martes, 19 de junio de 2007

Datadiar: Crónica del martes 19 de Junio de 2007





Agradecimientos a la Policía Nacional y la Guardia Civil

En la quincuagésima jornada del juicio por los atentados del 11-M , los representantes legales de las víctimas del 11-M emplearon su exposición de conclusiones definitivas para hacer exaltar la investigación policial que, en su opinión, permitió identificar a los responsables de la masacre, y para agradecer de forma pública su esfuerzo a la Policía y a la Guardia Civil.

Además, dos de las acusaciones particulares criticaron hoy la actuación de algunas partes procesales que han esgrimido el argumento de la implicación de la banda terrorista etarra en el 11-M y el abogado José María Fuster-Fabra, que representa a la acusación particular de Ana Isabel González Pizcos y Otros (socios de la asociación de víctimas presidida por Pilar Manjón), dijo que "flaco favor hacemos a la lucha antiterrorista si mezclamos etarras donde no los hay", "si metemos a ETA donde no está" y "si damos pistas a abogados de ETA sobre cómo poner en tela de juicio informes policiales". consideró que "si metemos a ETA donde no está" se hace un "flaco favor" a la lucha antiterrorista.

Fuster Fabra recordó que las acusaciones alineadas con la teoría de la conspiración sometieron al comisario de los TEDAX, Juan Jesús Sánchez Manzano, a un interrogatorio «más duro que a los procesados», pese a que los artificieros a sus órdenes se jugaron la vida para evitar nuevos atentados. Lo mismo dijo de la Guardia Civil, cuerpo al que, en su opinión, el confidente Rafa Zouhier «no dijo absolutamente nada» hasta después del 11-M, por lo que mal podían haberlos prevenido.

Manifestó además que en la lucha antiterrorista va a estar "donde he estado siempre: con la Guardia Civil, con la Policía y hasta las últimas consecuencias".

Situaciones extrañas y peculiares

Fuster-Fabra recordó que, aunque "siempre se ha dicho" que tras los atentados "todos pensamos que era ETA", los "verdaderos expertos tuvieron que tener la duda de que fuera" la banda etarra por el modus operandi empleado para cometer la masacre.

En este sentido explicó que la ETA "nunca jamás" en su historia ha actuado con más de un comando para cometer una acción terrorista y en los atentados de Madrid "parece" que ha habido más de uno.

Subrayó que en este juicio se han producido situaciones "un tanto extrañas y peculiares" y criticó que algunas acusaciones primero hayan acusado y luego hayan atacado "elementos" del proceso.

Se refirió también a la posible existencia de una "cuarta trama" y comparó ese "criterio" con el gol que marcó con la mano el argentino Leo Messi ante el Espanyol en el Camp Nou el pasado 9 de junio y dijo: "pareció bonito pero no lo fue, se hizo con trampa y al final no va a servir para nada".

Sobre los explosivos empleados en el 11-M el letrado consideró que "a efectos de la labor magistral y aplaudida, lejos de toda crítica, de los TEDAX", "carece por completo de trascendencia" el hecho de saber qué dinamita explotó en los trenes y enumeró ocho atentados de ETA en los que no se ha podido determinar el explosivo empleado.

Tras agradecer el trabajo de los compañeros con los que ha representado a la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo y a víctimas particulares de ese colectivo y el de la fiscal Olga Sánchez -a quien le dijo: "lo único que pido es no tenerte nunca en contra como fiscal"-, el abogado expresó su deseo de que "la oscura visión del pino no impida ver el bosque de la justicia".

Almacenamiento conjunto

Una de esas letradas, María Ponte, intervino antes de Fuster-Fabra para exponer la parte relativa a los explosivos de su informe final y aseguró que no se puede garantizar que la Goma 2 EC que se utilizaba en Mina Conchita dejara de contener entre sus componentes nitroglicerina (NG) a partir de 1992 y dijo que hay "al menos" cuatro documentos que lo avalan.

De este modo contradijo la comunicación que el director del informe final de explosivos entregó al tribunal el pasado 30 de mayo, en el que constaba que hasta marzo de 1992 la dinamita Goma 2 EC se fabricaba con NG -también componente del Titadyne (dinamita habitual de ETA)- y a partir de esa fecha dejó de elaborarse con esa sustancia.

Empleó este argumento para defender que la NG que, según algunos de los ocho peritos que realizaron el informe final, apareció en una muestra de los focos de las explosiones se debía a que los terroristas utilizaron Goma 2 ECO y Goma 2 EC para fabricar las bombas que explotaron en los trenes y al juntar ambas dinamitas, sus componentes se mezclaron.

Ponte no descartó tampoco una contaminación en la fabricación o en el almacenamiento entre ambas dinamitas e incluso que se contaminara "en la propia Mina Conchita" y añadió que "La Manjoya", una de las empresas que fabrica este explosivo, tuvo almacenada "conjuntamente" Goma 2 ECO y Goma 2 EC hasta 2005.

Acciones legales contra Díaz de Mera

Posturas similares a la de Fuster Fabra mantuvieron el resto de abogados de víctimas que ayer intervinieron en el juicio. Manuel Murillo calificó la investigación policial que permitió desarticular la célula del 11-M como “un éxito mundial” y puso como ejemplo el atentado de las Torres de Nueva York, donde hasta el momento solo se ha detenido a una sola persona..

Murillo, acusador particular en nombre de Guillermo Pérez Ajates, afirmó que el ex director general de la Policía, Díaz de Mera, "intentó desviar la investigación hacia otros terroristas", algo que, además de ser "moralmente difícil de entender", supone "a nuestro juicio podría haber constituido un delito de encubrimiento de actos terroristas".

Tras anunciar que emprenderá acciones legales contra el eurodiputado del PP, el letrado cargó también contra la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de defender la autoría de ETA para "separar las imágenes de las Azores de las imágenes terribles, tremendas, de los trenes".

Acusó además a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de defender de forma interesada la tesis de una autoría de ETA con la intención de "separar las imágenes de las Azores de las imágenes terribles, tremendas, de los trenes".

El abogado señaló que la AVT se ha esforzado por defender esta vía a lo largo de todo el proceso "y al final nos dice que no hay nada que se parezca a ETA". "Después del 27 de mayo, claro", ironizó, recalcando que una docena de profesionales han certificado que la banda terrorista vasca no intervino en la masacre y que la AVT ha censurado toda una investigación y ha lanzado continúas críticas a la Fiscalía. "Presentar a la Guardia Civil como un elemento conspirador es el mayor ataque a la libertad y al Estado de Derecho desde 1978", remachó para rechazar la 'teoría de la conspiración'.

Murillo dijo, también, que podrían calificarse los hechos como delito de lesa humanidad, siguiendo las directrices del Tribunal Penal Internacional. Perseguir, juzgar y condenar, son las labores del Tribunal. Hay que buscar el diálogo entre religiones; no vale la guerra. La ONU dice que el terrorismo no tiene justificación, como la peste, y que hay que luchar contra él de forma inteligente.

Alabanzas a Policía y Guardia Civil

Explicó que la mascare de Madrid hay que incluirla en un "conjunto de hechos enlazados con un solo director básico: Al Qaeda", que, "con todas sus redes" y "con todos sus miembros adoctrinados", llevaron a cabo una "acción mundialmente agresiva contra una serie de pueblos", en alusión a los atentados del 11-S en Estados Unidos o los atentados de Casablanca (Marruecos), Bali (Indonesia) o el de la isla de Yerba (Túnez).

Además dijo que el objetivo del 11-M es "el de todos" los atentados: "sembrar el terror bajo el pretexto de un móvil político perfecto", y añadió que la justificación de que los atentados se produjeron como respuesta a la intervención de España en la guerra de Irak "es simplemente un pretexto".

Tras alabar el informe final que expuso el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza -"el mejor de su vida"-, Murillo criticó a las acusaciones que han reprochado la actuación del Ministerio Fiscal o la instrucción de los atentados ya que, según apuntó, el proceso debe caracterizarse "por el respeto a las partes procesales".

Reprochó también las manifestaciones vertidas sobre una posible "trama policial" detrás de los atentados de Madrid y subrayó que la Guardia Civil es el "estamento más legal que ha habido a todos los gobiernos", y dijo que intentar presentar a este Cuerpo como "un elemento conspirador es el mayor ataque al Estado de Derecho desde 1978".

Sobre el informe final de explosivos, elaborado por ocho peritos -dos de la Guardia Civil, dos de la Policía, dos propuestos por las acusaciones y otros dos por las defensas- y que no determina qué dinamita explotó en los trenes, el letrado opinó que algunos de los expertos que hicieron "esa prueba con malos humos" tuvieron "criterios demenciales o interesados".

Además agradeció el trabajo del tribunal y le solicitó una sentencia ajustada a derecho porque, dijo, "tenemos que ser un ejemplo al mundo de nuestro Estado de Derecho y de nuestras leyes" y demostrar que "se actúa por justicia y no por venganza".

Sobre Rafa Zouhier, señaló que es un delincuente de media escala; un confidente más, que propició la venta de los explosivos por los asturianos a los terroristas y que sólo después de producidos los atentados comunicó datos relevantes a sus controladores.

Tras este letrado expuso su informe la abogada Rosario Mancilla, que actuaba como acusación particular de María Jesús Pérez Díaz, quien recordó que hoy se cumplían veinte años del atentado de Hipercor en Barcelona, en el que murieron 21 personas y 45 resultaron heridas, y dijo que aún no se han cobrado todas las indemnizaciones que se concedieron, por lo que reclamó rapidez para abonar las que se acuerden por los atentados de Madrid.

La abogada concretó que muchos de los afectados por la explosión de una bomba en el centro comercial no han cobrado aún las compensaciones económicas establecidas y rogó ante la sala que no ocurra lo mismo en esta ocasión.

Un saco de agujeros negros

Por la tarde fue el turno de las defensas y el primero en exponer su informe fue el griego Andreas Chalaris (abogado de "El Conejo", para quien la Fiscalía pide 21 años de cárcel), que, tras recordar que "la totalidad" de los acusados condenaron los atentados de Madrid, destacó que los procesados son también "mártires" y "víctimas" del 11-M.

El letrado cuestionó, con un español a veces de difícil comprensión para los oyentes, la muerte de los siete presuntos responsables del 11-M que se suicidaron en el piso de Leganés el 3 de abril de 2004 y manifestó que "una verdad parcial o fraguada es peor que una mentira".

"¿Por qué no habéis hecho una prueba de los pulmones a los señores terroristas para ver si verdaderamente habían respirado botes de gases lacrimógenos?", se preguntó el letrado en alusión a la declaración prestada en la vista por el jefe del Operativo GEO, que explicó que tras derribar la puerta del piso en el que se atrincheraron los terroristas lanzaron gases para hacerles salir.

Según Chalaris, este testigo también manifestó que para detonar la puerta de la vivienda utilizaron 80 gramos de dinamita, lo que, a su juicio, "hubiera sido bastante para derribar el edificio", y añadió que esa dinamita debió "contagiarse" con el explosivo que los suicidas tenían detrás de la puerta por lo que también dudó de los cánticos y gritos que, según el GEO, escucharon después.

"Esto es un saco de pruebas. Es un asco de agujeros, no de agujeros negros", opinó Chalaris que consideró que "una verdad parcial o fraguada es peor que una mentira".

Chalaris se refirió también al informe final del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y lo calificó de "discurso de contenido político" y dijo no entender el porqué de acusar de "esquizofrenia procesal" la actuación de ciertas partes cuando "no ha hecho alguna alusión hacia la actuación de su propio órgano".

Críticas sobre algunas acusaciones

No obstante coincidió con el fiscal jefe en criticar la labor de algunas acusaciones que, en su opinión, "han confundido" su papel en el juicio y señaló que durante la celebración de la vista "existía un determinado estatus, desde luego, político" y precisó que se refería a la "famosa tregua" de ETA.

"Una vez que dicho estatus ha cambiado... Lo digo con toda sinceridad, el que quiera entender que entienda", subrayó el letrado en alusión a la modificación de penas solicitadas por algunas acusaciones, variando lo que reclamaban para los acusados cuando comenzó la vista -con el alto el fuego permanente de ETA en vigor- con lo que han solicitado finalmente, tras el anuncio del fin del alto el fuego el pasado 5 de junio.

"Esto se llama parafernalia procesal, es decir, en este sentido, el Ministerio Fiscal se ha quedado corto", agregó.

Respecto al 11-M, el letrado dijo que "no hay la menor duda" de que fue cometido por una banda armada, pero "no se ha demostrado que dicha banda actuó bajo las premisas de la religión islamista" y añadió que tampoco ha quedado probado que los acusados formasen una banda y mucho menos que su cliente tuviera algún "vínculo material o espiritual" con alguno de los miembros de esa supuesta banda.

Sin embargo, añadió, sí se ha demostrado la participación de los confidentes policiales "en el sentido que sea, activo o pasivo", por lo que consideró que la Policía "tiene su grado de responsabilidad en los presentes autos".

Explicó que las acusaciones que pesan sobre su patrocinado se deben a lo manifestado por los coimputados Rafá Zouhier, ex confidente de la Guardia Civil, y el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, y destacó que las declaraciones de estos son "simplemente declaraciones fraguadas".

Además, mostró su sorpresa por el título de "lugarteniente" de "El Chino" que le atribuyen a su patrocinado, lo que calificó de "inapropiado", y subrayó que Aglif no estuvo en los escenarios (piso Leganés, finca de Chinchón...) supuestamente utilizados por la banda".

Desconocía lo que transportaba

Carmen Pérez Calero, defensora de defensa de Sergio Álvarez, acusado de transportar hasta Madrid parte de los explosivos del 11-M, ha señalado que su defendido desconocía que la bolsa que transportó por encargo del acusado José Emilio Suárez Trashorras y entregó a Jamal Ahmidan, alias "El Chino" el 5 de enero de 2004, pudiera contener explosivos. "Nunca supo lo que transportó", afirmó la letrada, que resaltó que "sin saber y sin querer es imposible que hubiera podido prever el riesgo y evitarlo".

En opinión de su letrada el acusado "fue utilizado por Suárez Trashorras". Recordó que según las declaraciones de varios testigos a lo largo del juicio Alvarez era "un machaca, un pringado, un pipo como dicen en Avilés".

Nunca supo lo que transportó", recalcó la abogada, que subrayó que "amén de su juventud -tenía 23 años cuando ocurrieron los hechos- y sus características difícilmente le pueden relacionar con un atentado de corte islamista".

"Sergio no sabía que fueran explosivos y menos que estaban destinados a provocar la muerte de seres humanos. Nada lleva a pensar que, de haberlo sabido, hubiera llegado a hacerlo", continuó la letrada para añadir que "sin saber y sin querer es imposible que hubiera podido prever el riesgo y evitarlo".

Pérez Calero, que expuso su informe de forma muy precisa, aseguró que su cliente, del que dijo que no tiene deudas de drogas ni es drogodependiente, "fue utilizado" por Trashorras y recordó que varios testigos lo han definido como "uno de los machacas" del ex minero, "de los pringaos", "de los pipos, como se les conoce en Avilés (Asturias)".

Añadió también que Sergio, que declaró ante la sala que pensaba que llevaba cd's piratas y que de haber sabido que en la bolsa había explosivos no se "hubiera sentado encima", nunca ha formado parte de la "mal llamada trama asturiana" y que nunca se ha contradicho en sus declaraciones.

Consideró además que si su cliente hubiera sabido que transportaba explosivos y se hubiera sentado encima de la bolsa, hubiera sido un "suicida" y agregó las pruebas no han demostrado que sea un "islamista radical ni un mercenario".

Tal y como ya anunció en sus conclusiones definitivas, la letrada apuntó que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 24 de la Constitución, que entre otros recoge el derecho a la presunción de inocencia, y justificó su decisión al considerar que se ha producido indefensión en relación a su patrocinado.

Finalmente, Santiago Tejero, abogado defensor de Javier Gonzalez, pidió hoy la libre absolución de su defendido y la condena en costas de aquellas acusaciones que han mantenido la petición de prisión en su contra "de forma injusta" a pesar de la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía que consideró en sus calificaciones definitivas que no existían suficientes pruebas en su contra.

El juicio se reanudará mañana día 20 a las 10.00 horas.

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