional, se adhirió a las conclusiones expuestas por el Ministerio Fiscal y se opuso a todas las cuestiones de nulidad planteadas por las defensas de los 28 acusados.
Discrepó de la calificación fiscal sobre el explosivo que estalló en los trenes porque, según dijo, hay unos interrogantes que han quedado "sin respuesta objetiva", lo que "nos impide llegar a unos resultados concluyentes e indubitados" que concluyan que la Goma 2 Eco haya sido la dinamita que explotó en trenes", tal y como sostiene la Fiscalía.
Denunció que se recogieran tan sólo 23 muestras de los focos de las explosiones con la envergadura que tuvieron los atentados, así como que no se guardaran los trenes hasta antes de comenzar la vista oral y también se refirió al hecho de que no se remitieran esas 23 muestras a la Policía Científica para analizarlas.
Papel relevante de Carmen Toro
Explicó que también difiere en lo relativo a los hermanos Antonio y Carmen Toro, de quienes dijo "es propio saber más de lo que aparentan y dicen", y Javier González, "El Dinamita" -que llegó a la sala a las 12.15 horas después de que la vista se suspendiera al no comparecer esta mañana-, a quien describió como "amigo y hombre de confianza" del acusado José Emilio Suárez Trashorras.
En concreto, dijo que Carmen Toro tuvo un "papel relevante y de liderazgo" en la llamada "trama asturiana", que supuestamente facilitó y suministró los explosivos del 11-M, y subrayó que tenía "conocimiento y connivencia plena de los ilícitos negocios" de su marido, Suárez Trashorras, a quien ayudaba en todas sus transacciones con drogas. También, explicó el letrado, visitó con Jamal Ahmidan la finca de Morata de Tajuña, aunque conocía la mentalidad integrista de éste último y mantenía contactos, incluso desde su centro de trabajo en Avilés, con otros miembros del grupo islamista.
Esta acusación informó que mantiene la inculpación contra Javier González Díaz, “El Dinamita, por los delitos de asociación ilícita y suministro de explosivos, ya que considera que “mantenía estrechos vínculos con Emilio Trashorras derivados del tráfico de hachís y participó en la sustracción de explosivos. Bajó con Trashorras a Madrid para reunirse con Jamal Ahmidan, etc”.
Tras este letrado realizó la exposición de su informe final el abogado José A. Sanz Grasa, que ejerce la acusación en representación de Mario Pellicari Giraldini y Remedios Lopezosa García, que destacó la "inmensa dignidad" de las víctimas que han comparecido en la sala.
Los últimos letrados que expusieron hoy sus informes finales fueron José Enrique Verdugo López y María Teresa Díaz Pariente, y esta última acusó de falta de rigor profesional a algunos testigos y peritos que declararon en la vista y consideró que "se ha intentado crear un campo de batalla político".
El juicio se reanudará mañana día 19 a las 10.00 horas.
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