La decimoctava semana del juicio por los atentados del 11-M concluyó con las presentaciones de los informes de conclusiones definitivas de las acusaciones particulares y abrió el turno para las exposiciones de las defensas de los encausados por las masacres.
El lunes, el abogado Gonzalo Boyé, que representaba a la acusación particular de Angélica María Geria Cortés y a su hijo menor de edad, responsabilizaba, en la jornada cuadragésima novena del juicio, al Estado de la masacre al considerar que cometió un fallo de vigilancia y en la elección de mandos.
"Fueron a atracar el banco y les dejamos las puertas abiertas y mientras sonaban las alarmas nos fuimos a comer", explicó el letrado al destacar la falta de previsión y vigilancia que había por parte del Gobierno en materia de seguridad relativa al terrorismo islamista.
Así, señaló que la existencia de células islamistas en España no estaba suficientemente controlada, dado que los esfuerzos estaban en 2004 dirigidos a un único objetivo, la lucha contra la banda terrorista ETA.
Boyé remarcó también que la sentencia no puede ser abierta, “para dejar franca la puerta a la posible participación de ETA, sino que debe acotar al máximo posible los hechos delictivos y la participación de los procesados, por que lo contrario es ilegal". "En este juicio todos hemos perdido algo, y algunos hasta la vergüenza", argumentó.
Mientras tanto, el abogado Juan Carlos Rodríguez Segura, letrado de la acusación particular constituida por Ángeles Pedraza Portero y otros afectados y colaborador de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, no ha descartado que ETA tuviera algún tipo de participación en los atentados, aunque reconoció que no tenía pruebas que respaldaran sus sospechas porque, aseguró, no se ha investigado esta posible teoría.
"No se puede decir mucho más sobre ETA, pero desde luego que no vamos a indultarla. Creemos que está ahí y punto, pero no tenemos la prueba fundamental", aseveró el letrado.
Boyé, por su parte, señaló que la huelga de hambre que llevaron a cabo, entre otros, los tres supuestos ideólogos del 11-M, es un "indicio suficiente" de la condición de dirigentes que tenían estos procesados dentro de la célula que planeó los atentados.
El letrado manifestó también que ha quedado probado que la red terrorista Al Qaeda es el "paraguas ideológico bajo el que se nutren esas personas" y consideró que "no es baladí" la organización que formaban parte de los acusados porque "sólo así se entenderá cómo lo hicieron " y subrayó que el 11-M se pudo llevar a cabo "con la suma de unos pocos que lleva al conjunto".
Sobre el acusado Rafá Zouhier, al que parafraseándole le llamó "superculpable" -el ex confidente de la Guardia Civil se declaró "superinocente" de los hechos que se le imputan-, destacó la "función de bisagra" que ha desarrollado al poner en contacto a los compradores de explosivos con los vendedores y dijo que participó "de toda la gestión del tema".
El letrado expuso la teoría de que Zouhier resultó herido al manipular uno de los detonadores entregado como muestra cuando intentaba mostrar su funcionamiento a los miembros de la célula islamista responsable de los atentados.
Finalmente, Boyé ha reclamado al tribunal que dicte una sentencia que "debe resistir el peso de los recursos y el paso del tiempo".
Un fin espurio
En su turno, Juan Carlos Rodríguez Segura ha asegurado que "todavía no sabemos" si ETA está implicada en los atentados del 11-M, "porque no se ha investigado" y afirmó que "aquí intervino otra organización con relación a las que tenemos hoy juzgando".
Rodríguez Segura manifestó que se ha hecho una instrucción "dirigida en una línea de investigación" y no se ha permitido investigar otras y recordó la alusión que hizo el abogado de la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M de la existencia de una "cuarta trama" y, aunque manifestó que no sabía si ésta existía, consideró que "aquí no están todos los que deberían estar" porque si no hubiera sido "imposible" cometer este atentado.
El letrado ha explicado que se presentó oficialmente el atentado como la consecuencia de una guerra, por la presencia de las tropas en Irak, “pero no fuimos a una guerra, fuimos a ayudar, en misión humanitaria, como hoy lo hacen las tropas que están en Afganistán”.
“El atentado tuvo un fin espurio, afirmó el letrado, “acabar con el legítimo Gobierno de España como firme baluarte de la lucha antiterrorista” y, a continuación sentenció que “hay dudas serias de que Al Qaeda esté detrás de los atentados del 11-M, ya que aquí solo tenemos a delincuentes comunes, confidentes y traficantes de drogas y, aunque esta red terrorista está en todos los sitios, en este proceso hay serias dudas de que esté la red de Al Qaeda y el elemento fundamental es que Osama Bin Laden no ha sido procesado".
"Era prácticamente imposible que sólo los que se sientan en el banquillo tuvieran infraestructura para cometer el mayor atentado que se ha dado en Europa", recalcó el letrado al señalar, no obstante, que hay pruebas para condenar a los acusados en este juicio.
El letrado puso en duda varias de las pruebas del proceso, como la furgoneta Renault Kangoo localizada el mismo 11-M en la que se hallaron detonadores y cartuchos de Goma 2 Eco o el vehículo Skoda Fabia que se encontró en junio de 2004 y en el que aparecieron restos de ADN de uno de los suicidas del piso de Leganés, Allekema Lamari, y del huido Mohamed Afalah.
En cuanto a la teoría de la contaminación, la Goma 2 EC, explicó que se utiliza sin nitroglicerina desde 2002 y que la contaminación en fábrica “ha sido descartada y desacreditada. Se ha evitado hablar de tytadine, porque parece ser que ello equivale a decir ETA”.
El abogado ha anunciado que no cree que en los trenes estallara Goma 2 ECO y de hecho aprecia que existen indicios de que no lo fue. No era un explosivo minero sino un explosivo de gran poder detonante, militar”. Y concluyó su reflexión, asegurando que se pudieron usar mercenarios por el tipo de explosivo que se llegó a utilizar.
La acusación ha retirado los cargos contra Jamal Zougam, pues “las identificaciones que se hacen contra él no son suficientemente claras y no se puede elegir la identificación que más nos guste”.
La instrucción de la causa, acusó, ha llevado a presentar diversas causas de nulidad, sobre todo la del abuso del secreto del sumario, “pues la instrucción ha sido dirigida en una línea concreta y los escritos de solicitud de prueba eran sistemáticamente denegados. No se ha buscado esclarecer la verdad sino probar con la verdad oficial”, sentenció.
Señaló que no cree que esto responda a una "trama policial" pero que se han traído pruebas para "desviar" la investigación y apuntó que alguien debe haberlas puesto.
También comentó que “es raro que personas que no se inmolasen en los trenes, se inmolasen luego en Leganés”.
Además, el letrado respondió al fiscal Carlos Bautista, que acusó a algunas partes de "perecilla procesal", y dijo: "ni hemos tenido el tiempo suficiente ni los medios que el Estado pone a disposición del Ministerio Público y se han traído a la vista las mejores acusaciones y las mejores defensas".
Interrogantes sin respuesta
El abogado de la acusación particular de Isabel Pinto Libramiento, ha calificó de "desacertada" la afirmación del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien culpó de "esquizofrenia procesal" a algunas acusaciones, y dijo que con mayor información a las partes en la instrucción podría haberse evitado ese diagnóstico.
Así consideró que la acusación que hizo Zaragoza durante la exposición del informe final del Ministerio Público "no deja de ser una falta de respeto a las víctimas y al ejercicio profesional de quienes defienden sus intereses".
En su opinión, esa "esquizofrenia procesal" se podría haber evitado con un "tratamiento preventivo" y atribuyó las posibles carencias en el procedimiento a la necesidad de un mayor mecanismo de información a las partes personadas en el proceso.
Este letrado, que mostró su agradecimiento al tribunal y a los funcionarios de la Audiencia Nacional, se adhirió a las conclusiones expuestas por el Ministerio Fiscal y se opuso a todas las cuestiones de nulidad planteadas por las defensas de los 28 acusados.
Discrepó de la calificación fiscal sobre el explosivo que estalló en los trenes porque, según dijo, hay unos interrogantes que han quedado "sin respuesta objetiva", lo que "nos impide llegar a unos resultados concluyentes e indubitados" que concluyan que la Goma 2 Eco haya sido la dinamita que explotó en trenes", tal y como sostiene la Fiscalía.
Denunció que se recogieran tan sólo 23 muestras de los focos de las explosiones con la envergadura que tuvieron los atentados, así como que no se guardaran los trenes hasta antes de comenzar la vista oral y también se refirió al hecho de que no se remitieran esas 23 muestras a la Policía Científica para analizarlas.
Distinto modus operandi
El martes, quincuagésima jornada del juicio por los atentados del 11-M, sirvió para que los representantes legales de las víctimas del 11-M emplearan su exposición de conclusiones definitivas para exaltar la investigación policial que, en su opinión, permitió identificar a los responsables de la masacre, y para agradecer de forma pública su esfuerzo a la Policía y a la Guardia Civil.
Además, dos de las acusaciones particulares criticaron la actuación de algunas partes procesales que han esgrimido el argumento de la implicación de la banda terrorista etarra en el 11-M y el abogado José María Fuster-Fabra, que representa a la acusación particular de Ana Isabel González Pizcos y Otros (socios de la asociación de víctimas presidida por Pilar Manjón), dijo que "flaco favor hacemos a la lucha antiterrorista si mezclamos etarras donde no los hay", "si metemos a ETA donde no está" y "si damos pistas a abogados de ETA sobre cómo poner en tela de juicio informes policiales". consideró que "si metemos a ETA donde no está" se hace un "flaco favor" a la lucha antiterrorista.
Manifestó además que en la lucha antiterrorista va a estar "donde he estado siempre: con la Guardia Civil, con la Policía y hasta las últimas consecuencias".
Fuster-Fabra recordó que, aunque "siempre se ha dicho" que tras los atentados "todos pensamos que era ETA", los "verdaderos expertos tuvieron que tener la duda de que fuera" la banda etarra por el modus operandi empleado para cometer la masacre.
En este sentido explicó que la ETA "nunca jamás" en su historia ha actuado con más de un comando para cometer una acción terrorista y en los atentados de Madrid "parece" que ha habido más de uno.
Subrayó que en este juicio se han producido situaciones "un tanto extrañas y peculiares" y criticó que algunas acusaciones primero hayan acusado y luego hayan atacado "elementos" del proceso.
Se refirió también a la posible existencia de una "cuarta trama" y comparó ese "criterio" con el gol que marcó con la mano el argentino Leo Messi ante el Espanyol en el Camp Nou el pasado 9 de junio y dijo: "pareció bonito pero no lo fue, se hizo con trampa y al final no va a servir para nada".
Sobre los explosivos empleados en el 11-M el letrado consideró que "a efectos de la labor magistral y aplaudida, lejos de toda crítica, de los TEDAX", "carece por completo de trascendencia" el hecho de saber qué dinamita explotó en los trenes y enumeró ocho atentados de ETA en los que no se ha podido determinar el explosivo empleado.
Tras agradecer el trabajo de los compañeros con los que ha representado a la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo y a víctimas particulares de ese colectivo y el de la fiscal Olga Sánchez -a quien le dijo: "lo único que pido es no tenerte nunca en contra como fiscal"-, el abogado expresó su deseo de que "la oscura visión del pino no impida ver el bosque de la justicia".
Almacenamiento conjunto
Una de esas letradas, María Ponte, intervino antes de Fuster-Fabra para exponer la parte relativa a los explosivos de su informe final y aseguró que no se puede garantizar que la Goma 2 EC que se utilizaba en Mina Conchita dejara de contener entre sus componentes nitroglicerina (NG) a partir de 1992 y dijo que hay "al menos" cuatro documentos que lo avalan.
De este modo contradijo la comunicación que el director del informe final de explosivos entregó al tribunal el pasado 30 de mayo, en el que constaba que hasta marzo de 1992 la dinamita Goma 2 EC se fabricaba con NG -también componente del Titadyne (dinamita habitual de ETA)- y a partir de esa fecha dejó de elaborarse con esa sustancia.
Empleó este argumento para defender que la NG que, según algunos de los ocho peritos que realizaron el informe final, apareció en una muestra de los focos de las explosiones se debía a que los terroristas utilizaron Goma 2 ECO y Goma 2 EC para fabricar las bombas que explotaron en los trenes y al juntar ambas dinamitas, sus componentes se mezclaron.
Ponte no descartó tampoco una contaminación en la fabricación o en el almacenamiento entre ambas dinamitas e incluso que se contaminara "en la propia Mina Conchita" y añadió que "La Manjoya", una de las empresas que fabrica este explosivo, tuvo almacenada "conjuntamente" Goma 2 ECO y Goma 2 EC hasta 2005.
Acciones legales contra Díaz de Mera
Posturas similares a la de Fuster Fabra mantuvieron el resto de abogados de víctimas que intervinieron el martes en el juicio. Manuel Murillo calificó la investigación policial que permitió desarticular la célula del 11-M como “un éxito mundial” y puso como ejemplo el atentado de las Torres de Nueva York, donde hasta el momento solo se ha detenido a una sola persona..
Murillo, acusador particular en nombre de Guillermo Pérez Ajates, afirmó que el ex director general de la Policía, Díaz de Mera, "intentó desviar la investigación hacia otros terroristas", algo que, además de ser "moralmente difícil de entender", supone "a nuestro juicio podría haber constituido un delito de encubrimiento de actos terroristas".
Tras anunciar que emprenderá acciones legales contra el eurodiputado del PP, el letrado cargó también contra la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de defender la autoría de ETA para "separar las imágenes de las Azores de las imágenes terribles, tremendas, de los trenes".
Acusó además a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de defender de forma interesada la tesis de una autoría de ETA con la intención de "separar las imágenes de las Azores de las imágenes terribles, tremendas, de los trenes".
El abogado señaló que la AVT se ha esforzado por defender esta vía a lo largo de todo el proceso "y al final nos dice que no hay nada que se parezca a ETA". "Después del 27 de mayo, claro", ironizó, recalcando que una docena de profesionales han certificado que la banda terrorista vasca no intervino en la masacre y que la AVT ha censurado toda una investigación y ha lanzado continúas críticas a la Fiscalía. "Presentar a la Guardia Civil como un elemento conspirador es el mayor ataque a la libertad y al Estado de Derecho desde 1978", remachó para rechazar la 'teoría de la conspiración'.
Murillo dijo, también, que podrían calificarse los hechos como delito de lesa humanidad, siguiendo las directrices del Tribunal Penal Internacional. Perseguir, juzgar y condenar, son las labores del Tribunal. Hay que buscar el diálogo entre religiones; no vale la guerra. La ONU dice que el terrorismo no tiene justificación, como la peste, y que hay que luchar contra él de forma inteligente.
Empiezan las defensas
En la tarde la tarde del martes se inició el turno de intervención de las defensas y el primero en exponer su informe fue el griego Andreas Chalaris (abogado de "El Conejo", para quien la Fiscalía pide 21 años de cárcel), que, tras recordar que "la totalidad" de los acusados condenaron los atentados de Madrid, destacó que los procesados son también "mártires" y "víctimas" del 11-M.
El letrado cuestionó, con un español a veces de difícil comprensión para los oyentes, la muerte de los siete presuntos responsables del 11-M que se suicidaron en el piso de Leganés el 3 de abril de 2004 y manifestó que "una verdad parcial o fraguada es peor que una mentira".
"¿Por qué no habéis hecho una prueba de los pulmones a los señores terroristas para ver si verdaderamente habían respirado botes de gases lacrimógenos?", se preguntó el letrado en alusión a la declaración prestada en la vista por el jefe del Operativo GEO, que explicó que tras derribar la puerta del piso en el que se atrincheraron los terroristas lanzaron gases para hacerles salir.
Según Chalaris, este testigo también manifestó que para detonar la puerta de la vivienda utilizaron 80 gramos de dinamita, lo que, a su juicio, "hubiera sido bastante para derribar el edificio", y añadió que esa dinamita debió "contagiarse" con el explosivo que los suicidas tenían detrás de la puerta por lo que también dudó de los cánticos y gritos que, según el GEO, escucharon después.
"Esto es un saco de pruebas. Es un asco de agujeros, no de agujeros negros", opinó Chalaris que consideró que "una verdad parcial o fraguada es peor que una mentira".
Chalaris se refirió también al informe final del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y lo calificó de "discurso de contenido político" y dijo no entender el porqué de acusar de "esquizofrenia procesal" la actuación de ciertas partes cuando "no ha hecho alguna alusión hacia la actuación de su propio órgano".
Críticas hacia algunas acusaciones
No obstante coincidió con el fiscal jefe en criticar la labor de algunas acusaciones que, en su opinión, "han confundido" su papel en el juicio y señaló que durante la celebración de la vista "existía un determinado estatus, desde luego, político" y precisó que se refería a la "famosa tregua" de ETA.
"Una vez que dicho estatus ha cambiado... Lo digo con toda sinceridad, el que quiera entender que entienda", subrayó el letrado en alusión a la modificación de penas solicitadas por algunas acusaciones, variando lo que reclamaban para los acusados cuando comenzó la vista -con el alto el fuego permanente de ETA en vigor- con lo que han solicitado finalmente, tras el anuncio del fin del alto el fuego el pasado 5 de junio.
"Esto se llama parafernalia procesal, es decir, en este sentido, el Ministerio Fiscal se ha quedado corto", agregó.
Respecto al 11-M, el letrado dijo que "no hay la menor duda" de que fue cometido por una banda armada, pero "no se ha demostrado que dicha banda actuó bajo las premisas de la religión islamista" y añadió que tampoco ha quedado probado que los acusados formasen una banda y mucho menos que su cliente tuviera algún "vínculo material o espiritual" con alguno de los miembros de esa supuesta banda.
Sin embargo, añadió, sí se ha demostrado la participación de los confidentes policiales "en el sentido que sea, activo o pasivo", por lo que consideró que la Policía "tiene su grado de responsabilidad en los presentes autos".
Explicó que las acusaciones que pesan sobre su patrocinado se deben a lo manifestado por los coimputados Rafá Zouhier, ex confidente de la Guardia Civil, y el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, y destacó que las declaraciones de estos son "simplemente declaraciones fraguadas".
Además, mostró su sorpresa por el título de "lugarteniente" de "El Chino" que le atribuyen a su patrocinado, lo que calificó de "inapropiado", y subrayó que Aglif no estuvo en los escenarios (piso Leganés, finca de Chinchón...) supuestamente utilizados por la banda".
No sabía lo que cargaba
Carmen Pérez Calero, defensora de defensa de Sergio Álvarez, acusado de transportar hasta Madrid parte de los explosivos del 11-M, ha señalado que su defendido desconocía que la bolsa que transportó por encargo del acusado José Emilio Suárez Trashorras y entregó a Jamal Ahmidan, alias "El Chino" el 5 de enero de 2004, pudiera contener explosivos. "Nunca supo lo que transportó", afirmó la letrada, que resaltó que "sin saber y sin querer es imposible que hubiera podido prever el riesgo y evitarlo".
En opinión de su letrada el acusado "fue utilizado por Suárez Trashorras". Recordó que según las declaraciones de varios testigos a lo largo del juicio Alvarez era "un machaca, un pringado, un pipo como dicen en Avilés".
Nunca supo lo que transportó", recalcó la abogada, que subrayó que "amén de su juventud -tenía 23 años cuando ocurrieron los hechos- y sus características difícilmente le pueden relacionar con un atentado de corte islamista".
Finalmente, Santiago Tejero, abogado defensor de Javier Gonzalez, pedía la libre absolución de su defendido y la condena en costas de aquellas acusaciones que han mantenido la petición de prisión en su contra "de forma injusta" a pesar de la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía que consideró en sus calificaciones definitivas que no existían suficientes pruebas en su contra.
Las “cloacas del Estado”
El abogado defensor de Basel Ghalyoun, José Luis Abascal, anunciaba el miércoles, durante la quincuagésima primera jornada del juicio por el 11-M que comulga con la existencia de una “cuarta trama que ha colocado pruebas falsas”, al tiempo que denunciaba que "alguien frenó la investigación" del 11-M, lo que ha provocado indefensión en los acusados, y que, al igual que hace años ocurrió con el "caso de la colza", en este proceso han estado presentes "intereses espurios" de las "cloacas del Estado".
En este sentido, manifestó que "si ETA tuvo algo que ver con el 11-M, estoy seguro de que lo sabremos en poco tiempo" y añadió que, aunque no sabe si tuvo alguna implicación en la masacre, "los abogados creemos pocos en las casualidades".
Abascal ha considerado que la Fiscalía, que retiró la imputación de Ghalyoun como autor material del 11-M por falta de pruebas, ya que la testigo que lo reconoció en los trenes se retractó en el juicio, y pide ahora para él 12 años de cárcel por pertenencia a banda terrorista, "ha sacado de la nada acusaciones desmedidas" porque no se ha aportado ni una sola novedad acusatoria desde el punto de vista de los hechos.
Negó también la participación del resto de los acusados, de los veintiocho y acusó a la Fiscalía de intentar implicarles en virtud de "oscuros intereses generales e hizo referencia al conocido como juicio de la colza, sobre el que afirmó que no se pueden "tapar los crímenes con aceite o Goma 2" porque "al final pagamos siempre los mismos".
Abascal señaló que los atentados de corte islamista se caracterizan por que quienes los perpetran suelen estar en contacto con Al Qaeda y por la presencia de terroristas suicidas en los lugares que atacan, lo que, según dijo, no ocurrió en el 11-M, ya que "en 2004 ningún procesado tuvo contactos con Osama Bin Laden ni con nadie" de la red terrorista.
Para el defensor, la instrucción de este caso es “una novela histórica de ficción en la que Virgen del Coro (nombre de la calle en la que estaba la vivienda de algunos de los procesados) es Bin Laden” y explicó que los procesados “durante todo este tiempo han tenido la misma persecución que los negros en la Alabama de los años cincuenta” e, incluso llegó a preguntar si esta situación podría calificarse de `limbo jurídico’ como el de Guantánamo”.
Tras pedir la nulidad de las actuaciones por, entre otros motivos, el secreto de la causa, que ha provocado que el proceso adolezca de "una grave enfermedad, como si sufriera un cáncer con metástasis", Abascal consideró que el único silencio es el de la instrucción, y dijo: "es evidente que alguien frenó la investigación, que alguien no quiso investigar más y provocó una enorme indefensión a los acusados".
Pide más medios humanos y técnicos
Comentó que las pruebas relacionadas con la dinamita utilizada en la mayor tragedia de la historia de España merece "más medios humanos y técnicos que una sola perita química de los TEDAX" y dijo que nadie ha podido explicar "y a todos nos parece insólito" la forma en que se ha apartado a la Policía Científica de la investigación.
Afirmó que el análisis sobre los explosivos "no ha aclarado nada, lo cual es , responsabilidad tanto de la instrucción como de la Fiscalía”. "La responsabilidad de que no existan muestras que analizar, de que no existan trenes, de que se hallan quemado efectos personales corresponde a la instrucción y a la Fiscalía y no pueden trasladarla a nadie", aseguró.
Sobre el gorro con huellas de Ghalyoun hallado entre los escombros del piso de Leganés, Abascal justificó su presencia en esa vivienda porque el suicida Rifaat Anouar lo cogió junto a otros objetos del local de la calle Virgen del Coro, donde residía Basel con otros acusados, y recalcó que allí no se hallaron más huellas.
Recordó además, durante las más de dos horas que duró su exposición, la declaración que prestó el inspector jefe de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Policía, quien manifestó que su cliente, al que definió como "simplemente un musulmán practicante", no conocía al suicida Serhane Ben Abdelmajid, "El Tunecino", y que "no seguía sus pasos ni sus órdenes".
Víctimas de la situación
La defensa del acusado Raúl González, "El Rulo", aseguró que la declaración inculpatoria del coimputado Iván Granados tiene "valor cero", porque este procesado reconoció en el juicio que dijo a la Guardia Civil que "El Rulo" era quién facilitaba los explosivos a Emilio Suárez Trashorras a cambio de una "pizza" y porque "le ponían en la calle".
Zulueta, durante la exposición de su informe final con el que intentó demostrar que "no hay prueba de cargo suficiente" para condenar a su cliente, compañero del ex minero Trashorras en Mina Conchita, para quien el fiscal pide 8 años de cárcel por asociación ilícita y por suministro de explosivos, sentenció que "no sé si están todos los que son. Lo que sí sé es que todos los que están no son".
El letrado dijo que todas las partes están de acuerdo en unas premisas básicas: "que fue un grupo yihadista, que cometió los atentados con explosivos de Mina Conchita, que intentó atentar contra el AVE y que los miembros del juicio se suicidaron en Leganés". Por eso, añadió que "falta la intervención de las veintiocho personas que están acusadas", y destacó, que los acusados "se sienten víctimas de esta situación, pero se les ha hecho ver que hay otras personas que sienten un dolor mayor que el suyo y que también buscan la verdad". "Queremos encontrar esa verdad porque puede ayudar a la absolución de nuestros clientes y también mitigar el dolor que ellos sufren", destacó.
Zulueta recordó que Raúl González dejó de trabajar en Mina Conchita el 7 de diciembre de 2003 y comenzó a hacerlo en Mina Collada, una explotación "con más seguridad" que la primera, por lo que era "imposible" que sustrajera la dinamita para Trashorras, que supuestamente se la facilitó a la célula que perpetró la masacre entre enero y febrero de 2004.
Se refirió, a continuación, a los confidentes policiales y manifestó que tras escuchar los testimonios de los controladores de los acusados Rafá Zouhier y Suárez Trashorras -el alférez Víctor de la Guardia Civil y el ex jefe de estupefacientes de la Comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez, "Manolón", respectivamente- ha quedado constancia de que las Fuerzas de Seguridad "iban un paso por detrás" y de que "ha mentido mucha gente".
El letrado relató que se debía haber deducido testimonio a más personas que al ex director general de la Policía, a quien se le abrió un procedimiento por negarse a revelar la identidad de la persona que dijo haberle hablado de la supuesta vinculación de ETA con el 11-M, al menos en lo que se refiere a "la trama asturiana", agregó.
Un mal estudiante
Por su parte, la defensa del acusado Fouad El Morabit, Eva Aragón, consideró que la mayoría de las imputaciones que se han vertido sobre su cliente han sido "gratuitas" y ponen de manifiesto una "grave ligereza al acusar" por parte de algunas acusaciones, lo que calificó de "imprudente y no de malicioso".
"Ha habido una batería de acusaciones, como un verbena, a ver quién acusa más", sostuvo la letrada, Aragón, quien resaltó, que a pesar de que a lo largo del juicio se ha dicho que su cliente es muy inteligente y culto "no es una persona del otro mundo". Le calificó como alguien "normal y corriente" con intención de descartar que pudiera ocupar en el grupo terrorista islamista que llevó a cabo los atentados un papel de ideólogo.
"Es incluso un mal estudiante", destacó la letrada que añadió que lo que sí es El Morabit es "un hombre que siente, padece, sufre". "De ninguna forma ese cristal de la mampara le ha protegido de la batería de acusaciones que se han vertido contra él, la mayoría de ellas gratuitas", apostilló.
"Ni siquiera la gravedad de los hechos justifica la actitud de las acusaciones, la que califico de imprudente y no de maliciosa", agregó.
Aseveró, la letrada, que si su cliente hubiera tenido importantes relaciones internacionales en Londres, Bélgica u otros países extranjero "hubiera intentado darse a la fuga después de su detención, ya que le arrestaron y le pusieron nuevamente en libertad en dos ocasiones. "Si esa red existiera y el hubiera ostentado la comandancia hubiera huido", afirmó.
Sobrino de Belhadj
El letrado del acusado Mohamed Moussaten, Miguel García Pajuelo, ha asegurado que "todo el elemento de imputación" que existe contra su cliente "queda reducido" a que es sobrino de Youssef Belhadj, uno de los supuestos ideólogos del 11-M, que también se sienta en el banquillo de los procesados.
García Pajuelo reclamó la absolución de Moussaten, para quien la Fiscalía solicita seis años de cárcel por colaboración con organización terrorista y cuyo hermano, Brahim, fue absuelto por el tribunal al retirar las acusaciones que había contra el.
"Todo el elemento de imputación queda reducido a que Mohamed es sobrino de Youssef Belhadj. Ese es el único motivo de imputación", recalcó el letrado al señalar que no ha quedado probado que su cliente haya colaborado con una banda terrorista o que integre una asociación terrorista.
Explicó que los hechos que le imputa la Fiscalía y las acusaciones se basan en un informe de la Dirección General de la Policía que se argumenta en "pruebas que no tienen consistencia" ya que, según dijo, son datos de cuando se estaban realizando las primeras investigaciones de los atentados.
El letrado pidió la nulidad del interrogatorio al que fue sometido su cliente tras ser detenido el 1 de febrero de 2005, durante el cual, según el abogado, se produjeron abusos y malos tratos de los funcionarios policiales, que amenazaron a Moussaten para obligarle a declarar inculpando a su tío Youssef.
Denunció que Mohamed, que tenía 19 años cuando fue detenido, fue presionado y amenazado durante el interrogatorio y que incluso le llegaron a advertir de que "le cortarían las manos, le enviarían a Marruecos o se pasaría cuarenta años en la cárcel", si no decía lo que ellos le indicaban.
"Hubo un uso abusivo de la legislación y una lesión de los derechos fundamentales de la persona", destacó García Pajuelo, que agregó que, "con todo esto, queda argumentada que toda la declaración de Mohamed Moussaten queda viciada por la actuación de la Policía que le indica qué es lo que tiene que declarar".
Rechazo de pruebas
En la exposición de sus conclusiones, en la quincuagésimo segunda jornada del Juicio por los atentados del 11-M, el abogado defensor del ex minero José Emilio Suárez Trashorras, Gerardo Turiel, ha insistido en la falta de pruebas contra su cliente, sobretodo porque nadie les han dicho qué estalló en los trenes, que tipo de dinamita, y a ellos no les da igual si fue Goma 2 eco o no, como dijo la fiscal Olga Sánchez.
Turiel ha indicado en la exposición de sus conclusiones ante el tribunal del 11-M que ni a él ni a su cliente les da igual el tipo de dinamita que se utilizó en los trenes de cercanías ya que "mientras no se diga cual es no se puede a acusar a este señor de nada menos que de 192 asesinatos", por los que se piden 40.000 años de cárcel para él.
El abogado ha indicado que la actitud del Ministerio Público durante el proceso le ha recordado en diversas ocasiones "la vieja norma inquisitorial". Así, ha señalado que "nunca" se ha sentido "tan vapuleado" como en determinados momentos de la causa y ha recordado que, al igual que sucedía con la Inquisición, su cliente no supo durante un largo periodo de tiempo los motivos por los que se le acusaba y de qué se le acusaba.
Sobre la detención de Trashorras se preguntó: “¿cómo que detención?... pero si fue una conversación voluntaria... A Emilio le bajaron a Madrid para que identificase la casa de Morata; no lo llevaron a la comisaría ni ante el juez. Es una corruptela procesal. Se informó de que Emilio había avisado de sus sospechas sobre los ‘moritos’. También, Parrilla informó de las sospechas que Emilio trasladó a Manolón el propio día 11-M; le dijo que habían sido los moros y Manolón dijo no, hombre, no, han sido los de ETA. Pero esta acusación no va a entrar en este juego”.
“Al sumario se aportaron una serie de informes, que en su mayoría son atestados, y los defensores no los vieron; pero es que, y esto no es baladí, los informes se pretenden convertir en periciales. Esto no es baladí porque la naturaleza del atestado es una y la del atestado otra”, ha señalado.
“No me cuele” que la opinión de un policía es la de un experto, dijo Turiel, para añadir que “un perito que declaró sobre tarjetas de peajes dijo que sabía de ello porque era licenciado universitario. Esto no es un formalismo, sino una actuación que tiene importante trascendencia procesal. Esas falsas periciales, no tienen el valor jurídico procesal que se les ha querido dar”, ha sentenciado.
"No hacía falta Emilio para que 'El Chino' recogiera dinamita y además tampoco sabía que era un terrorista", recalcó el letrado, tras hacer referencia a un informe policial en el que, según leyó, se indicaba que "cualquiera puede coger la dinamita que quiera".
Turiel ha rebatido la acusación de cooperación necesaria en los atentados presentada contra su cliente, argumentando que aún si se llega a suponer que "participó y colaboró diciendo al Chino que allí (en mina Conchita) había" dinamita, él no la cogió.
Turiel insistió en que lo que transportaron los "chavales" en enero de 2004 era hachís, un negocio que, según apuntó, Trashorras había "discutido" con el suicida Jamal Ahmidan, "el Chino" en la reunión que mantuvieron en octubre de 2003 en el Mc'Donalds de Carabanchel, en la que también estuvieron presentes, entre otros, los acusados Rafá Zouhier, Rachid Aglif, "El Conejo" y Carmen Toro.
El propio Trashorras reconoció en el juicio que en ese encuentro fue la "primera vez" que habló de hachís con "El Chino" y concretaron los viajes desde Asturias a Madrid, aunque también declaró que le preguntaron "si podía conseguir explosivos", si bien no especificó si se lo dijo Zouhier, Aglif o "El Chino".
Turiel explicó que “los periódicos dicen lo que dicen y no tenemos que olvidarnos de ese mundo social porque todos formamos parte de él; pero los periódicos no pueden dictar sentencia. No podemos convertir a los peritos y a la prensa en jueces apodícticos. Se ha vuelto a poner de moda la doctrina del derecho penal del enemigo. El profesor García Martín, catedrático de la universidad de Zaragoza, ha puesto de manifiesto cómo en todas las sociedades de derecho moderno se ha producido alguna situación de Derecho Penal del enemigo”.
El letrado indicó que todas las sociedades "necesitan un enemigo" y es característico que entre el enemigo y la sociedad "siempre haya un nexo: el traidor", que en este caso sería su cliente. "Por descontado la sociedad moderna no mata al enemigo, se conforma con que vaya cuarenta mil años a la cárcel".
Una deuda de la sociedad
El abogado defensor de Rafá Zouhier, Antonio Alberca, afirmó el viernes, durante la celebración de la jornada quincuagésima tercera del juicio por el 11-M, que no es su cliente quién tiene una deuda con la sociedad, sino la sociedad con él, ya que dijo que "gracias a personas como Rafá, podemos dormir tranquilos".
Alberca, durante la exposición de sus alegatos para intentar demostrar la inocencia del ex confidente de la Guardia Civil, para quien el fiscal pide 38.958 años, aseguró que su cliente "no es un delincuente" sino un confidente policial, condición que definió como "leales servidores, auxiliares de la Policía", y mantuvo que lo único que hizo en todo momento es colaborar y facilitar informaciones, a las que la Guardia Civil no dio la importancia que tenían.
"Rafa Zouhier siempre estuvo al lado de lo que él creía era la ley", dijo Alberca que comentó que parece que se espera que Zouhier hubiera informado también sobre cosas que no conocía. "Rafa solo es un confidente, no un mentalista, un telépata o un adivino".
"En este procedimiento hay que ser 'superinocente' porque ser inocente no basta", señalaba Alberca parafraseando a su patrocinado -que se declaró "superinocente" de los hechos que se le imputan cuando declaró en la vista oral- al destacar que no hay pruebas que demuestren que Zouhier fue "determinante" para obtener los explosivos empleados del 11-M.
El abogado destacó que Zouhier "siempre que ha tenido una información, que ha dado en tiempo real a sus controladores y ha cumplido". Y también ha señalado que “su cliente también sería esquizofrénico como Suárez Trashorras si en primer lugar hubiera denunciado que Toro y Trashorras traficaban con explosivos, luego se hubiera puesto a traficar con ellos, después hubiera participado en la comisión del atentado y por último lo hubiera denunciado”.
"Se ha tratado de fabricar pruebas para implicarle como sea en estos hechos", ha dicho el letrado al sostener que su cliente no intervino "en ningún momento" entre el ex minero José Emilio Suárez Trashorras y Jamal Ahmidan, El Chino, jefe del comando terrorista.
Restos viciados
El abogado ha defendido que el explosivo utilizado en los trenes fue Titadyne y puso en tela de juicio la validez de las muestras localizadas tanto en la conocida como mochila de Vallecas como en la furgoneta Renault Kangoo que fue abandonada en Alcalá de Henares.
El letrado ha destacado que los restos recogidos "están viciados" ya que fueron lavados con agua y acetona y es imposible saber si contenían "más componentes" que los que se han localizado en las nuevas pruebas realizadas. Ha señalado que la única muestra que reviste alguna fiabilidad es el polvo de extintor del tren de El Pozo, que no recibió este tratamiento. Además, ha recordado que a su defendido se le ha acusado "de traficar con Goma 2 ECO".
En cuanto a la acusación de colaboración con banda armada, el abogado se preguntó: "¿pero que banda armada?, si Rafá ni siquiera sabía que Jamal Ahmidan era integrista, si sólo sabe de juergas y la única banda armada que conoce es la Benemérita".
Y añadió que "en este procedimiento hay que ser 'superinocente' porque ser inocente no basta", parafraseando así al propio Zouhier, que se declaró "superinocente" de los hechos que se le imputan cuando declaró en la vista oral.
Mentiras perjudiciales
El abogado de Antonio Toro, Juan Carlos Herranz, afirmó que en esta causa "no hay ningún dato concreto" que afecte a su cliente directamente, nada que lo relacione con el suministro de explosivos a los terroristas, salvo su vínculo con Emilio Suárez Trashorras.
Herranz, aseguró que su cliente "ha sido víctima del empeño de algunos de meter a ETA" en este asunto, y dijo que todos los testigos que declararon en el juicio que Toro tenía relación con la banda etarra, han mentido.
Entre esos testigos ha citado a un agente que declaró que el presunto narcotraficante Jose Ignacio Fernández Díaz, alias "Nayo", le había contado que Toro y Trashorras alardeaban de relacionarse con ETA, y se mostró convencido de que este testigo faltó a la verdad con la intención de meter a ETA en el tema de los atentados, y lo hizo "perjudicando a mi defendido".
El letrado ha pedido la absolución de su cliente, para quién el fiscal solicita 23 años de cárcel por colaboración con organización terrorista, asociación ilícita y cooperador necesario en el suministro de explosivos a la célula terrorista del 11-M.
El letrado admitió, en la exposición de su informe ante la sala, que su cliente recibió una llamada de Rafa Zouhier después de su estancia juntos en la prisión asturiana de Villabona durante la cual el acusado se interesó por la forma de acceder a explosivos y que Toro envió entonces a Zouhier a su cuñado José Emilio Suárez Trashorras.
"Es cierto en parte que tras el verano Rafa llama a Toro preguntando por explosivos y este le remite a Trashorras", dijo. Justificó no obstante este hecho y dijo que Toro se limitó a quitarse a Zouhier de encima. "Simplemente dijo: 'déjame en paz y si acaso vete a éste'", explicó.
Sin las mínimas garantías
Según la Fiscalía, Hamid Ahmidan, para el que pide 23 años de prisión, ayudó a financiar los atentados a través del dinero procedente del tráfico de drogas.
Respecto ésta acusación, el abogado se quejó de que el registro que se efectuó en el domicilio de su cliente, donde la Policía encontró hachís y éxtasis, además de 19.000 euros, no contó con las mínimas garantías de contradicción de la prueba, ya que Hamid Ahmidan no estaba presente porque ya estaba detenido.
Una mujer resentida
La defensa del acusado Mouhannad Almallah Dabas, Jesús Andujar, sostuvo que su cliente está sentado en el banquillo "solamente" por conocer a algunos de los procesados y como consecuencia de las declaraciones de su ex pareja, la que, según dijo, "se mueve por el odio personal hacia su marido".
Rechazó que su cliente perteneciera a una célula terrorista y destacó que la principal prueba en su contra sus las declaraciones de una antigua pareja sentimental, con la que tiene un hijo, y que se limitó a "confabular contra él por venganza" ya que se trataba de "una mujer despechada".
"No hay mayor fuerza destructiva que la de una mujer resentida", manifestó el letrado Jesús Andujar en la jornada quincuagésima tercera del juicio por el 11-M durante la exposición de su informe final sobre Almallah Dabas, que se enfrenta a una petición de pena del fiscal de 12 años de cárcel por pertenencia a banda armada.
Otra de las pruebas que rebatió el letrado fueron los dos viajes que realizó a Londres su cliente, ya que, explicó, que allí vivía su hermano Moutaz, imputado por el 11-M, al que acudía a visitar "siempre en festividades islámicas" y no porque fuera "el brazo derecho" del líder de Al Qaeda en Europa, tal y como sostiene la Fiscalía.
Denunció que la instrucción de este proceso se ha construido a base de "fábulas, fábulas, fábulas" pero destacó que "lo cierto" es que "ningún testigo ha dicho que mi cliente sea radical o tenga ideas radicales".
"Tiene un problema con las mujeres, que le gustan mucho", consideró el letrado que concluyó diciendo: "el único delito que ha cometido mi cliente es ser el casero (del local de la calle de Virgen del Coro)".
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