El abogado Chalaris también arremete contra la Fiscalía por "plasmar una verdad a medias"
El abogado de Rachif Aglif, Andreas Chalaris ha sido especialmente crítico con el Ministerio Público al que ha acusado de "plasmar una verdad a medias, que es peor que una mentira" y de llegar a incurrir, por algunas actuaciones, en "fraude procesal". Al contrario de lo que hizo Olga Sánchez, ha exaltado la labor de todos los medios de comunicación, y ha cuestionado la práctica totalidad de las pruebas presentadas, entre ellas el episodio de Leganés.
(Libertad Digital) El abogado de Rachif Aglif, Andreas Chalaris, ha inaugurado el turno de las defensas para leer su informe final de conclusiones. Ha comenzando criticando tanto al Ministerio Público como a las acusaciones personadas en el juicio del 11-M. Ha calificado de "político" el discurso pronunciado la semana pasada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en el que acusaba a las partes, que no defienden la teoría oficial, de "esquizofrenia procesal". El letrado no entiende cómo se puede lanzar acusaciones contra otras partes personadas en el juicio y no ser capaz de realizar autocrítica. Tampoco comprende cómo ha podido el Ministerio Público actuar sólo como "acusación" omitiendo el papel de representante de la legalidad.
Ha llegado incluso a acusar a la Fiscalía de posible "fraude procesal" al aportar como prueba las confesiones de el menor conocido como "El Gitanillo" ya que además de acusar a este imputado actúa como su tutor. "Ni siquiera es prueba sino que incluso podría ser un fraude procesal", indicó.
"Una verdad a medias es peor que una mentira"
Chalaris también ha expresado su malestar, como ya lo hizo en su momento el abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, por el hecho de que Olga Sánchez no haya estimado "ninguno de los recursos planteados por otras partes durante la instrucción", lo cual ha generado un "unilateralismo procesal" que, dijo "ha creado nueva escuela en nuestro sistema" y ha omitido uno de los principales pilares de la Justicia: "la dualidad de los actos y las actuaciones". "Dicha actuación –ha indicado– ha tenido gravísimas consecuencias", como ha sido llegar a la vista oral "sin pruebas". Y ha calificado "las pruebas de los explosivos" como "parafernalia procesal".
Sobre la instrucción, el abogado de Aglif ha manifestado su queja por el largo tiempo que el sumario estuvo secreto. Este hecho le impidió recurrir el auto de procesamiento de su defendido. Además, ha afirmado que "faltan elementos en la instrucción", y ha sentenciado que "una verdad parcial o mermada es peor que una mentira y, en este sentido, ha ayudado el Ministerio Público: a plasmar una verdad a medias".
Chalaris elogia el papel de "todos" los medios de comunicación
El letrado defensor ha tenido, asimismo, críticas hacia las acusaciones populares y particulares al variar su solicitud de penas en virtud de "un determinado status político. Una vez que este status ha cambiado...el que quiera entender que lo entienda", dijo el abogado, que insinuó que la ruptura de la falsa tregua por parte de ETA provocó que las acusaciones variaran sus peticiones.
En una clara crítica a las palabras pronunciadas por Olga Sánchez, el abogado defensor de Aglif ha elogiado la labor de "todos" los medios de comunicación, "incluso a aquellos que han escrito en contra de este letrado por su manera de expresarse. Hay que apoyarles a mantener cualquier contenido porque así es la democracia. Todos debemos estar agradecidos por estar en un país libre".
"Una persona no puede ser condenada por tener amistades peligrosas"
De esta manera, terminaba Chalaris su alegato en el que ha cuestionado las no pruebas presentadas en el juicio. De su defendido, del que se ha dicho que era el lugarteniente de "El Chino" y al que la Fiscalía acusa de un delito de pertenencia a banda armada y tráfico de explosivos, ha puesto de relieve que únicamente participó en la reunión celebrada en un McDonalds de Carabanchel.
"Según los hechos, se habría generado otra reunión, la de Moncloa, pero mi patrocinado no estuvo" porque se encontraba en Málaga. "Sería absurdo pensar que el único elemento que ha generado los atentados ha sido la reunión de Carabanchel". Y ha añadido que el único escenario en el que se puede situar a Rachid Aglif es en dicha reunión, en ningún otro escenario relacionado con la masacre. Lo único demostrado es el hecho de que tenía contacto con Jamal Ahmidan, "El Chino", pero "una persona no puede ser condenado por tener amistades peligrosas".
Cuestiona el episodio de Leganés
Además, ha añadido que es imposible condenarlo por pertenencia a banda armada cuando no ha quedado demostrada la existencia de dicha banda armada. Recordó, además, que los miembros de organizaciones terroristas se sienten orgullosos de reconocerlo y los acusados en este juicio no sólo no lo han hecho sino que han condenado los atentados. "Ni siquiera se ha llegado a demostrar si esa banda ha cometido los hechos porque la mayoría de ellos están muertos" tras la explosión de Leganés, que también fue cuestionada por Andreas Chalaris. Advirtió a la Fiscalía que en lo relativo a este suceso no existe "un saco de pruebas" sino "un saco de agujeros". Y dijo que no se pude cargar las pruebas "encima de los muertos".
El letrado recordó, que según declararon los médicos forenses, en los análisis practicados a los supuestos suicidas no se hallaron restos de inhalación de gas. Esto choca de plano con lo declarado por los GEO, que afirmaron que antes de la explosión lanzaron gas lacrimógeno al interior del piso para hacer salir a los presuntos terroristas.
Cuestionó también el motivo de la explosión y sugirió que ésta pudo desencadenarse a consecuencia de un "contagio" provocado por la detonación controlada con la que los agentes abrieron la puerta de la vivienda. "Los GEO dijeron que utilizaron 80 gramos de explosivos, suficiente no para una puerta sino para el propio edificio", agregó. "No puedo entender las declaraciones de los GEO sobre que los terroristas dispararon con ametralladora desde dentro a la vez que emitían cánticos", indicó, poniendo en duda que realmente dispararan como relataron los miembros de la policía nacional.
Críticas hacia la Policía y Guardia Civil
Y es que, el abogado de origen griego, también cuestionó y criticó la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Muy especialmente la de los agentes conocidos como "Víctor" y "Manolón", controladores de Rafa Zouhier y Emilio Suárez Trashorras respectivamente. También, la de los guardias civiles que tuvieron en sus manos detener a "El Chino" hasta en dos ocasiones, en una de ellas le multaron pero no le detuvieron a pesar de que portaba cuchillos y ropa robada. En la segunda ocasión tenía, presuntamente, los explosivos robados de Mina Conchita.
También, ha recordado que el vídeo de Morata de Tajuña los perros no olieron ningún rastro de explosivo, como tampoco lo hicieron de la Kangoo de la que ha añadido que "no tenemos vídeos, ni actas". "Aquí sólo se ha tenido en cuenta una hipótesis: Que los acusados son los únicos que colocaron las bombas, ha dicho refiriéndose a la fiscal.
Sergio Álvarez "nuca supo lo que trasportó"
Los alegatos de las defensas continuaron con la abogada del joven asturiano Sergio Álvarez, Carmen Pérez Galero, quien indicó que su defendido desconocía que la bolsa que transportó por encargo del acusado José Emilio Suárez Trashorras y entregó a Jamal "El Chino" el 5 de enero de 2004, pudiera contener explosivos. "Nunca supo lo que transportó", dijo la letrada, que resaltó que "sin saber y sin querer es imposible que hubiera podido prever el riesgo y evitarlo".
La abogada puso de manifiesto la falta absoluta de prueba en cuanto al conocimiento real de lo transportado por Sergio y dijo que este hecho unido a su juventud y a sus características hacen difícil que se le pueda relacionar con un atentado de corte islamista. "Para la comisión de un delito se necesita nivel cognitivo, volitivo y posibilidad de evitación del riesgo: sin los dos primeros no se produce el tercero", destacó la letrada. Así, explicó que Álvarez "no sabía que fueran explosivos y menos que estaban destinados a provocar la muerte de seres humanos y dijo que nada lleva a pensar que de haberlo sabido hubiera llegado a realizar el transporte.
Sergio Álvarez está acusado del delito de asociación ilícita y suministro de sustancias explosivas por los que la Fiscalía solicita en su caso una pena de 4 años de prisión. Según la fiscal Olga Sánchez, realizó el 5 de enero de 2004 un viaje a Madrid a petición del ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras para transportar dinamita por el que percibió dos placas de polen y 150.000 pesetas.
En opinión de su letrada el acusado "fue utilizado por Suárez Trashorras". Recordó que según las declaraciones de varios testigos a lo largo del juicio Álvarez era "un machaca, un pringado, un pipo como dicen en Avilés". La abogada pidió por todo ello la libre absolución de su defendido de ambos de delitos en cumplimiento del principio conocido como indubio pro reo, que establece que si existe una duda razonable sobre la comisión de un delito no puede condenarse al procesado.
No existen pruebas de que los explosivos fueran robados de Mina Conchita
Pérez Galero resaltó, por otra parte, que además del desconocimiento de lo que transportaba tampoco existen pruebas concluyentes de que los explosivos que se utilizaron en los trenes de cercanías fueran robados en Mina Conchita. En cuanto a la dinamita localizada en Leganés, la letrada indicó que la fecha de los cartuchos era posterior al día en que su cliente realizó el transporte.
"Un auténtico calvario"
A la exposición de la abogada de Sergio Álvarez le siguió el letrado de Javier González, "El Dinamita". Santiago Tejero, pidió la libre absolución de su defendido y la condena en costas de aquellas acusaciones que han mantenido la petición de prisión en su contra "de forma injusta" a pesar de la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía que consideró en sus calificaciones definitivas que no existían suficientes pruebas en su contra.
Tejero destacó que "no es banal acusar por acusar" y menos en base a "meras conjeturas y sospechas". "Se le ha querido presentar como un traficante de explosivos", dijo y añadió que únicamente es un trabajador, que ahora tiene su propia empresa, y que siempre ha sido mecánico. El abogado puso de manifiesto que la única relación que mantenía González con el ex minero José Emilio Suárez Trashorras era a través de sus negocios lícitos y descartó que le ayudara a robar explosivos en Mina Conchita o actuara como lugarteniente suyo.
"Mi cliente ha pasado un auténtico calvario desde que salió su foto en el periódico, ha perdido trabajadores, se ha visto afectada su salud. Ha tenido que trabajar sábados y domingos para costearse los gastos de venir hasta aquí", destacó .
"El tener una relación comercial no significa ser un delincuente", subrayó e indicó que su cliente nunca tuvo conocimiento de las actividades ilícitas de Suárez Trashorras. Resaltó también que del resto de miembros de la conocida como trama asturiana sólo conoce a Iván Granados y el menor conocido como "El Gitanillo".
Fuera de la urna
Los acusados siguieron los informes de sus abogados desde el exterior de la urna. El tribunal ha considerado que de esta forma se favorece que permanezcan más tranquilos durante el desarrollo de la exposición y se evitan posibles altercados con otros acusados, informaron fuentes jurídicas.
Ha llegado incluso a acusar a la Fiscalía de posible "fraude procesal" al aportar como prueba las confesiones de el menor conocido como "El Gitanillo" ya que además de acusar a este imputado actúa como su tutor. "Ni siquiera es prueba sino que incluso podría ser un fraude procesal", indicó.
"Una verdad a medias es peor que una mentira"
Chalaris también ha expresado su malestar, como ya lo hizo en su momento el abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, por el hecho de que Olga Sánchez no haya estimado "ninguno de los recursos planteados por otras partes durante la instrucción", lo cual ha generado un "unilateralismo procesal" que, dijo "ha creado nueva escuela en nuestro sistema" y ha omitido uno de los principales pilares de la Justicia: "la dualidad de los actos y las actuaciones". "Dicha actuación –ha indicado– ha tenido gravísimas consecuencias", como ha sido llegar a la vista oral "sin pruebas". Y ha calificado "las pruebas de los explosivos" como "parafernalia procesal".
Sobre la instrucción, el abogado de Aglif ha manifestado su queja por el largo tiempo que el sumario estuvo secreto. Este hecho le impidió recurrir el auto de procesamiento de su defendido. Además, ha afirmado que "faltan elementos en la instrucción", y ha sentenciado que "una verdad parcial o mermada es peor que una mentira y, en este sentido, ha ayudado el Ministerio Público: a plasmar una verdad a medias".
Chalaris elogia el papel de "todos" los medios de comunicación
El letrado defensor ha tenido, asimismo, críticas hacia las acusaciones populares y particulares al variar su solicitud de penas en virtud de "un determinado status político. Una vez que este status ha cambiado...el que quiera entender que lo entienda", dijo el abogado, que insinuó que la ruptura de la falsa tregua por parte de ETA provocó que las acusaciones variaran sus peticiones.
En una clara crítica a las palabras pronunciadas por Olga Sánchez, el abogado defensor de Aglif ha elogiado la labor de "todos" los medios de comunicación, "incluso a aquellos que han escrito en contra de este letrado por su manera de expresarse. Hay que apoyarles a mantener cualquier contenido porque así es la democracia. Todos debemos estar agradecidos por estar en un país libre".
"Una persona no puede ser condenada por tener amistades peligrosas"
De esta manera, terminaba Chalaris su alegato en el que ha cuestionado las no pruebas presentadas en el juicio. De su defendido, del que se ha dicho que era el lugarteniente de "El Chino" y al que la Fiscalía acusa de un delito de pertenencia a banda armada y tráfico de explosivos, ha puesto de relieve que únicamente participó en la reunión celebrada en un McDonalds de Carabanchel.
"Según los hechos, se habría generado otra reunión, la de Moncloa, pero mi patrocinado no estuvo" porque se encontraba en Málaga. "Sería absurdo pensar que el único elemento que ha generado los atentados ha sido la reunión de Carabanchel". Y ha añadido que el único escenario en el que se puede situar a Rachid Aglif es en dicha reunión, en ningún otro escenario relacionado con la masacre. Lo único demostrado es el hecho de que tenía contacto con Jamal Ahmidan, "El Chino", pero "una persona no puede ser condenado por tener amistades peligrosas".
Cuestiona el episodio de Leganés
Además, ha añadido que es imposible condenarlo por pertenencia a banda armada cuando no ha quedado demostrada la existencia de dicha banda armada. Recordó, además, que los miembros de organizaciones terroristas se sienten orgullosos de reconocerlo y los acusados en este juicio no sólo no lo han hecho sino que han condenado los atentados. "Ni siquiera se ha llegado a demostrar si esa banda ha cometido los hechos porque la mayoría de ellos están muertos" tras la explosión de Leganés, que también fue cuestionada por Andreas Chalaris. Advirtió a la Fiscalía que en lo relativo a este suceso no existe "un saco de pruebas" sino "un saco de agujeros". Y dijo que no se pude cargar las pruebas "encima de los muertos".
El letrado recordó, que según declararon los médicos forenses, en los análisis practicados a los supuestos suicidas no se hallaron restos de inhalación de gas. Esto choca de plano con lo declarado por los GEO, que afirmaron que antes de la explosión lanzaron gas lacrimógeno al interior del piso para hacer salir a los presuntos terroristas.
Cuestionó también el motivo de la explosión y sugirió que ésta pudo desencadenarse a consecuencia de un "contagio" provocado por la detonación controlada con la que los agentes abrieron la puerta de la vivienda. "Los GEO dijeron que utilizaron 80 gramos de explosivos, suficiente no para una puerta sino para el propio edificio", agregó. "No puedo entender las declaraciones de los GEO sobre que los terroristas dispararon con ametralladora desde dentro a la vez que emitían cánticos", indicó, poniendo en duda que realmente dispararan como relataron los miembros de la policía nacional.
Críticas hacia la Policía y Guardia Civil
Y es que, el abogado de origen griego, también cuestionó y criticó la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Muy especialmente la de los agentes conocidos como "Víctor" y "Manolón", controladores de Rafa Zouhier y Emilio Suárez Trashorras respectivamente. También, la de los guardias civiles que tuvieron en sus manos detener a "El Chino" hasta en dos ocasiones, en una de ellas le multaron pero no le detuvieron a pesar de que portaba cuchillos y ropa robada. En la segunda ocasión tenía, presuntamente, los explosivos robados de Mina Conchita.
También, ha recordado que el vídeo de Morata de Tajuña los perros no olieron ningún rastro de explosivo, como tampoco lo hicieron de la Kangoo de la que ha añadido que "no tenemos vídeos, ni actas". "Aquí sólo se ha tenido en cuenta una hipótesis: Que los acusados son los únicos que colocaron las bombas, ha dicho refiriéndose a la fiscal.
Sergio Álvarez "nuca supo lo que trasportó"
Los alegatos de las defensas continuaron con la abogada del joven asturiano Sergio Álvarez, Carmen Pérez Galero, quien indicó que su defendido desconocía que la bolsa que transportó por encargo del acusado José Emilio Suárez Trashorras y entregó a Jamal "El Chino" el 5 de enero de 2004, pudiera contener explosivos. "Nunca supo lo que transportó", dijo la letrada, que resaltó que "sin saber y sin querer es imposible que hubiera podido prever el riesgo y evitarlo".
La abogada puso de manifiesto la falta absoluta de prueba en cuanto al conocimiento real de lo transportado por Sergio y dijo que este hecho unido a su juventud y a sus características hacen difícil que se le pueda relacionar con un atentado de corte islamista. "Para la comisión de un delito se necesita nivel cognitivo, volitivo y posibilidad de evitación del riesgo: sin los dos primeros no se produce el tercero", destacó la letrada. Así, explicó que Álvarez "no sabía que fueran explosivos y menos que estaban destinados a provocar la muerte de seres humanos y dijo que nada lleva a pensar que de haberlo sabido hubiera llegado a realizar el transporte.
Sergio Álvarez está acusado del delito de asociación ilícita y suministro de sustancias explosivas por los que la Fiscalía solicita en su caso una pena de 4 años de prisión. Según la fiscal Olga Sánchez, realizó el 5 de enero de 2004 un viaje a Madrid a petición del ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras para transportar dinamita por el que percibió dos placas de polen y 150.000 pesetas.
En opinión de su letrada el acusado "fue utilizado por Suárez Trashorras". Recordó que según las declaraciones de varios testigos a lo largo del juicio Álvarez era "un machaca, un pringado, un pipo como dicen en Avilés". La abogada pidió por todo ello la libre absolución de su defendido de ambos de delitos en cumplimiento del principio conocido como indubio pro reo, que establece que si existe una duda razonable sobre la comisión de un delito no puede condenarse al procesado.
No existen pruebas de que los explosivos fueran robados de Mina Conchita
Pérez Galero resaltó, por otra parte, que además del desconocimiento de lo que transportaba tampoco existen pruebas concluyentes de que los explosivos que se utilizaron en los trenes de cercanías fueran robados en Mina Conchita. En cuanto a la dinamita localizada en Leganés, la letrada indicó que la fecha de los cartuchos era posterior al día en que su cliente realizó el transporte.
"Un auténtico calvario"
A la exposición de la abogada de Sergio Álvarez le siguió el letrado de Javier González, "El Dinamita". Santiago Tejero, pidió la libre absolución de su defendido y la condena en costas de aquellas acusaciones que han mantenido la petición de prisión en su contra "de forma injusta" a pesar de la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía que consideró en sus calificaciones definitivas que no existían suficientes pruebas en su contra.
Tejero destacó que "no es banal acusar por acusar" y menos en base a "meras conjeturas y sospechas". "Se le ha querido presentar como un traficante de explosivos", dijo y añadió que únicamente es un trabajador, que ahora tiene su propia empresa, y que siempre ha sido mecánico. El abogado puso de manifiesto que la única relación que mantenía González con el ex minero José Emilio Suárez Trashorras era a través de sus negocios lícitos y descartó que le ayudara a robar explosivos en Mina Conchita o actuara como lugarteniente suyo.
"Mi cliente ha pasado un auténtico calvario desde que salió su foto en el periódico, ha perdido trabajadores, se ha visto afectada su salud. Ha tenido que trabajar sábados y domingos para costearse los gastos de venir hasta aquí", destacó .
"El tener una relación comercial no significa ser un delincuente", subrayó e indicó que su cliente nunca tuvo conocimiento de las actividades ilícitas de Suárez Trashorras. Resaltó también que del resto de miembros de la conocida como trama asturiana sólo conoce a Iván Granados y el menor conocido como "El Gitanillo".
Fuera de la urna
Los acusados siguieron los informes de sus abogados desde el exterior de la urna. El tribunal ha considerado que de esta forma se favorece que permanezcan más tranquilos durante el desarrollo de la exposición y se evitan posibles altercados con otros acusados, informaron fuentes jurídicas.
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