miércoles, 27 de junio de 2007

Datadiar: Crónica del miércoles 27 de Junio de 2007





Peticiones de absolución de las defensas

Los abogados de las defensas han reclamado hoy, en la jornada quincuagésima cuarta del juicio por el 11-M, la absolución de sus clientes Otman El Gnaoui, Abdelilah El Fadual, Saed El Harrak, Mohamed Bouharrat, Carmen Toro y Emilio Llano por falta de pruebas, y una de ellas, la del supuesto autor material de los atentados Abdelmajid Bouchar, que supuestamente huyó corriendo tras detectar la presencia policial en el cerco del piso de los suicidas de Leganés, aseguró que su defendido "nunca ha estado en ese lugar".

Este abogado, Juan Jesús Yéves ha solicitado la absolución de Bouchar, para quien el fiscal pide 38.960 años, al estimar también que después de haber pasado 700 testigos, sólo 7 se han referido a Bouchar y de ellos, dos son su padre y su hermano. “Los 5 que quedan no son fiables”, ha sentenciado.

El reconocimiento que hizo una testigo protegida de Bouchar, criticaba hoy, no es "concluyente" pues tras ver varias fotografías de éste en el juicio dijo que al que vio la mañana de la masacre en la estación de Entrevías era Jamal Zougam.

También cuestionó el reconocimiento que hizo de su cliente el agente que supuestamente corrió detrás de este acusado cuando huyó del cerco policial del que se percató cuando bajó a tirar la basura, y se preguntó cómo es posible que recuerde que la bolsa estaba cerrada y colgaba de ella un racimo de dátiles y no la cara de su cliente unos días después de ese suceso y no lo identificase en la rueda de reconocimiento que realizó después de que este procesado fuera detenido en Serbia el 17 de agosto de 2005.

El letrado negó cualquier implicación de Bouchar en los acontecimientos de Leganés y se preguntó cómo es posible que tomara parte si no se encontraba allí en el momento en que se produjeron, por lo cual no pudo tomar ninguna decisión sobre la explosión.

Insistió en que "no ha quedado acreditado fehacientemente su participación en los atentados de Madrid ni en Leganés", que añadió que "aún habiendo estado el 3 de abril de 2004 en la vivienda de la calle Carmen Martín Gaite de la citada localidad madrileña, su defendido se marchó del lugar mucho antes de que ocurrieran las inmolaciones".

Puso también de manifiesto que no se ha detectado ADN de Bouchar ni en la furgoneta Renault Kangoo que sirvió para trasladar a los terroristas desde la casa de Morata de Tajuña hasta la localidad madrileña de Alcalá de Henares, ni en las ropas abandonadas en Vicálvaro.

Tras señalar que en el desescombro de Leganés se halló la carta de identidad de Bouchar, su bonometro y unas huellas de éste en un libro del Corán, el letrado destacó que "tenemos la documentación de un árabe, sin explicación de cómo ha llegado hasta allí".

"No es delito ser árabe", manifestó Yéves, que concluyó su exposición diciendo que no existe pertenencia a banda armada alguna, ni siquiera colaboración por parte de su defendido.

Falta de acreditación

La abogada del acusado Mohamed Bouharrat, Isabel García, ha afirmado hoy que "hay casi más indicios en contra de esta letrada que en contra de su cliente" y expuso su situación personal, como ejemplo de que una acusación no se puede basar en casualidades. Así, la letrada relató que ella misma conoció a varios de los imputados en el 11-M, como a Jamal Zougam, que regentaba un locutorio del que la abogada era cliente; a Rachid Aglif "El Conejo", propietario de la carnicería donde compraba, y a Mouhannad Almallah Dabas, que una vez le arregló la lavadora.

García contó también el hecho de que reside en el barrio de Lavapiés, cerca de una mezquita, frecuenta el restaurante La Alhambra, al que acudían algunos de los acusados, y está casada con un musulmán, del que espera una hija de la que dijo "parte de su sangre será musulmana".

La defensora afirmó que "estar en determinados sitios no es un indicio de nada contra una persona" y que, "yo quizá por mi estado me hubiera librado, pero no mi marido musulmán".

Utilizó, además varias de las alegaciones realizadas por la Fiscalía durante su informe de conclusiones definitivas como indicios de la no pertenencia de su cliente al grupo integrista responsable de los atentados, a pesar de destacar que no comparte su validez como pruebas de culpabilidad. Así, puso de manifiesto que Bouharrat contestó en su declaración ante el tribunal a todas las partes y no participó en la huelga de hambre seguida por varios de los procesados durante días.

Comentó que en que entre los escombros del piso de Leganés se encontraron rastros de ADN de seis personas que aún no han sido identificadas y no se ha seguido la investigación, y destacó que entre esos rastros genéticos no estaba el de su cliente.

Más de cien huellas

Negó que su patrocinado hubiera estado en esa vivienda de Leganés, pese a que durante el desescombro se encontraron unas fotografías suyas, que según la letrada, “su cliente se olvidó esas fotos en el coche de un argelino que conocía a Jamal Ahmidan (El Chino)”.

Sus huellas también aparecieron en uno de los libros encontrados en las labores de desescombro, ante lo que dijo que "existen muchas formas de que sus huellas llegaran a ese libro", que pertenecía a una mezquita de Madrid, porque se han encontrado en los libros más de cien huellas distintas, incluso de personas que estaban en prisión.

Entre los indicios, la abogada hizo alusión al reconocimiento que hizo Bouharrat de "El Chino", que aseguró que lo reconoció porque había visto su fotografía en los medios de comunicación -apareció su imagen el 30 de marzo de 2004- y manifestó que la policía le achacó que cuando lo identificó aún no había salido en prensa, lo que criticó, pues dijo que Mohamed no concretó la fecha de cuando lo vio y que prestó declaración el 30 de abril de 2004.

Relató que la acusación constituida por Mª Angélica Geria y su hijo menor de edad apuntaba como primer indicio el hecho de que “Bouharrat trabajaba pero no acreditaba tener actividad laboral ni actividad bancaria”. Esta defensa ha aportado referencia de todas las empresas en las que ha trabajado con relación laboral. A esta defensa le pareció muy grave el viaje de Bouharrat a Teruel. También se dice que “el silencio parcial es un silencio culpable”; de ello hace esta defensa un indicio “a contrario”: si se dice que quien guarda silencio es culpable, dado que Bouharrat no lo ha guardado, no es culpable.

Finalmente, lamentó que en este juicio se hayan oído afirmaciones que reflejan "los tintes de islamofobia que existen en la sociedad"

Secreto prolongado

La defensora de Otman El Gnaoui, Beatriz Bernal, se ha adherido a lo manifestado por las otras defensas, en relación con la indefensión causada por la indebida prolongación del secreto sumarial. “A esta parte no se le ha permitido acceder a las diligencias que se estaban practicando”, ha comentado.

La Fiscalía pide 38.972 años de cárcel para El Gnaoui, y no 24 como solicitaba inicialmente, al considerarlo autor por cooperación necesaria de los atentados, y añadió que "esto le ha llevado a la cárcel".

El Gnaoui participó, según las conclusiones del Ministerio Público, en el transporte de los explosivos utilizados en los atentados desde Asturias hasta la vivienda de Morata de Tajuña donde fueron almacenados

Junto a esta causa de nulidad, esta acusación ha alegado otras dos, al amparo de los artículos 238 y 240 Ley Orgánica del Poder Judicial. De una parte, mantiene que no se está ante un proceso civil y, por tanto, no se puede invertir la carga de la prueba, que corresponde a las acusaciones. Y, además, explicó, a continuación, que las reglas del proceso penal permiten a las defensas proponer pruebas de descargo y no se les puede acusar a ellas de fraude procesal.

A continuación aseveraba que no hay pruebas que demuestren la participación de su cliente en el 11-M y afirmó que "estuvo en el lugar equivocado con las personas equivocadas", lo que, a su juicio, ha sido utilizado para desviar la atención de los presuntamente culpables.

Explicó que las acusaciones que le imputan a su patrocinado se obtienen a través de dos fuentes: las conversaciones telefónicas "fruto de las intervenciones nulas" que se le practicaron a El Gnaoui y su presencia "en la casa de Morata de Tajuña".

La letrada negó que participara en esta obra en concreto y dijo que nunca ayudó a forrar el agujero con porespán. Explicó que su letrado se limitó a limpiarlo a petición de Jamal Ahmidan, alias "El Chino", ya que estaba sucio debido a que se utilizaba para almacenar la comida de los animales de la finca.

Bernal señaló que El Gnaoui llegó hasta la casa de Morata de Tajuña porque conocía al hermano de "El Chino" Abdelilah Ahmidan, que le recomendó a su hermano como obrero ya que ese momento se encontraba en paro. Dijo que ni su cliente, ni Hamid Ahmidan "participaban en nada de lo que hacían el resto de personas que estaban en la casa".

Se refirió, a continuación, al viaje que realizó el 29 de febrero de 2004 a petición de "El Chino", día en que éste regresaba de Asturias a Madrid transportando los explosivos robados en Mina Conchita, para destacar que ni siquiera ha quedado acreditado que el suicida trajera la dinamita en ese viaje.

Apuntó que la relación que El Gnaoui tenía con Ahmidan era "la justa" para realizar los trabajos de la casa -el fiscal le considera hombre de confianza del suicida- y que "si realmente hubiera sido integrante se le hubiera pedido que estuviera allí colaborando con ellos", añadió Bernal al relatar que su cliente sólo hizo un favor que le pidió "El Chino" porque "él sabía conducir y los otros chicos no".

Así, puso de manifiesto que la Guardia Civil detuvo en dos ocasiones a "El Chino" durante el trayecto para imponerle infracciones de tráfico y no detectaron nada extraño en el vehículo. Explicó que el desplazamiento se produjo a petición de Ahmidan, para el que entonces trabajaba, ya que él era el único que conducía de todos los presentes esa jornada en la finca de Morata de Tajuña.

Se refirió también a los restos de ADN de El Gnaoui que aparecieron en la ropa que uno de los suicidas de Leganés abandonó en la estación de Vicálvaro el día de los atentados y dijo que, como han indicado los peritos, eran perfiles genéticos mezclados, lo que justificó con el hecho de haber coincidido con los suicidas en la finca de Chinchón.

Sobre el agujero, en el que supuestamente se guardaron los explosivos, Bernal relató que ya estaba hecho cuando Otamn fue a trabajar a la finca y que lo único que hizo fue limpiarlo porque "El Chino" le dijo que era para la comida de los animales y negó que lo forrara de porexpan aunque fuera a comprar ese material.

Criticó que algunas de las partes procesales hayan generado dudas sobre el proceso porque, en su opinión, lo han hecho "para despistar" acerca del "verdadero origen" de la masacre y recalcó que hay muchos "puntos oscuros en este procedimiento".

En este sentido, destacó que tras el informe final de explosivos elaborado por ocho peritos para la vista oral, no ha quedado probado qué tipo de dinamita explotó en los trenes y, según dijo, "lo que ha quedado probado es que no explotó Goma 2 ECO", como sostiene la Fiscalía.

Bernal solicitó la nulidad de las actuaciones por, entre otros motivos, el secreto de la causa, lo que, a su juicio, ha provocado indefensión en su patrocinado, y señaló que "no se nos puede acusar de fraude legal", en alusión a las críticas de algunas acusaciones por solicitar en este momento procesal la nulidad de la causa.

Vulneración de derechos

Más tarde, el abogado de Abdelilah El Fadual, José Luis Laso, aseguraba respecto a su cliente, para quien pidió la absolución, que "ser amigo de un terrorista no convierte a ese amigo en terrorista", al tiempo que aseguró que no hay ninguna prueba que acredite la acusación de pertenencia a organización terrorista.

La defensa invoca la nulidad del auto habilitante de la entrada y registro en el domicilio del acusado por vulneración de los derechos consagrados en los artículos 18 (inviolabilidad del domicilio) y 24 (derecho a la tutela judicial efectiva) de la Constitución. Además, entiende que el auto que acordó la medida no contenía la fundamentación jurídica necesaria, pues “sólo se exponía en él la comisión de los atentados”. Ello no obstante, ha explicado, es doctrina jurisprudencial que toda medida restrictiva de derechos fundamentales debe contener una motivación suficiente.

Durante su alegato el letrado sostuvo que no está probado que El Fadual, para quien el fiscal pide 12 años de prisión y que ha sido calificado por algunos de los testigos como "el mejor amigo" de Jamal Ahmidan 'El Chino', colaborara con el suicida en el tráfico de drogas ni en el robo de vehículos.

Se ha referido a los comentarios vertidos durante el proceso, que El Fadual reparaba los coches de “El Chino”, pero, ha mantenido el letrado, que Abdelilah El Fadual sólo fue en una ocasión, en enero de 2004, con Ahmidan a ver un vehículo en el taller, por la razón de que iba a comprar un coche (BMW) de Hicham Ahmidan. Y en esa ocasión fueron también Hicham y Gabi “El Palestino”. Todos los vehículos que usaba “El Chino” eran de su propiedad. Además, el vehículo que iba a comprar Abdelilah no se hizo desaparecer, “puesto que el acusado incluso bajó con él a Ceuta”.

Laso reconoció que entre 1998 y 2000 su patrocinado y "El Chino" mantuvieron una relación muy estrecha ya que "era una época en la que salían mucho por la noche", pero explicó que esa relación ya no era igual desde que Jamal Ahmidan regresó a España tras cumplir una condena de prisión en Marruecos.

"Se está presumiendo que mi defendido pertenece a banda armada sin concretarse en qué hechos concretos", añadió el abogado, quien negó que Abdelilah El Fadual traficara con Jamal Ahmidan y sostuvo que lo que hizo fue crear su propia organización.

Jose Luis Laso concluyó preguntando a la sala si, de no haber fallecido siete personas en el atentado suicida de Leganés, no haber huido varios acusados de perpetrar los atentados y no haberse descubierto los perfiles genéticos en diferentes escenarios de la masacre, "¿puede alguien creer que mi patrocinado hubiera sido siquiera procesado?".

Sin contraste

También el abogado de Saed El Harrak, Bernardo Monfort, ha pedido hoy la absolución, porque "no ha habido ningún testigo que haya relacionado a mi cliente" con ninguno de los escenarios que han tenido relación con el 11-M, ni se ha probado ninguna actividad delictiva, lo que, en su opinión, lleva a descartar su pertenencia a ninguna célula terrorista.

En relación a los tres escritos que aparecieron entre las pertenencias de El Harrak -cuya autoría se atribuye al suicida Abdennabi Kounjaa, porque en ellos aparecen su firma y cinco huellas suyas-, el letrado señaló que no se ha demostrado de forma contundente, ni se contrastó el contenido de esa carta referente a la Yihad y ni siquiera la firma y las huellas.

Bernardo Monfort insistió en que El Harrak no participó en los fines de los autores de la masacre porque "él ya había conseguido los suyos, que eran venir a España, mejorar su calidad de vida y tener una familia", y el único indicio que hay es que conocía a Abdennabi Kounjaa.

El Harrak, según su abogado, pidió a Kounjaa que su mujer acompañara a la suya al ginecólogo y "ahí -dijo- cavó su propia tumba".

El letrado negó que su patrocinado mantuviera, como sostiene la Fiscalía, un contacto telefónico muy intenso con varios de los terroristas que se suicidaron en el piso de Leganés, además de Kounjaa, los hermanos Rachid y Mohamed Oulad Akcha, con quienes apenas tuvo relación, indicó el letrado.

El número de teléfono de El Harrak fue encontrado entre los restos del piso de Leganés, y en él se hallaron registradas varias llamadas de los suicidas.

Sin embargo, el abogado destacó que "no se puede acusar a nadie" por unas llamadas telefónicas y denunció que "este calvario", en referencia a las irregularidades cometidas con la detención de su patrocinado, "nos puede pasar a cualquiera".

"Esto genera inseguridad jurídica" y crea indefensión, dijo, a lo que añadió que en el caso de que se produzca una condena de El Harrak, pedirá que se depuren responsabilidades y la condena "en "costas" de las partes que han mantenido la acusación, porque "estaríamos ante una estafa procesal", concluyó.

Mujer de Trashorras

La defensa de la acusada Carmen Toro aseguró hoy, en la sesión de la tarde, que su patrocinada está sentada en el banquillo de los procesados por ser "en su día" la mujer de José Emilio Suárez Trashorras y consideró que "sin ella el resultado de los hechos hubiera sido el mismo".

Peña subrayó que cuando ocurrió la masacre Carmen tenía 20 años, era "notablemente inmadura", estaba recién casada con Trashorras, muy apegada a su entorno familiar y destacó que es insegura y que no tiene un carácter fuerte, lo que, según dijo, hace que ésta deje que las decisiones las tomen otros.

Añadió además que no tiene "facilidad de palabra" y que incluso la pierde cuando se encuentra en una situación que le supera y le pone nerviosa, y en este sentido recordó que "contestó malamente a esta letrada" cuando declaró en la vista.

"No es consciente prácticamente de nada de lo que hace su marido", recalcó la abogada al señalar que, según declaró un perito en el juicio, la enfermedad mental que sufre Trashorras puede hacer que lleve una doble vida, que "perfectamente podía desconocer" Carmen, agregó.

Consideró que ha existido un "ensañamiento injustificado" por parte de varias acusaciones contra su cliente y apuntó que quizá sea por ser la única mujer acusada en el proceso o por la trascendencia mediática que ha tenido, e incluso dijo que parece que alguna acusación "se ha olvidado de los derechos humanos".

Tras preguntarse si "por llevar tanto tiempo sentada en el banquillo de los acusados nos hace verla ya como culpable", la abogada destacó el grave perjuicio económico que ha supuesto a su patrocinada el juicio y señaló que "a duras penas" puede permitírselo.

Entre los indicios que señalan el Ministerio Fiscal sobre la acusada, Peña se refirió al tráfico de llamadas telefónicas que le atribuyen con varios de los miembros de la denominada "trama asturiana", que supuestamente facilitó los explosivos a la célula que perpetró el 11-M.

Indicó que ninguno de esos acusados conocía a su cliente y destacó que cuando llamaban al teléfono que estaba a nombre de ésta era para hablar con su marido.
La abogada manifestó también que la frase que atribuye a su cliente uno de los agentes que interrogó al matrimonio en la comisaría de Avilés “Cari di lo que seas pero a mi no me metas” es “una frase que sirve como titular de prensa pero está sacada de contexto. La frase la dijo Carmen en presencia policial y con candidez” y era “Emilio di lo que sepas de tus actividades pero a mi no me metas en ellas”.

Sobre el suicida Jamal Ahmidan, "El Chino", dijo que, como declaró en la vista, lo había visto una vez en la finca de Chinchón, pero "eso no significa que pueda conocer mucho más ni implica una actividad de tráfico de explosivos".

Personal subalterno

La letrada Pilar Gómez Pavón, defensora del ex vigilante de seguridad de Mina Conchita, Emilio Llano, para el que el fiscal pide 5 años de cárcel por desatender sus obligaciones de registrar las entregas y el consumo de explosivos en la explotación, ha asegurado que su cliente siempre trabajó con el sistema que le indicó la empresa propietaria de la mina y como lo hacía el anterior vigilante y subrayó que era "personal subalterno" de la dirección facultativa de la empresa Caolines de Merillés.

“No es cierto que todo el control del material de la mina correspondiese a Emiliano”, ha dicho la letrada, que ha continuado relatando que “por esta defensa se solicitó un certificado a la Dirección General de Minas para que indicasen quien era el director facultativo de la mina, que en el tiempo de los atentados era Roberto López Fernández, quien tenía las competencias que le atribuye la legislación vigente”. Y ha resaltado que, “según la legislación de minas, es obligación de la empresa comunicar a la autoridad administrativa competente la identidad del director facultativo de cada mina, pero cuando solicitó la certificación no constaba ese dato en la Dirección General de Minas”.

Relató, finalmente, que también a que había "inexistencia de anomalías" en la explotación minera y que el "redondeo" de los libros de contabilidad donde se anotaba el consumo de explosivos era "algo normal en las minas" y conocido por la Guardia Civil, institución de la que dijo que consideraban como algo que "era y había sido normal" las "pequeñas sisas" de explosivos en la minería".

El juicio se reanudará mañana día 28 a las 10.00 horas.

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